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El diputado Horacio Pietragalla (FPV) se refirió hoy al procesamiento del secretario de organización de la seccional porteña de ATE, Daniel Catalano, en el marco del proceso penal por la represión de 26 de abril del año pasado en el Hospital Borda. "Es una vergüenza que un trabajador esté procesado por defender la salud pública", afirmó en una conferencia de prensa realizada este mediodía en el anexo del Congreso. También asistieron los diputados Remo Carlotto y Edgardo Depetri, la legisladora porteña Paula Penacca, y el referente de MILES, Luis D'Elía.

"No puede ser que esté procesado, no lo podemos permitir", dijo Pietragalla, y recordó que todas las autoridades de la ciudad que fueron imputadas en un comienzo por la brutal represión a trabajadores, pacientes y periodistas, fueron sobreseídas. Catalano está procesado por tentativa de robo y lesiones. El juez Adolfo López está a un paso de llevarlo a juicio oral por haber tomado el bastón con el que lo golpeaba una efectivo de la Policía Metropolitana, para tirarlo al piso y evitar que lo siguieran golpeando. El delegado, una vez en el piso, recibió golpes, patadas y dos balazos de goma en su espalda, pero no hay nadie procesado por las lesiones que sufrió.

Pietragalla planteó: "Todos vimos cómo reprimió la Metropolitana. No hicieron diferencia con nadie", refiriéndose a que ni los pacientes se salvaron de los garrotazos, gases y balas de goma. Sostuvo que "quieren disciplinar a los trabajadores", y aseguró que "el mensaje es 'no protestes contra el Gobierno de la ciudad porque podés terminar preso'". Hizo hincapié en que no sólo es el hecho de la represión macrista lo que debe alertar a la sociedad sino también la conducta de los magistrados. "Es una locura tener que alzar la voz ante esto después de 30 años de democracia", cerró el diputado.

Catalano apuntó contra López y sostuvo que "hizo una interpretación mágica de los hechos y me quiere llevar a juicio oral". Recordó que los trabajadores intentaron intervenir ante la violación por parte del Gobierno porteño de una cautelar que protegía el Taller Protegido 19, cuando estaba siendo demolido. Denunció que el juez omitió los testimonios de testigos oculares que afirmaron que la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, estuvo presente en el predio, supervisando la demolición, hasta pasadas las 8 de la mañana.

"El resultado son sesenta heridos, ocho detenidos, seis trabajadores procesados y toda la dirigencia política del macrismo absuelta", resumió. "Esperamos que la Cámara de Apelaciones decida absolver a los trabajadores" expresó. Y agregó: "En lo particular no tengo esperanza de que esto suceda, porque sabemos que hasta que no haya una reforma judicial en la Argentina, hasta que se democratice la justicia y metamos al pueblo adentro de los juzgados, vamos a seguir atados a estos jueces corporativos, que son funcionales a la política del macrismo". Concluyó que "hoy los trabajadores son perseguidos por el macrismo y por los jueves. Si Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Daniel Chaín y Guillermo Montenegro no son procesados, sería una vergüenza para toda la sociedad".

Edgardo Depetri acompañó a Catalano y los trabajadores procesados y expresó su solidaridad. "Está muy claro quien judicializa el conflicto social, tiene protección mediática e impunidad para transformar a la víctima en acusado", dijo. Acusó al macrismo de concebir la salud como un negocio, y agregó: "Todos sabemos que detrás del Centro Cívico hay un negocio inmobiliario". Llamó a "todo el movimiento popular a cerrar filas para evitar que los jueces y fiscales respondan a la corporación económica".

Carlotto sostuvo que "es el reino del revés, la justicia está actuando justamente de la forma que criticamos en el debate sobre la reforma judicial", y calificó a la justicia como "selectiva" porque "elige proteger a las grandes corporaciones y a los sectores que utilizan los recursos del Estado para reprimir a nuestro pueblo". Pidió buscar el desprocesamiento de los trabajadores pero también "llevar al Consejo de la Magistratura el pronunciamiento del juez". Agregó que "cuando no hay sanción y se perpetúa la impunidad, se alienta a las policías a actuar en forma represiva".

Luis D'Elía ofreció su solidaridad "irrestricta" y afirmó: "Hoy todos somos Catalano, ante esta situación oprobiosa". Arremetió contra el macrismo, que "le pega a los pobres y trabajadores con enorme impunidad, porque el jefe de Gobierno está procesado, pero reprime mientras goza de la protección mediática". Expresó que el Gobierno de la ciudad "empieza a dar signos de un autoritarismo inconcebible" y llamó a tomar todas las medidas "para evitar que la próxima conferencia de prensa la hagamos con Catalano detenido". Pidió a la Cámara de Apelaciones que corrija lo que la justicia en primera instancia "no pudo, no supo, o no quiso resolver".

Paula Penacca cuestionó la función de la Metropolitana, que "desde su creación ha sido utilizada para reprimir" y sostuvo que la política de ocultar la problemática social y perseguir a quienes buscan darle una solución "se extiende a todos los ámbitos que involucran derechos sociales de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires". Agregó que este procesamiento "es un llamado de atención" y denunció que la justicia en la ciudad funciona en connivencia con el macrismo". Advirtió que "el avance hoy sobre Catalano puedeb ser el avance mañana sobre todo el colectivo de trabajadores". Concluyó, contundente, que "este es el Estado presente de Macri. El del vaciamiento de la educación y la salud pública, que sólo ofrece políticas represivas de la protesta social".

Y Luciano Fernández, secretario gremial de ATE, expresó el viernes, antes de la audiencia en la que fundaron la apelación del procesamiento: “Nosotros entendemos que hay distintos niveles de responsabilidad pero que hay un plan global, porque nadie ignoraba lo que pasaba”. Y agregó que “el corolario de la situación fue una conferencia de Macri, que siguió la represión por TV sin mandar a cesar la brutalidad de la Metropolitana, donde hizo lo que hace siempre: deslindar responsabilidades”.