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“El trámite es el opio del sistema judicial”, dijo el vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), Alberto  Binder, al inicio de la “Jornada sobre el Código Procesal Penal de la Nación”, que se realizó ayer en Mendoza organizada por Infojus. Esa fue la frase que trazó la línea central por dónde caminó Binder para plantear la necesidad de modificar la burocracia que vive dentro del sistema judicial.

“¿Esa idea de opio la vamos a cambiar de un día para otro? Claro que no. Llevará años ya que el trámite, la burocracia, es una matriz histórica muy arraigada en el sistema judicial, está presente y lo estará por bastante tiempo. Pero este nuevo Código es el punto de partida por lo que muchos de nosotros bregamos durante años”, afirmó Binder con el salón de la Universidad de Congreso colmado.

Allí se reunieron autoridades y operadores judiciales para conocer más en detalle al nuevo código, que entrará en acción el año próximo. La mesa de expositores estuvo integrada –además de Binder- por la directora Nacional del Sistema de Información Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Paula Pontoriero; el ministro de la Corte mendocina, Omar Palermo; la diputada nacional Anabel Fernández Sagasti, el fiscal federal de Mendoza, Dante Vega; y la titular del Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (Dicom), Cristina Camaño.

Al presentar el encuentro, Pontoriero señaló que la jornada “intenta reflejar toda la tarea legislativa, técnica y judicial que se ha hecho en torno a la implementación del Código Procesal Penal”. Y destacó el rol del Estado nacional para “trabajar generando distintos canales y vías de conocimiento del Derecho, para que esta implementación, tan anhelada, hoy sea una realidad". Pontoriero enfatizó: “Es necesario que la gente conozca sus derechos. Nuestro rol es el de facilitar el acceso a la información, y estamos recorriendo el país haciendo esto, como parte de una política pública”.

Código a medias

La provincia de Mendoza fue una de las primeras en cambiar del sistema inquisitivo al acusatorio, pero de hecho, la provincia no ha podido extender esa reforma en todo su territorio: la segunda Circunscripción Judicial de Mendoza (los departamentos de San Rafael Alvear y Malargüe), todavía se manejan con la vieja figura del juez de instrucción y no con los fiscales investigadores.

En ese aspecto, el ministro Palermo manifestó que el sistema acusatorio provó que la población carcelaria de la provincia se haya duplicado.  “Hay muchas falencias a la hora de las prisiones preventivas y condenas innecesarias que hacen que las cárceles estés superpobladas. El sistema judicial ha colapsado al penitenciario. Con el nuevo CCP, tendremos más herramientas para revestir esta situación”, precisó.

Tres décadas de atraso

A su turno, la diputada Fernández Sagasti dijo que con la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal “se dejan atrás tres décadas de retraso judicial en la Argentina”.

“Luego de un Código mixto que no satisfizo las expectativas tuvimos que llegar a un caso testigo como el de Walter Bulacio (1991) y recibir una sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligó a la justicia nacional a reabrir el expediente Bulacio y entonces darnos cuenta de cómo se estaba en materia judicial”, agregó.

La legisladora, que es vicepresidenta de la comisión bicameral del nuevo CPP, recordó que fue la presidenta Cristina Fernández de Kirchner quien impulsó en el Congreso el Código, “para una justicia más ágil y accesible para el ciudadano más desprotegido”.

A su turno, y ayudada por un power point, la fiscal Camaño enumeró las herramientas con que cuenta el nuevo sistema a partir de órdenes emanadas desde la Procuraduría General de la Nación. Sobre esa base, destacó el rol de la Proculesa (crímenes de lesa humanidad) y Procelac (lavado de activos), “que en Mendoza ya ha tenido participación en dos juicios federales”. Como así también las diversas agencias, “como las vinculadas con trata y explotación de personas, narcocriminalidad, acceso a la Justicia, violencia contra las mujeres”, agregó.

Por su parte, el fiscal federal Vega recordó dos casos de violencia institucional y abuso policial históricos de Mendoza. “Los casos Garrido-Baigorria y Guardati; tres jóvenes desaparecidos en democracia por los que la Provincia fue condenada por la Corte Interamericana”, dijo.

“Aquellos sucesos provocaron la primera gran depuración de una policía de provincia como fue la de Mendoza en 1999, después del caso Bordón (asesinado por la policía de San Rafael en octubre de 1997). A partir de aquella reforma policial se comenzó con la reforma del CPP de Mendoza, pero nos hemos quedado a mitad de camino. Porque, por ejemplo, la cantidad de presos federales que tenemos en Mendoza con prisión preventiva asciende al 72% de total de detenidos y es la más grande del país. En eso hay que trabajar”, agregó.

¿Jueces enojados?

Para terminar, Binder hizo referencia a una suerte de “resistencia al cambio” que se advierte en algunos jueces de instrucción frente a la llegada inminente del nuevo CPP.

“Algunos jueces de instrucción parecen no entender el rol de investigador que le cabe al fiscal de instrucción. Y da la impresión de que no quisieran trabajar como jueces. Lo cual es algo tan raro como si un sacerdote no quisiera ir a la iglesia. Se resisten a ir a las salas de debate como si con ello perdieran poder. Nada más importante para una audiencia que la presencia de ese juez”, dijo.

Para Binder, el crecimiento del Ministerio Público, que se especializa por temas “y hasta por tipos de delitos” va a ayudar, entre otras cosas, a diseñar políticas preventivas y en agilizar los procesos. “Porque, como dije, el trámite es el opio del sistema judicial”, insistió.

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