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Legisladores del Frente para la Victoria y miembros del Poder Judicial volvieron a rechazar hoy la medida precautelar con la cual se suspendió la designación de fiscales dispuesta por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, de acuerdo con las facultades que le otorga el nuevo Código Procesal Penal, y ratificaron su cuestionamiento a la intromisión de la Justicia en el Legislativo.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, señaló que estas medidas judiciales que impiden la designación de fiscales responden a una "conducta anticonstitucional y antidemocrática" y consideró que se trata de una "clara embestida contra el funcionamiento del Poder Judicial, de la autonomía funcional del Ministerio Público consagrada en la Constitución Nacional", y recordó que los fiscales "fueron seleccionados por el Senado de la Nación".

En tanto, el fiscal federal de Córdoba Enrique Senestrari, apuntó que las medidas precautelares que impiden asumir a los fiscales subrogantes designados "ponen tildes mafiosos y políticos a la decisión de un poder autárquico que implementa una ley del Congreso". "Les duele y les molesta darse cuenta que pierden un enorme poder sucio e ilegítimo, extorsionando el manejo de los tiempos judiciales", dijo Senestrari, uno de los 16 fiscales cuyo nombramiento fue bloqueado por una precautelar del juez Enrique Lavié Pico, frente a la resistencia de un sector del Poder Judicial ante la aplicación del nuevo Código Procesal sancionado por el Congreso de la Nación.

En ese sentido, el titular de Diputados, Julián Domínguez, dejó en claro que la Constitución Nacional, en su artículo 120, así como la Ley 24.946, establece que el "Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera".

Domínguez recordó que el artículo 120, que aprobó la creación del Ministerio Público Fiscal lleva la firma del ex presidente Raúl Alfonsín, quien "creyó necesario mayores controles", y es por eso que se creó como "órgano independiente".

Por su parte, la diputada nacional Teresa García consideró “inexplicable” la medida precautelar que suspendió la designación de fiscales y sostuvo que “es altamente difícil entender qué pasa con la justicia” en el país, al advertir que “hay una injerencia en las decisiones del Poder Judicial sobre el Poder Legislativo”.

Otro de los diputados que se manifestó en relación a este tema fue Héctor Recalde, que explicó que "ninguno de los fiscales nombrados ahora por la procuradora es un recién llegado, todos fueron designados por concurso y algunos tienen más de veinte años de antigüedad".

Esos fiscales fueron nombrados en el marco del nuevo Código Procesal Penal para destinarlos a "especialidades en los temas más pesados, que son el crimen organizado, el narcotráfico y la trata de personas", señaló el legislador.

Con respecto a la suspensión de los nombramientos, la diputada nacional Graciela Giannettasio (Frente para la Victoria) aseguró que “el oficialismo no defiende a la procuradora general de la Nación sino a las normas” dictadas por el Congreso y recordó que “estamos hablando de la creación de cargos: unos para la persecución penal y otros para la defensa de los más desprotegidos”.

Además de Domínguez, García, Giannettasio y Recalde, en las últimas horas se refirió al tema el diputado Eduardo "Wado" de Pedro que calificó como "mamarracho jurídico" la medida precautelar y expresó que se da "en medio de una campaña de desprestigio para frenar al Ministerio Público Fiscal en su armado de un cuerpo de profesionales para combatir el narcotráfico y el delito organizado".

Asimismo, el titular de la Oficina de Enlace Legislativo de la Procuración General de la Nación, Félix Crous, afirmó que "el impedimento con la precautelar dictada por el juez Lavié Pico es un capítulo más de un sinnúmero de pasos un poco ridículo de los jueces respecto de la gestión de la procuradora".

Crous precisió que "lo que está de fondo es que el Ministerio Público está en un proceso de reingeniería, que tiene su corolario, un punto muy importante, con la reforma del sistema de enjuiciamiento federal, que desconcentra el poder absoluto que tienen los jueces de instrucción, que les da capacidad operación política y de extorsión".

Por otra parte, el fiscal Guillermo Friele, uno de los más de 80 firmantes de la solicitada de apoyo a la gestión de la Procuradora General de la Nación, señaló que "la creación de las procuradurías tiene que ver con necesidades de la investigación en delitos complejos" y en cuanto a la reciente designación de fiscales, señaló que “esos cargos han sido creados" por la ley que reformó el Código Procesal Penal y que “hacen falta para que éste comience a funcionar".

La titular de Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rebori, fue otra de las que se pronunció sobre el tema en las últimas horas, ya que consideró que "hay un montón de fiscales que están diciendo que lo que hace Gils Carbó está bien. Ella no hace más que cumplir con la ley, como lo hicieron sus antecesores, que en su momento también hicieron lo mismo".

Garrigós explicó que "cuando se produce la vacante, se designa un subrogante mientras se llama a concurso para cubrir esa vacante", y afirmó que precisamente eso es lo que está haciendo Gils Carbó, "no dejando huecos para que los fiscales puedan trabajar". "Si Gils Carbó no lo hiciera, habría que cuestionarla por no cumplir su función de Procuradora", advirtió la titular de la Cámara de Casación Penal.