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Cuando los falangistas fusilaron a su padre en 1940, Felipe tenía 11 años. Tuvo miedo de que lo mataran. Era la Madrid de la posguerra civil. “Mataban a los niños que habían visto demasiado y tenían edad suficiente para contarlo”, dice hoy. Felipe Gallardo Gómez tuvo que hacerse cargo de su hermana de 6 y de su hermanito de 11 meses. En el barrio nadie los quería ayudar porque eran “rojos”, como denominaban a los del bando republicano. Desde la alzada militar en 1936 del general Francisco Franco, líder de la Falange Española, hubo nueve muertos en su familia. Felipe esperó 74 años para declarar por primera vez a un juez lo que vivió en aquellos años. Busca justicia o algo que se le parezca. “Nunca pude declarar en España lo que declaré acá”, dijo.

A mediados de febrero, Gallardo Gómez contó sus recuerdos de la muerte vía videoconferencia desde el consulado argentino en Madrid ante la jueza federal María Romilda Servini de Cubría. Entró a la sala con ayuda de un andador. Se le caían las lágrimas cuando contaba cómo mataron a su padre, alcalde republicano opositor a Franco y cómo su madre fue obligada a limpiar paredes llenas de sangre y de pedazos de cerebro. A los letrados argentinos también se les hizo un nudo en la garganta. Junto a Gallardo Gómez testimoniaron otras 14 personas.

En Argentina, la causa comenzó el 14 de abril de 2010 por una denuncia de familiares directos de víctimas de la sangrienta dictadura franquista. La presentación es extensible a decenas de miles de personas asesinadas desde el comienzo de la Guerra Civil española (1936-1939) hasta el 15 de junio de 1977. La querella denunció a oficiales militares alzados de la falange española, en lo que "constituyó un plan sistemático generalizado, deliberado y planificado para aterrorizar españoles partidarios de la forma republicana".

La investigación tardó en comenzar porque en meses posteriores a la presentación de la querella, hubo una serie de contratiempos judiciales. El fiscal a cargo de la investigación, Federico Delgado, considero que era improcedente la judicialización en Argentina. Una de las razones que esgrimió fue que España ya estaba investigando. A su vez, Servini de Cubría dijo que no podía trabajar sin fiscal. La causa se elevó a la Cámara Federal de Casación y le ordenó a la jueza averiguar si realmente se estaba investigando en el país europeo.

En octubre de 2010, el juzgado envió al gobierno español un pedido de informe y recién el 28 de junio de 2011 llegó la respuesta. La Fiscalía General de Estado emitió un informe sin firma con documentos del Ministerio de Justicia español. En esos papeles, también sin firma, se decía que se habían tramitado e investigado distintos casos. También dieron un listado de casos archivados. Ante esta respuesta, la querella se ocupó de objetar punto por punto lo dicho por el gobierno español. La presentación recibió apoyos de todo el mundo, incluidos Amnesty International y el juez español Baltasar Garzón dijo que en España nunca se investigaron los delitos franquistas.

"Nadie se ocupó de nosotros"

En diciembre, una comitiva de 30 querellantes españoles llegó a la Argentina. Con 88 años, luminada Ascensión Mendieta Ibarra atravesó más de diez mil kilómetros para contar la historia de su padre. Timoteo Mendieta Alcalá era presidente de la Unión de Trabajadores (UGT) de la localidad de Sacedón. En el ‘39 cayó preso y un año después lo fusilaron. Iluminada contó que con la guerra su familia quedó diezmada. Su madre, de origen conservador, se peleó a muerte con su familia de sangre. Huyó con sus siete hijos y tuvo que vivir del estraperlo, lo que en España se conoce como comercio ilegal. Eran tiempos de la cartilla de racionamiento, con la cual se accedía a menguadas raciones de pan, de aceite, legumbres o arroz. "Nadie se ocupó de nosotros", dijo Iluminada con voz temblorosa.

Después de muchos años, la familia Mendieta se enteró que los restos de su padre estaban en el cementerio de Guadalajara, junto a otros mil cadáveres de aquellos tiempos revueltos. Iluminada quiere recuperar esos restos, sabe con certeza que están en una fosa común que tiene 17 cuerpos. El de su padre es el segundo comenzando de abajo para arriba. Es por esta declaración que la jueza Servini de Cubría envió días atrás un pedido de exhorto a la Cancillería para que la Justicia española lleve adelante la exhumación de los cadáveres y lograr así la extracción de muestras de ADN que permitan comprobar si alguno de ellos es Mendieta Alcalá.

En España se calcula que la dictadura dejó unos 150 mil desaparecidos dispersos en fosas comunes y sin investigación judicial. Se cree que más de medio millón de personas murieron desde el golpe de Estado hasta 1975. Los sobrevivientes del bando republicano fueron humillados y perseguidos siempre.

"Todas son historias conmovedoras, que pasaron hace mucho tiempo", dijo a Infojus Noticias el secretario de DD.HH. del Juzgado Federal 1, Alfredo Mángano. Junto a la abogada María José Iglesias, abogada contratada especialmente por esta temática, se ocupan de investigar todos los casos que constan en los 38 cuerpos de la causa.

Otro caso que escucharon los letrados en febrero fue el de José Luis Martínez Ocio. Ocurrió el 3 de marzo de 1976, meses después de la muerte de Franco y en plena transición española. Ocio quiso participar de una huelga por aumento de salarios en la Iglesia San Francisco de Asís, en la localidad de Vitoria, dentro del País Vasco. Unos seis mil manifestantes dentro y fuera de la parroquia hicieron que José Luis desistiera y volviera a su casa, se enteraría después se dijo. En medio de la asamblea, la policía lanzó gases lacrimógenos para desalojar a los trabajadores que estaban reunidos y disparó contra los que salían de la iglesia.

El hermano de José Luis observaba desde un balcón cercano junto a su novia. Pensando que su hermano estaba ahí, se desesperó y fue corriendo a la parroquia. Un disparó lo alcanzó. Pedro Martínez Ocio murió. Tenía 27 años y era trabajador en una fábrica de aceros. La represión en los denominados Sucesos de Vitoria dejó cinco personas muertas y más de 150 heridos de bala.

Mientras hablaba cada uno de las víctimas, los acompañaba la abogada impulsora de la causa, Ana Messuti. Estuvo en diciembre en Argentina y días atrás en el consulado en Madrid. Cuando los testigos flaqueaban por la angustia y los recuerdos perturbadores, Messuti les agarraba la mano, los abrazaba. Y los apoyaba con la jurisprudencia que alguna vez enseñó en la Universidad de Buenos Aires. La última dictadura militar en Argentina la obligó a exiliarse en Europa y ahora reparte su tiempo entre los dos continentes.

En una entrevista a Infojus Noticias, Messuti explicó: "Lo que se está juzgando en Argentina son crímenes internacionales y los juzga la justicia universal, a pesar de que sean verdugos argentinos, víctimas y territorio argentino", dijo en referencia a los copiosos juicios de lesa humanidad que están abiertos en todo el país.

Después de tener claro eso, uno comprende que si viene una víctima de este tipo de crimen pero de otro país se le va a aplicar el mismo tipo de justicia. Son tantos unos como otros las víctimas. Es un enfoque distinto si lo comparamos con la justicia ordinaria. La gravedad te da la pauta de la internacionalidad y la internacionalidad te da la justificación de que Argentina esté ocupándose de los crímenes cometidos en España", agregó.

Respecto al avance de justicia en España, Messuti definió: "En España nunca ha habido reparación. Son los herederos del franquismo los que detentan el poder. Por eso cuesta tanto llegar a los juicios".