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La Cámara de Senadores aprobó anoche y envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo para el pago local de la deuda externa con los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010, tras un extenso debate que se duró más de nueve horas. La iniciativa fue aprobada por 39 votos del oficialismo a favor y 27 en contra de la oposición, con dos abstenciones de los integrantes de UNEN Fernando “Pino” Solanas y de Magdalena Odarda. Se propone declarar de interés público la reestructuración de la deuda 2005-2010 y el pago soberano local, que comprenda al cien por ciento de los Tenedores de Títulos Públicos de la República Argentina, en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables.

El proyecto, en su artículo séptimo, suma a Francia como posible lugar de pago a los bonistas que así lo requieran, además de la plaza local. La iniciativa también crea en el ámbito del Congreso, una Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Externa de la Nación.
Este último artículo fue introducido hoy al proyecto original y fue anunciado al pleno por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, Aníbal Fernández.

La Comisión Bicameral tendrá por finalidad investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior de la República Argentina desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha, incluidas sus renegociaciones, refinanciaciones, canjes, megacanjes, blindajes y los respectivos pagos de comisiones, default y reestructuraciones.

Por otro lado, el proyecto también introduce la posibilidad de que los tenedores de títulos de la deuda argentina puedan optar por solicitar un cambio en la legislación y jurisdicción aplicable a sus títulos. Argentina podrá instrumentar un canje por nuevos títulos públicos regidos por legislación y jurisdicción local o por “legislación y jurisdicción de la República Francesa”.

El comienzo de la sesión

El oficialismo esperaba discutir en primer lugar el proyecto de pago de la deuda que fue presentado ante la Cámara alta por el ministro de Economía, Axel Kicillof y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini la semana pasada. Sin embargo, por casi dos horas el debate giró en torno a la situación judicial del vicepresidente Amado Boudou, que preside la sesión especial.

El recinto se llenó de comentarios, algunos insultos y un bullicio generalizado cuando la senadora Norma Morandini dramatizó las acusaciones por presunta corrupción al vicepresidente e interpuso una metáfora: "Yo le pregunto si usted mandaría a sus hijos a una escuela cuyo director está acusado de abuso". Gran parte del cuerpo se alzó contra las declaraciones de la senadora, que terminó teniendo que aclarar que se refería a un "abuso a la institución".

El pleno aprobó primero una modificación a la ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para reducir los impuestos a los medios de comunicación gráficos, el acuerdo para el nombramiento de magistrados en tribunales de todo el país y el recambio de los soldados del Ejército Argentino que cumplen una misión de paz en Haití.

El senador Aníbal Fernández recién pudo presentar dos horas después del inicio, el proyecto de ley por el que se convocó a la sesión, y calidad de "miembro informante", que introdujo el proyecto y sus fundamentos al pleno del Senado, anunció algunos cambios en la iniciativa. La principal fue  la creación de una comisión bicameral para investigar, en el marco de 180 días los orígenes y el desarrollo de la deuda externa desde el 24 de marzo de 1976. La propuesta fue bien recibida, a priori, por varios de los senadores que se niegan a convalidar el proyecto de ley por el origen ilegítimo de parte de la deuda externa.

En su intervención, el senador repasó los orígenes de la deuda externa de la Argentina y el trámite judicial del litigio que el país mantiene contra los fondos buitre ante los tribunales de Nueva York. Recordó que cuando sucedió el golpe de Estado que instauró la última dictadura militar, la deuda externa del país apenas llegaba a los 8 mil millones de dólares, contra los más de 40 que dejó al culminar "su paso de muerte y latrocinio", siete años después. Cuestionó la resolución del Poder Judicial de estadounidense y se refirió al plan de los fondos buitre, que es "atacar la moneda, atacar al Gobierno, bloquear los pagos, el acceso al crédito  y esperar al nuevo Gobierno (de 2015) que les diga que sí a la usura que pretenden”. Agregó: "Ya tienen algunos candidatos", en forma de advertencia.

"Argentina nunca le sacó el cuerpo a la voluntad de encontrar resolución a este conflicto", sostuvo. Resaltó que el 92,4 por ciento de los acreedores de la Argentina ingresaron a la reestructuración que tuvo lugar a través de los canjes de 2005 y 2010. Y afirmó que la decisión de juez neoyorquino Thomas Griesa es "irracional e ilegal" e impide a los bonistas hacerse de los pagos que el país realizó debidamente el 26 de junio pasado.

