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Dos años antes de la desaparición de Luciano Arruga, en el destacamento de Lomas del Mirador, donde se lo vio por última vez con vida, había una casa. Los vecinos que pedían más “seguridad”  consiguieron instalar  ahí una dependencia policial bajo la órbita de la Comisaría 8 de La Matanza. En 2007 empezó a funcionar. Un año después ahí torturaron a Luciano, luego intentaron reclutarlo para que robara para la policía y en 2009 el chico desapareció.  Hoy en el Senado de la provincia de Buenos Aires se votó la expropiación definitiva del ex destacamento de la calle Indart: será finalmente un espacio para la memoria.

De los balcones del recinto colgaban banderas con fotos y nombres: Facundo Rivera Alegre, Carlos Painevil, Marita Verón, Julio López, Iván Torres, Sergio Avalos. Todos desaparecidos en democracia. También estaba la bandera con el nombre de Luciano que acompañó cada una de las marchas y movilizaciones de sus familiares y amigos. Vanesa Orieta, su hermana, Pablo Pimentel, titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el abogado de la causa Juan Manuel Combi, vieron la sesión desde un palco.

La expropiación es un logro de los Familiares y Amigos que se organizaron durante los cinco años y ocho meses que el joven estuvo desaparecido. El último 17 de octubre se supo que Luciano estuvo enterrado como NN en Chacarita después de haber sido atropellado en General Paz y Emilio Castro. La identificación del cuerpo no frenó la investigación por desaparición forzada, al contrario, la robusteció. La Justicia Federal de Morón ahora intenta reconstruir qué pasó la noche del 31 de enero de 2009, la última vez que se lo vio con vida. La sombra del accionar de la policía bonaerense sigue cubriendo la desaparición de Luciano.

El año pasado los Familiares y Amigos acamparon casi 70 días ahí para reclamar el comodato del lugar y para que el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses realice excavaciones. Consiguieron los dos objetivos. En diciembre el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, cedió en comodato el inmueble a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Pero el proyecto de ley de fondo, que trataba la expropiación, fue el que se trató hoy. Había sido presentado por el diputado del FpV Miguel Ángel Funes y aprobado por la cámara baja el año pasado.

Vanesa Orieta, su hermana, vio la sesión desde un palco. (Foto: @Senado_BA)

Golpeado y amenazado

Luciano tenía 16 años y vivía en el barrio 12 de Octubre, una villa pequeña organizada por pasillos y casitas de material. Fue detenido al menos dos veces. Una vez fue el 22 de septiembre de 2008. Ese día lo golpearon casi delante de Vanesa y Mónica Alegre, su mamá. Ellas primero escucharon sus gritos, luego vieron los golpes en el cuerpo de Luciano y, por último, la amenaza que le soltó un policía delante de ellas. Por esa detención se abrió  una causa por torturas y está detenido el comisario Juan Diego Torales, que llegará al juicio de marzo de 2015 con prisión preventiva. La segunda vez fue el 31 de enero de 2009 y no apareció más. Hay dos testigos que aseguraron que lo vieron tirado en el piso, muy golpeado, casi muerto. Ese día hubo ocho policías de guardia, según consta en el libro de actas del destacamento.

Además, uno de los patrulleros de esa dependencia no emitió registro de posicionamiento durante toda la noche.  Los móviles salieron de la cuadrícula que le correspondía. Y, según se desprende de la investigación, el registro de entradas de la dependencia fue adulterado.

En principio, la causa por "averiguación de paradero" fue tramitada por las fiscales de La Matanza Roxana Castelli y Celia Cejas. Las dos operadoras judiciales tienen un pedido de jury en su contra por haber investigado mal. En febrero de 2013 pasó al fuero federal de Morón como “desaparición forzada”.

La identificación se logró gracias a una batería de medidas que se pidieron por la acción de habeas corpus. En julio los jueces de la Sala IV de Casación Penal le pidieron a Salas que hiciera todos los esfuerzos para resolver el caso. En su fallo citaron al "caso Bulacio" y el "derecho de la víctima y sus familiares a saber la verdad". En octubre lo encontraron. Fue a través del cotejo de las huellas de Luciano registradas en 2008 en otra causa penal y los registros de la Policías Científica