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“La investigación del origen de la deuda puede generar responsabilidades civiles y penales de los funcionarios que la contrajeron”, sentenció Arístides Corti, especialista en Derecho Financiero y Tributario. Se refería así a la creación de la comisión bicameral que investigará el origen de la deuda externa, que es una de las innovaciones de la nueva Ley de Pago Soberano. El economista Andrés Asiain también celebró la medida, y opinó que “la historia de la deuda externa refleja la historia del sometimiento del país”.

Con la sanción de la ley de Pago Soberano, el gobierno quedó habilitado a reemplazar al Banco Mellon de Nueva York por Nación Fideicomisos S.A. como agente de pago para los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010, para evitar que los fondos buitre interfieran con la reestructuración de la deuda. Además, abre la posibilidad de un nuevo canje por títulos con jurisdicción argentina o francesa. Tres especialistas y un diputado analizaron los lineamientos de la nueva norma.

Eduardo Santín, el único radical que votó a favor de la ley, dijo que la norma "es un instrumento para decidir cómo nosotros podemos cumplir nuestro compromiso, generamos condiciones frente a la decisión de la justicia norteamericana”. El diputado fue aplaudido en el recinto, pero podría ser expulsado de su bloque por no acompañar la definición de la UCR. En diálogo con Infojus Noticias, afirmó que “la ley genera condiciones para que los bonistas puedan cobrar y una cantidad de opciones para garantizar este pago".

El economista jefe de la consultora Econométrica, Ramiro ​Castiñeira, consideró la ley es un avance para todos aquellos bonistas que quieran dejar de ser rehenes del juez Thomas Griesa. "El cambio de jurisdicción es voluntario. Como no se impone, no afecta a derecho. Posiblemente, no sea significativa la cantidad que ingresen, pero deja la ventana abierta para dejar de ser rehén del juez Griesa”, dijo. Agregó el conflicto con los buitres “es consecuencia de políticas económicas tomadas hace 20 años” porque Argentina “entregó soberanía en los ’90 y no fue gratis”, y concluyó que la ley “es una jugada política que apunta a una salida interna”.

Arístides Corti, especialista en Derecho Financiero y Tributario, dijo a Infojus Noticias que la ley se dictó en base al artículo 75 de la Constitución Nacional, porque esa norma “habilita y asigna competencias al Congreso de la Nación a sancionar leyes en materia de arreglos de deuda pública interna y externa”. Explicó que “si el Congreso puede establecer quitas y nuevos plazos” sobre títulos soberanos, “es absolutamente legítimo que establezca el lugar de pago”. Y destacó que al ser contratos de derecho público, “las cláusulas son modificables por el Estado”.

El codirector de la revista de Derecho Público de Ediciones Infojus opinó que la decisión de crear la Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Externa de la Nación “no se crea por obra de un juez sino del Congreso”, y se remontó a la causa Olmos en la que se determinó que hubo cientos de delitos en el proceso de crecimiento de la deuda externa. “Eso puede generar responsabilidades civiles y penales de los funcionarios que contrajeron esa deuda”, explicó. Y rechazó el voto negativo de otras fuerzas políticas: “No hay sólo buitres externos sino también internos”.

El economista e investigador Andrés Asiain destacó que tanto el cambio de agente de pago como la posibilidad de un cambio de jurisdicción “son una forma de sortear la jurisprudencia de Griesa”, porque el fallo del juez de Nueva York “estaba transformando a los bonistas en holdouts y arrastrándolos a litigar contra la Argentina”. Destacó que “hay países que no renunciaron jamás a su soberanía jurídica” y que la decisión de prorrogar la jurisdicción “acarrea un riesgo enorme”, como sucedió en este litigio.

El director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) respaldó la creación de la comisión bilateral “porque la historia de la deuda externa refleja la historia del sometimiento del país”. Alertó que “los actores que han intervenido en ese proceso siguen actuando hoy” y evaluó que investigarlo “fortalece políticamente a todos los sectores que desean un país con soberanía”. El economista afirmó que “era una deuda histórica”, y expresó su deseo de que “se pueda identificar a los sectores que lucraron mediante el endeudamiento externo y que trasladaron ese costo al Estado nacional para que se hagan cargo de eso”.