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Apenas entró a una suerte de corralito enjaulado donde están los imputados, Claudio Grande miró hacia arriba, saludó a sus familiares y se sentó en la última fila, casi desapercibido. Tuvo platea propia: quizás por ser de La Plata, quizás porque es uno de los imputados civiles, es el único que recibió el apoyo de un grupo que le hacía gestos de aliento y sufría cuando el médico veterinario era interrogado. Grande, que está acusado  de haber sido un guardia civil de inteligencia en el centro clandestino conocido como “La Cacha”, jamás hubiera pensado que sería el protagonista de la segunda audiencia del juicio. A metros de él, Miguel Echecoltaz no miraba para ningún lado: sólo se sentó y palmeaba a sus compañeros. Con pequeños gestos, quiso dejar en claro quién es el líder. Hubo 19 represores hoy en la audiencia. Algunos llegaron en ambulancias en medio de un gran despliegue policial que incluyó el corte de las calles aledañas y el vallado en cada esquina.

No todos los acusados estuvieron en la sala: hay quien habló en teleconferencia desde el hospital de Ezeiza y otro desde Neuquén. Y hay quienes, como Jaime Smart, que decidió están separado del resto, solo, al lado de su defensor. Al ex ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires parecía no importarle el destino de los otros imputados: estaba duro como una roca y sólo hablaba con abogados. Desde el corralito, los represores permanecían en silencio, en cuatro filas, y de cuando en cuando se hablaban al oído, pero apenas lo observaban.

La segunda audiencia duró diez horas y se centró en las declaraciones indagatorias que Carlos Rozansky, como presidente del Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata,  le tomó a cada uno de los represores por sus actuaciones en La Cacha. Se trata del centro clandestino de detención que funcionó entre diciembre de 1976 y octubre de 1978 junto a la cárcel de Olmos, en las afueras de la ciudad de las diagonales.

Esta vez no hubo cruces entre los acusados y el público, y la novedad estuvo dada por las intervenciones –algunas al borde del absurdo– de Juan José Losinno, abogado defensor de Grande, y por los testimonios de Etchecolatz y Jaime Smart, que pusieron en evidencia por qué fueron dos de los altos mandos en la represión en territorio bonaerense. Ambos no dudaron en defender el gobierno de facto y justificaron el accionar represivo desde conceptos ideológicos y morales.

El resto de los represores no hizo grandes declaraciones, una gran parte se abstuvo y el debate principal se originó alrededor del rol que ocupó Grande en la dictadura, sobre quien llovieron preguntas de todas las partes. El juicio continuará el viernes. Recién la próxima semana empezarían con la ronda de testigos.

Etchecolatz fue uno de los primeros en declarar. Dijo: "Por mi cargo y jerarquía me tocó matar, pero no sé  cuánta gente", y recordó el juicio en el que Jorge Julio López prestó declaración en su contra. “López mintió”, sostuvo. Quien fuera la mano derecha del ex jefe de la Policía Bonaerense durante la dictadura militar -Ramón Camps- sostuvo hoy que "yo no salía a matar a alguien para quitarle la vida, era porque había llamados denuncias de vecinos, que veían algo raro en el lugar, le mandaba patrullas y ahí estaba la vida de uno u otro".

Etchecolatz dijo que le causa risa estar "procesado por homicidio", ya que todo lo que hizo durante la dictadura "fue en el marco de la legalidad, con autoridades legítimas, siempre cumplí ordenes de acuerdo a la ley". En ese sentido, aclaró que "los terroristas sembraron la discordia: acá en La Plata fue una lucha cruenta, diaria, tuvimos que dejar la vida para restablecer el orden".

El represor no tuvo problemas en admitir que "mató en lucha", aunque expresó que "no fueron homicidios”. “Defendimos a la patria y fueron muertos en enfrentamientos ocasionados por los terroristas. Fuimos en defensa del hombre civilizado, el derecho a la familia”. Y concluyó: "Lo que hice, lo haría de nuevo. Sólo este sistema perverso que me juzga desconoce nuestra batalla para reestablecer el orden moral de la patria".

En un duro testimonio ante la presencia de familiares de víctimas de la dictadura, el represor sostuvo que "esos enfrentamientos son objeto y encuadre de una situación de guerra, dicha por los mismos terroristas. Acá no era por una cuestión de antipatía, estábamos exponiendo nuestras vidas". Locuaz y hasta irónico, dijo que en la cárcel le pusieron el sobrenombre de “El paciente” y se victimizó diciendo que "la policía de la provincia tuvo que ofrecer más de 160 muertos". Con el dedo índice en alto, preguntó a los fiscales presentes: “¿No conocen esa situación tan cruenta? ¿Por qué se oculta?"

