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Gabriel Santillán, de 15 años, era hijo de Omar Aníbal Santillán, detenido-desaparecido desde mayo de 1977 durante la última Dictadura. El 3 de diciembre de 1991, el adolescente caminaba por la avenida Echeverri, en el partido bonaerense de Merlo, una zona donde hay  gran cantidad de comercios y una escuela secundaria a pocas cuadras.  Mientras cruzaba la calle sintió un disparo que le atravesó el cuerpo y cayó sobre un montículo de escombros. La bala salió de un arma policial.

Unos minutos antes, cerca de allí, dos hombres habían robado un auto. Dos policías bonaerenses, Jorge Norberto Prado y Marcelo Luis Altamirano, iban a bordo de sus motos cuando interceptaron el vehículo robado. Al intentar pararlo el auto aumentó la velocidad y comenzó a escaparse. Prado se bajó de la moto y empezó a disparar a discreción contra los sospechosos, y abrió un tiroteo. Altamirano los persiguió con su moto por más de 30 cuadras, pero jamás los alcanzó. Una de las balas disparadas por Prado fue la que hirió de muerte a Gabriel.

Su padrastro, Rubén, corrió a socorrerlo y junto con otro policía, que estaba en la zona lo llevaron al Hospital Municipal "Eva Perón" de Merlo. Por la gravedad de su estado lo derivaron al hospital Inter-Zonal General de Agudos "Profesor Luis Güemes" de Haedo, pero no alcanzó. A los cinco días de recibir el disparo Gabriel murió.

Ocho años después de la muerte de Gabriel, su madre Mirta, presentó el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque los policías “se extralimitaron en el uso del armamento con que contaban” y no se cumplió con “investigar, procesar, sancionar y reparar adecuadamente el homicidio”.

Una causa judicial sin resolver

En esos años la causa judicial tuvo infinidad de irregularidades y un solo resultado: el sobreseimiento de los policías. El hecho se produjo al medio día, pero recién tres horas más tarde un agente de la Delegación de Investigaciones Técnico Judiciales de Morón se trasladó al lugar de los hechos para proceder al levantamiento de rastros. Se realizó una primera autopsia, que debido a las dudas por el orificio de entrada y salida del disparo se ordenó una segunda autopsia. Esta última fue inútil porque las muestras no fueron conservadas correctamente.

Otras irregularidades que se detectaron, según explica el acuerdo de solución amistosa, fue que el propio Ferraro le pidió a la abuela del joven muerto la ropa que tenía colocada al momento de los hechos porque si no,  no le entregarían el cadáver. La madre de Gabriel denunció que en junio de 1992 Ferraro la amenazó e intimidó llamando a varios de sus colegas para que se presentaran en el domicilio de la familia, exhibiendo armas de fuego.

El 15 de septiembre de 1993, el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 5 del Departamento Judicial de Morón dictó el sobreseimiento provisorio de la causa, considerando que la muerte de Gabriel se produjo por los disparos efectuados por los ladrones y no por la policía. Nunca llamaron a Prado a declarar en el proceso. En febrero de 1994, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional del Departamento Judicial de Morón confirmó esa sentencia.

En junio de 1994, la causa se archivó; y diez años después el Juzgado de Transición N° 2 del Departamento Judicial de Morón, encargado actualmente del proceso, autorizó la destrucción del expediente judicial. Tras las nulidades presentadas por la madre del joven muerto, la causa no terminó de resolverse. En 2006 se presentó un pedido de reapertura de la causa penal que todavía se encuentra en trámite.

En medio de este embrollo judicial, la madre de Gabriel, logró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomara el caso. Allí logró llegar a un “acuerdo de solución amistosa” en 2008, donde el Estado reconoció su responsabilidad internacional por los hechos que sufrió la familia de Gabriel y se dispuso una indemnización.

El acuerdo fue oficializado en 2009 y ahora el Estado nacional resolvió pagarle a la familia de Gabriel una indemnización de 322.800 dólares. Lo hizo a través del decreto 1007/2014, firmado por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner; el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y los ministros de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman; de Economía,  Axel Kicillof y de Justicia y Derechos Humanos, Julio C. Alak.