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Los proyectos de ley de regulación de las relaciones del consumo, anunciados por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y el secretario de Justicia, Julián Álvarez, fueron elogiados por personalidades de la política nacional, y por representantes de asociaciones de consumidores. Proponen desde el aumento de multas a las empresas que incurran en prácticas abusivas o competencia desleal, hasta la creación de un fuero especializado para las “relaciones de consumo”. La presidenta los envió ayer al Congreso.

Las propuestas surgieron para proteger al consumidor de los abusos “de los sectores concentrados, oligopólicos y monopólicos”. Se propuso desde elevar las multas a las empresas hasta crear un nuevo fuero especializado en la Justicia Nacional, entre otras medidas. Se buscará que los reclamos de los consumidores puedan canalizarse en forma efectiva a través de un mecanismo de conciliación, o mediante una vía judicial inmediata.

Julián Álvarez: El secretario de Justicia de la Nación resumió durante el anuncio que “así como Perón creó la justicia para el trabajador, Cristina está creando hoy una justicia del consumidor”. Señaló que “los consumidores son los nuevos vulnerables del siglo XXI”, y afirmó que actualmente “el sistema de reclamos es frustrante”, ya que en el 90 por ciento de los casos “no se soluciona el contacto”. Aseguró que esta nueva justicia del consumidor, “será la más rápida de la Argentina, sin chicanas, con nuevos métodos y con una simple denuncia”.

Jorge Capitanich: El jefe de Gabinete de Ministros celebró la propuesta de que los empresarios “paguen y después reclamen” las multas y sanciones que se le impongan por incurrir en prácticas abusivas o de competencia desleal. Consideró que los tres proyectos buscan “un incentivo para que los reclamos de los consumidores sean resueltos rápidamente y en base al principio esencial de que ‘duda a favor del consumidor’”.  Agregó que “es muy importante en virtud de la oralidad, la simplificación, la rapidez y la eficiencia en el procedimiento”.

Augusto Costa: El secretario de Comercio aseguró que con los proyectos se busca “darle más herramientas a los consumidores cuando están desprotegidos”. Explicó que “hoy no existe una situación donde ante un reclamo insatisfecho el consumidor pueda sentarse ante la empresa y que se lo cumplan”. Planteó que la decisión política de la presidenta surgió “ante esta situación de desbalance de poder entre los distintos sectores”.

Juan Cabandié: El vicepresidente de la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados destacó que “este paquete de leyes busca proteger a consumidores y usuarios” porque “la conciliación obligatoria va a acelerar los procesos y obligará a la empresa a asistir para lograr un acuerdo y reparar el daño al consumidor”. Expresó que “el Estado no tenía instrumentos para ofrecer una protección efectiva hacia usuarios y consumidores”. Recordó que “todos somos consumidores” y opinó que estas medidas “mejorarán la calidad de vida de los ciudadanos”.

Héctor Polino: El ex diputado nacional y representante legal de Consumidores Libres pidió que los proyectos “se aprueben rápido en el Congreso”, y que “se elijan con celeridad” los ocho jueces y los camaristas que se harán cargo del nuevo fuero del consumidor. Celebró que se introduzca el principio de en caso de duda se esté en favor del consumidor, y “que se incremente el monto de las multas” previstas en la Ley de Abastecimiento. Pidió que la participación de las asociaciones en el Observatorio de precios “sea rotatoria para que puedan participar la mayor cantidad de entidades” y remarcó la importancia de que sea obligatoria la participación de las empresas en la instancia de conciliación.

Miguel Fortuna: El representante del Movimiento en Defensa de los Derechos de los Consumidores, Usuarios y el Medio Ambiente (Modecuma) sostuvo que en su espacio están “totalmente de acuerdo” con las propuestas porque la creación de un fuero del consumidor “es un reclamo histórico que teníamos nosotros”. Opinó que resulta “muy interesante” que no sea voluntaria la presentación de las empresas en la instancia administrativa, y ponderó “que sea compulsiva”, como en el fuero laboral: “Es un gran avance porque evita las maniobras dilatorias de las empresas”.

Claudio Boada: El representante de la Unión de Usuarios y Consumidores dijo que la justicia del consumidor “se convertirá en un instrumento” para resolver sus conflictos por bienes y servicios mal prestados. Explicó que la temática “es de muy alta conflictividad por el incumplimiento de las empresas, y estos centros de conciliación cercanos a la gente permitirán resolver los problemas”. Opinó que las multas “son una presión para que las empresas no se dejen estar”. Celebró que el sistema vaya a tener presencia “en todo el territorio nacional”, y que se apunte a considerar “al consumidor como sujeto de derecho”.

Fernando Blanco Muiño: El titular de la Unión de Consumidores de la Argentina acompañó las iniciativas porque su entidad “está de acuerdo con todo lo que sea la consolidación de los derechos de los usuarios”. Consideró que son “un paso trascendente que le da a los derechos del consumidor una presencia en la administración de justicia que todavía no tenía”. Recordó que el sistema de “pagar y luego reclamar” las multas aplicadas a las empresas ya se aplica en Entre Ríos, y opinó que “hay que distinguir” entre las grandes empresas y las pymes.