Infojus Noticias

El fiscal antilavado Carlos Gonella presentó ayer la apelación contra la medida del juez federal Claudio Bonadio que lo declaró en rebeldía por no presentarse ayer a la indagatoria a la que fue citado, en el marco de la denuncia de la jueza María Gabriela Lanz por violación de secretos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En el escrito presentado por el defensor oficial Gustavo Kollman expresa que la medida dictada por el juez Bonadio “agravia” a Gonella “en tanto restringe arbitrariamente el derecho a la libertad ambulatoria desatendiendo de manera claramente e injusta el hecho de que mi representado siempre se ha mantenido a derecho en la presente causa”.

En el escrito de apelación, que tiene cinco fojas, la defensa de Gonella presenta una serie de discrepancias con el dictamen del juez Bonadio que lo declara en rebeldía. “En primer lugar el doctor Gonella se ha mantenido siempre a derecho en las actuaciones desde que tomó conocimiento de las mismas, razón por la cual considera esta parte que no se encuentra en estado de rebeldía”

Como muestra de esta situación, el escrito remarca los pasos que dio Gonella en la causa. Solicitó primero que lo asista la Defensoría Oficial. El defensor Gustavo Kollman pidió la postergación de la audiencias del 25 de noviembre pasado por la recusación planteada contra Bonadio y otros pedidos de nulidades que aún permanecen sin resolución en los tribunales superiores.

Estos elementos demuestras que Gonella se mantuvo pendiente de la causa y que incluso ha utilizado las diferentes instancias que la ley prevé para ejercer su legítimo derecho de defensa.

Además en el escrito presentado por la defensa de Gonella se hace hincapié en que a pesar de todas las medidas pendientes de resolución, Bonadio volvió a fijar fecha para citar a indagatoria. Ese llamado fue hecho el 9 de diciembre para que el 22 –anteayer– se hiciera efectivo. “En virtud de ello, el doctor Gonella se presentó el día y hora citados por derecho propio (el escrito subraya esta parte), a través de un escrito ratificando que se encontraba a derecho pero señalando que al mantenerse las condiciones de hecho y de derecho vigentes al momento de la anterior citación es que no se presentaría para llevar a cabo  la audiencia indagatoria”, explica el escrito.

Esas situaciones que la defensa cita son que aún no se encuentras firmes ni el planteo de recusación al juez Bonadio, ni la nulidad pedida para los llamados a indagatoria y la imposibilidad de controlar la producción de prueba contra Gonella. En este sentido, el fiscal antilavado dijo antes de presentar su descargo que el existía un “accionar arbitrario del juez: no nos ha dado acceso a la prueba, no le ha permitido a mi defensor participar de testimonios que se han tomado por lo que pensamos que estamos ante un juez parcial y arbitrario como ha sido arbitraria la decisión de ayer”.

En otro fragmento del escrito, Kollman –titular de la Defensoría Pública Oficial en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2 de la Capital Federal– sostiene que más allá de que no existen elementos para declarar a Gonella en rebeldía, el propio delito que se le imputa en la causa “no pueden comprometer ni restringir de modo alguno su libertad ambulatoria”

Y agrega: “Mucho menos tratándose de un fiscal de la Nación, que siempre ha estado a derecho y que además tiene una garantía funcional como es la inmunidad de arresto”, se afirma. Por último, la defensa sostuvo que la actitud de Bonadio “viola el principio de igualdad, de inocencia y el derecho a la libertad durante el proceso”. 

La punta del ovillo

La jueza María Gabriela Lanz es quien impulsa la denuncia en contra del fiscal a cargo de la Procelac, Carlos Gonella. Ella es una de las treinta imputadas en una investigación por lavado de dinero del narcotráfico. Su pareja, Valentín Temes Coto, fue condenado a 20 años de prisión por el envío de tres toneladas de cocaína a España camuflado en cargamentos de manzanas.

Gonella y el fiscal en lo penal económico Emilio Guerberoff fueron los encargados de dirigir la investigación y de imputar a esas treinta personas del entorno de Temes Coto. El llamado a indagatoria de estos imputados se publicó en el portal Fiscales, de la Procuración General, y Lanz denunció que la divulgación de esa información es ilegal.

“La denuncia en sí es un disparate. Lo que se publicó fue el pedido de indagatoria de la jueza y de treinta personas más por vínculos con un narcotraficante condenado a 20 años de prisión. Por publicar esa información en un portal de noticias oficial del Ministerio Público se está criminalizando a los fiscales que investigan el lavado. Se nos criminaliza por difundir información de investigaciones sobre lavado en la que hay funcionarios públicos”, remarcó Gonella y apuntó a Bonadio como responsable de que una denuncia de ese tenor haya prosperado: “Es un disparate y esta denuncia debió haber sido descartada de plano. La primera gran arbitrariedad de este juez es haber hecho que esta causa prospere”.

En este mismo sentido, Gonella recordó la jurisprudencia que acompaña y protege el derecho a la información y la necesidad de que los actos de los funcionarios públicos sean dados a conocer. “Hay fallos de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana que garantizan el derecho a la información. Los funcionarios tenemos muy poco margen de privacidad y tenemos que ser sometidos, no solo a que se nos investigue judicialmente sino a que esa información sea brindada a la prensa”, concluyó.