La declaración de Smart

A continuación, fue el turno de Jaime Smart, quien expuso una comparación entre las víctimas del holocausto nazi y las del gobierno de facto del que formó parte. En este sentido, se desvinculó de las acusaciones y habló sobre el caso de Marcelo Bettini, por el cual está imputado. "Bettini tomó una pastilla, y por ello murió", dijo en relación al ex militante montonero y trazó una diferencia entre las víctimas del exterminio nazi “a quien se sometió verdaderamente a autoridades y se las indujo al suicidio” y las del gobierno militar, “que no fueron ningún tipo de víctimas, porque sembraban terrorismo”.

"La fiscalía me imputa homicidio porque equipara el suicidio de Marcelo Bettini con el de un campo de concentración", dijo quien fue ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico militar. Cuestionó que "Bettini era un montonero, llevaba una pastilla de cianuro que fue extendida a la militancia montonera porque la cúpula se había ido del país y ellos recomendaban tomarse la pastilla de cianuro".

Entre los casos que se investigan en este megajuicio están los de Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la privación ilegítima de la libertad de Antonio Bautista Bettini, padre de Carlos Bettini, actual embajador argentino en España. Además, se juzga la sustracción de Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa y de Natalia Suárez Nelson, nacidos mientras sus madres estaban cautivas en ese centro clandestino de detención, tras lo cual fueron apropiados y décadas más tarde recuperaron su identidad.

La Cacha le debe su nombre a una ironía funesta. Los represores lo bautizaron así en honor a Cachavacha, la bruja de un dibujo animado de Manuel García Ferré. Su escoba tenía poderes mágicos: era capaz de hacer desaparecer aquello que barría. Estaba en manos del Servicio de Inteligencia del Ejército (Destacamento 101) y dependía operacionalmente de la Décima Brigada de Infantería de La Plata. Y reportaba, a su vez, a dos estructuras militares: al Primer Cuerpo de Ejército y al Batallón de Inteligencia 601.

Yo señor, no señor

A la hora de declarar, Grande se defendió diciendo que “lo imputaron por error” y exhortó al Tribunal que revisara “la confusión lamentable que me hizo estar en prisión hace cuatro años y procesado por este juicio”. Dijo: “Estoy siendo confundido por otra persona”. Y pidió que se realizara un reconocimiento fotográfico con un hombre llamado Estanislao Chiara Vieyra, a quien sindica como “el verdadero Pablo", seudónimo que habría usado un guardia de inteligencia de "La Cacha". La principal acusación sobre Grande es justamente ésa: víctimas del ex centro clandestino lo identificaron como "Pablo".

En un debate que llevó más de una hora, el médico veterinario reconoció haber realizado y tareas de inteligencias en la oficina de Reunión Interior en el Destacamento 101. Allí trabajó como redactor y dactilógrafo de informes sobre “factores políticos” que luego llegaban a los altos mandos militares y policiales. Poco tiempo después, sin embargo, Grande titubeó un poco, se rectificó y dijo que en realidad “no eran trabajos de inteligencia, sino que eran meras síntesis de lo que decían las noticias, pero lo que se hacía con ese trabajo hay que preguntárselo a mis superiores”.

El tribunal lo interrogó en detalle y consideró que Grande dio por sentado que trabajó como civil en tareas de espionaje. Por otra parte, el médico veterinario dejó en claro que nunca estuvo en “La Cacha” y que las víctimas que dijeron haberlo visto como guardia civil del ex centro clandestino lo confundieron con otra persona que se llamaría “Pablo”. Allí intervino su abogado, Losinno, quien interrumpió varias veces a Rozansky y logró un cuarto intermedio con el objetivo de prohibir que las querellas tomaran declaración a su defendido. No obstante, el Tribunal no dio lugar a su reclamo y prosiguió la indagatoria.

El tribunal decidió unificar tres causas en este proceso que tiene a 147 víctimas. En el banquillo de los acusados también estuvieron sentados Miguel Ángel Amigo, Carlos Hidalgo Garzón; Jorge Di Pasquale; Gustavo Cacivio, Ricardo Fernández; Luis Perea; Roberto Balmaceda; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Romero Pavón y Anselmo Palavezzati, todos militares. También Juan Carlos Herzberg, Raúl Espinoza, Héctor Acuña, Rufino Batalla, Isaac Crespín Miranda.

El tribunal le tomó declaración a la mitad de ellos y continuará haciéndolo el viernes próximo. Muchos de ellos objetaron problemas de salud, como Fernández y Amigo –este último en silla de ruedas-. Se les concedió el beneficio de no concurrir a las siguientes audiencias, salvo que se los requiera. Rozansky debió hacer esfuerzos para levantar la voz: una buena parte de los represores aclaró que tenía problemas de audición.