Infojus Noticias

“No hay participación del pueblo en el sistema de justicia”, fueron las palabras con las que Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación, abrió el panel llamado “La discusión sobre la democratización de los sistema de Justicia”, en el marco del II Congreso Latinoamericano de Derecho Penal y Criminología, en la Universidad de La Matanza. Del debate participó Julián Álvarez, secretario de Justicia de la Nación. Álvarez destacó que los sistemas de justicia “llevan como significante lo técnico, y la palabra democratización lleva como significante  lo político”. “La clave de democratizar –remarcó- es lograr la articulación entre estos dos vértices”.

“La elección se realiza por una minoría calificada de abogados. Además, los postulantes que se presentan provienen de la carrera judicial en su mayoría, donde aún no hay ingreso democrático. Todavía estamos en un sistema donde tradicionalmente se ha dado demasiada prevalencia a las relaciones de parentesco y donde no hay un sistema de rendición de cuentas suficiente. Los cargos supremos, incluyendo el mío, son vitalicios”, indicó Gils Carbó. Y agregó que la Constitución establece la participación del pueblo y, sin embargo, no se da cumplimiento a esta norma.

“Hay prácticas judiciales para garantizar que esto se mantenga. Una abogada amiga fue con una mujer golpeada a ver el expediente y el empleado, cuando lo vio, le dijo: ‘No, usted no es parte’”, contó la funcionaria.  

Por otro lado, destacó la importancia de la instalación del sistema acusatorio.  “La reforma hacia un sistema acusatorio en el sistema federal no es una mera cuestión de garantías o de cumplimiento de la Constitución: es una cuestión de eficiencia en la lucha contra el crimen, de seguridad pública, de bienestar de la población”, señaló la procuradora. “Lo que el modelo procesal actual produce, en cambio, hace que en definitiva no se dote a los fiscales de la estructura necesaria para llevar adelante una investigación”, explicó. “No existe ningún país en Latinoamérica en el que sea el mismo fiscal el que recibe la denuncia como acá, y que lo va a investigar el mismo equipo solo con abogados. Hoy lo que predomina es la multidisciplina”.

Finalmente, destacó la puesta en marcha de equipos especializados para que asistan a los fiscales: las procuradurías de narcocriminalidad, de trata de personas, de lesa humanidad  y de violencia institucional, por ejemplo. “Es imposible combatir el crimen organizado de forma desorganizada”, dijo. “Ya no es una visión de la justicia que viene con los ojos vendados, sino una visión de la justicia con los ojos bien abiertos para ver las desigualdad y la falta de oportunidades. Esto es una justicia democrática para todos y todas”, concluyó

Luego fue el turno de Javier de Luca, fiscal general ante la Cámara Nacional de Casación Penal. “Existe una discusión sobre el carácter contra mayoritario del Poder Judicial, pero esa discusión se diluye si se considera que un poder del Estado es democrático porque se elige de manera directa por el pueblo. A mi modo de ver pasa por ver el funcionamiento real del sistema de justicia. No se vislumbra problema alguno mientras el sistema se mantenga dentro de su ámbito de competencia. No existe problema alguno en que el sistema de justicia sea proactivo cuando se trata de ampliar derechos”, declaró.

Garrigós de Rébori identificó dos problemas en la justicia: "La demora estructural y la delegación de la que hacemos uso".

Nuevo paradigma: escuchar otras voces

Alejandro Slokar, por su parte, propuso no solo enunciar deudas pendientes sino también “denunciar a la Justicia como parte de la injusticia, como mecanismo que reproduce condiciones de desigualdades sociales”, dijo.

El análisis del vicepresidente de la Cámara Nacional de Casación Penal discurrió en torno al concepto de independencia. “En los últimos 150 años nuestros países sufrieron los más largos periodos de dictadura, lo que explica que estos regímenes no tuvieran grandes problemas para salvaguardar la independencia judicial entendida desde una perspectiva liberal. La independencia de los jueves en la matriz liberal es compatible con regímenes no democráticos, porque el control político es ejercido por la exclusión de los jueces de aéreas de conflicto políticamente importantes. Esta estrategia es la que en muchos de nuestros países garantizó al Poder Judicial una superviviencia relativamente disimulada casi hasta hoy”.

“La justicia legítima, en tanto demanda, incorpora un nuevo paradigma que implica la apertura a escuchar voces de las comunidades de modo de entenderlas e interpretarlas cuando nos interpelan por justicia”, dijo Slokar.

María Laura Garrigós de Rébori, presidenta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional porteña y titular de Justicia Legítima. Sostuvo: “Cuando empezamos a discutir en Justicia Legítima llegamos a sintetizar en dos problemas lo que entendimos que a la gente le molestaba. La demora estructural de cualquier trámite judicial y también la delegación de la que hacemos uso porque no hay manera de cumplir el requerimiento de trabajo judicial con las estructuras que hoy tenemos”.

‘Yo les hablo de la ley pendiente de reglamentación de ingreso democrático. Recibida por la Corte, que es su autoridad de aplicación, tiene que ser reglamentada. La Corte invita a los otros poderes y ministerios públicos a conformar una comisión interpoderes para llevar este sistema de ingreso a todos los otros poderes. Me parece excelente la iniciativa, pero es llamativo que la Corte crea que el Poder Legislativo no pensó en esto. Es preocupante que no se termine de constituir esta comisión y finalmente no se reglamente este ingreso democrático”, lanzó Garrigós de Rebori. Zaffaroni la miraba atentamente.

“Seguimos ingresando de la misma manera que lo hicimos siempre. Cualquier chico empieza a estudiar, busca conocidos familiares para ingresar en un juzgado, y así se empieza. A lo mejor para los cargos administrativos no habría que tomar estudiantes de Derecho, sino estudiantes de alguna otra carrera de Ciencias Ssociales. Esto permitiría la posibilidad de delegación de la tarea jurídica”, señaló Garrigós de Rébori.

Eugenio Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Suprema, aportó: “Yo no estoy tan de acuerdo en que sea la delegación de funciones la que genere estos problemas o que sean los estudiantes de Derecho el problema. Si hicieran entrar estudiantes de Sociología, algunos al poco tiempo querrían ser jueces. Pero además, tengo unos años más que Garrigós, y conocí la última generación de viejos oficiales de Derecho que nunca habían estudiado y eran los mejores para la delegación, porque eran los que más sabían”.

Zaffaroni siguió con su idea: “El análisis de Alejandro (Slokar) habría que precisarlo más en nuestra historia judicial. Hay una cuestión de terminología a aclarar. Para mí liberal es un elogio y no un insulto. Creo que nos han enseñado algunas cosas al revés. Los liberales son los movimientos nacionales y populares que empiezan con nuestra independencia, solo que les robaron el nombre de liberales”.

“Cuando hablamos de una justicia democrática –terminó Zaffaroni- entiendo una justicia plural con debate interno, con distintas concepciones del mundo, y que esos debates salgan a la luz pública y el público pueda participar”.