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Será un acontecimiento inédito en los archivos de la justicia internacional: la jueza María Servini de Cubría le tomará declaración en febrero, por video conferencia, a las víctimas del franquismo. La embajada argentina en Madrid será la sede desde donde prestarán testimonio los acusadores que no pudieron viajar a Buenos Aires para declarar en el proceso iniciado en 2010 por la jueza, en una instancia judicial que intenta esclarecer parte de los crímenes de la dictadura española de 1936 a 1975.

El proceso es el primero abierto en el mundo por los crímenes del franquismo. Sostenido sobre el principio de justicia universal, fue calificado de “hecho histórico” por las víctimas.

Desde que comenzó el juicio, entre 150 y 200 querellantes ya viajaron a Buenos Aires para declarar y constituirse como acusación. Sin embargo, hay muchos que no pudieron realizar ese viaje, por cuestiones de edad o de dinero.

En tal sentido, Servini previó inicialmente viajar a Madrid para la toma de declaraciones a principios de 2013, pero finalmente no pudo hacerlo por falta del presupuesto necesario. Por tal motivo, se decidió el recurso de la video conferencia.

No será la primera vez que la justicia argentina intentará tomar declaración por video a las víctimas del franquismo. La primera vez ocurrió en mayo, pero esas audiencias a distancia acabaron suspendiéndose por presiones del gobierno de Mariano Rajoy. La jueza retomará ahora esa idea, después de que la Audiencia Nacional española retirara el pasaporte a dos mandos policiales de la dictadura franquista cuya extradición reclamó la magistrada.

El ex inspector Juan Antonio González Pacheco, alias “Billy el Niño” y de 66 años, y el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, de 74, están a la espera de que la Sala Penal de la Audiencia Nacional decida si los entrega a Argentina o no. Si apuesta por extraditarlos, el gobierno de Rajoy tendrá la última palabra, para confirmar la decisión o rechazarla.

Entretanto, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, se mostró abierto a una posible investigación de ambos en España. Según dijo en una entrevista a un medio español, estudia la posibilidad de pedir el inicio de una pesquisa “tratándose de hechos delictivos cometidos por españoles contra españoles en España”. “Tenemos una jurisdicción preferente a la de los tribunales argentinos”, dijo. Esa opción significaría rechazar la extradición de los dos reclamados a Argentina. Algo que se decidirá en las próximas semanas.

“En España nunca hubo reparación”

Ana Messuti coordina el equipo de abogados que lleva adelante la querella en Argentina por las víctimas del franquismo. Le dijo a Infojus Noticias que “en 76 años no ha sido juzgado en su tierra ni un solo caso de los centenares de miles de crímenes cometidos. En Alemania, en Francia, en Italia y en Argentina se juzgaron de acuerdo con el derecho internacional. En España son los herederos del franquismo los que detentan el poder por eso cuesta tanto llegar a los juicios”. Y enfatizó que “en España nunca ha habido reparación. La propia ley española dice que hay que extraditar a los responsables de casos de lesas humanidad”.

La Argentina tiene acondicionado el sistema jurídico para juzgar crímenes del franquismo. Está el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional que incorpora todos los tratados de derechos humanos de manera directa a la legislación con rango constitucional. Desde 2009, las organizaciones de derechos humanos pueden ser querellantes. “Tiene el antecedente de haber anulado y derogado de pleno derecho las leyes de punto final y obediencia debida. Hay un backround jurídico. Sería una terrible falta jurídica, además improcedente desde todo punto de vista, que Argentina no acogiera a las víctimas españoles”, agregó Messuti.

Respecto a la posible extradición de los represores del franquismo, la abogada dijo que le gustaría ser “lo más optimista posible”. Y explicó: “Existe la posibilidad de que en la audiencia nacional se esgriman los mismos argumentos que se esgrimieron para desautorizar al juez Baltasar Garzón. Esa posibilidad existe, pero quedan en franco incumplimiento. Todas las veces que digan que no van a incumplir los tratados internacionales. Las recomendaciones del Comité Contra la Tortura del Comité de Desapariciones Forzadas y todas esas convenciones de Naciones Unidas, están abogando para que España se ocupe y los juzgue o bien los extradite y colabore con la justicia argentina”.