Aclaró que "no hay cambio de jurisdicción ni de domicilio de pago, ni el contrato" en el proyecto, sino que se autoriza al ministro de Economía a remover el agente fiduciario, y se ofrece a los bonistas que ingresaron a los canjes la posibilidad de cobrar a través de Nación Fideicomisos. El Banco Mellon de Nueva York ya no cumple con las condiciones para ser agente fiduciario al no tener autorización para operar en la plaza local.

Trajo a colación el respaldo de cientos de especialistas de todo el mundo a la posición argentina, y aclaró: "No como algunos que pasaron por acá" (la semana pasada, en el plenario de comisiones). Se refirió al caso del economista Gabriel Rubinstein, que una vez que criticó el accionar del gobierno, fue invitado a presentar una propuesta. Fernández la recibió por correo anoche, y de tan irrazonable que la encontró, ironizó: "La presentación es de Cartoon Network, presidente". Ofuscado, anticipó que lo difundirá para que cada uno "saque conclusiones, porque nos toman por idiotas".

También analizó el proyecto del Frente Renovador, que calificó como "una estafa, una burla" y dejó de lado al diputado Darío Giustozzi porque "hay que perdonarlo, no sabe de lo que habla". Explicó que "el capítulo segundo está escrito por los buitres, les han cedido la computadora, 'correte un cachito que me siento yo'", porque envía al Poder Ejecutivo a negociar con Griesa "para garantizarle a los buitres que van a cobrar". De esa forma, el un proyecto violaría la cláusula RUFO y arrastraría al país a nuevos litigios por cientos de miles de millones de dólares. "Es un despropósito", resumió.

El debate

Fernández explicó que el proyecto de ley a debatir incorpora un depósito de lo correspondiente para el 7,6 por ciento de los acreedores que no ingresaron a los canjes hasta ahora: si ingresaran, podrían acceder a los pagos en la misma forma que lo han hecho los que sí accedieron a la reestructuración de deuda y cobrarían el retroactivo correspondiente a los pagos ya realizados. Ratificó que "si no votan este proyecto, acompañan la gestión de Griesa", como había expresado el ministro de Economía, Axel Kicillof, en el plenario de comisiones de la semana pasada.

"Nos han deseado suerte", resaltó sorprendido el ex ministro de Justicia y del Interior, y espetó que "no es cuestión de suerte, sino de gestión". Resumió que "este proyecto es la solución a los problemas de los argentinos con la deuda en forma definitiva", y concluyó: "Es momento de tomar definiciones, y nosotros vamos a votar esta ley".

Marcelo Fuentes condenó las palabras del ex funcionario radical y economista Javier González Fraga, que "amenazó con una salida anticipada del gobierno si no se resuelve la escasez de dólares" y que anunció que "no descarta nada" sobre lpo que puede sucederle al país si no salda rápidamente el conflicto con los buitres.

Laura Montero, senadora radical por Mendoza, relató lo que "tendrían que haber" hecho los funcionarios del Gobierno Nacional, con mucha seguridad. Enumeró una serie de mandamientos amplios como "haber buscado los consensos necesarios" para "resolver la cuestión de la deuda", pero no concluyó ninguna propuesta formal. Sin embargo, evaluó que con este proyecto, "vienen a pedirnos soluciones y a echarnos en cara esto cuando ya están con la guillotina en la cabeza", asumiendo que el litigio con los fondos especulativos le atañe y perjudica al Gobierno, y no al Estado y a todo el país.

El ruralista Alfredo De Ángeli pidió una "cuestión de privilegio" para expresar que se sintió agraviado por las palabras de Kicillof, cuando afirmó que si el Congreso no acompaña este proyecto de ley, se convertirá en una escribanía del juzgado de Griesa. Contra todo lo que señalaron sus colegas, que se refirieron a una cuestión de deuda soberana de un Estado, planteó como algo curioso que "un problema político comercial pasó a ser judicial".

Fernando "Pino" Solanas, el socialista bonaerense Jaime Linares y el radical correntino Nito Artaza, saludaron la propuesta de creación de una bicameral investigadora del origen y el desarrollo de la deuda externa desde el comienzo de la dictadura, uno de los aspectos principales por los que se oponían desde el comienzo, pero no anticiparon que fueran a acompañar el proyecto.

El mendocino Ernesto Sanz sostuvo que "no es una disputa entre patria o buitres", y le restó importancia al litigio con los fondos especulativos. Planteó que "quien vino a pedir esto no es el Estado, es un Gobierno desesperado por encontrar aval político donde no encuentra rigor técnico". Y aseguró que la UCR "acompaña al Estado, pero no al Gobierno".