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Google anunció la creación de un "consejo de expertos" -cuyos miembros serán dados a conocer hoy- para hacer frente a la aplicación del "derecho al olvido", "una tarea gigantesca" para la cual ya recibió más de 70.000 peticiones de eliminación de links de 250.000 sitios. Así lo informó hoy el vicepresidente senior de Google, David Drummond, en un artículo de opinión en el que manifestó el desacuerdo de la empresa con el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El consejo de expertos buscará hacer frente a las dificultades que la empresa experimenta a la hora de encontrar el equilibrio entre las solicitudes de eliminación recibidas y el interés público de ciertas personas, cuya información no debe ser borrada. "Los motores de búsqueda de Europa se enfrentan a un nuevo reto -uno para el que sólo hemos tenido dos meses para dilucidar cómo encararlo. El desafío es descifrar qué información debemos omitir de manera deliberada de nuestros resultados", comienza el escrito publicado bajo el título "En busca del balance correcto".

El fallo por el nuevo derecho

En el pasado, según Drummond, Google eliminaba de sus resultados de búsquedas aquellos enlaces a "contenidos pirata", información personal como datos bancarios, malware e imágenes de abuso sexual infantil, entre otros materiales de una "lista muy corta". Pero, a partir del fallo del Tribunal Europeo, "las personas tienen el derecho de pedir que se elimine información de los resultados de búsqueda que incluya su nombre y que sean considerados `insuficientes, irrelevantes o ya no relevantes, o excesivos`", explicó.

En efecto, el 13 de mayo el TJUE determinó que los buscadores de Internet deberán eliminar de sus listas de resultados los enlaces que llevan a datos personales en páginas web publicadas por terceros cuando el afectado por esos datos lo solicite por considerar que los mismos lo perjudican, y estableció una excepción para los casos de las personas públicas sobre las que exista un "interés especial" por parte de los ciudadanos.

Drummond destacó que la compañía está haciendo su "mejor esfuerzo por cumplir rápida y responsablemente" con el fallo, aunque subrayó que se trata de "una tarea gigantesca" ya que recibieron desde mayo, "más de 70.000 peticiones de eliminación que abarcan más de 250.000 sitios web". El ejecutivo explicó que muchos casos recibidos "destacan los difíciles juicios de valor a los que los motores de búsqueda y la sociedad europea se enfrentan ahora: ex políticos quieren eliminar artículos que critican sus políticas durante el cargo; delincuentes peligrosos y violentos piden que se borren artículos sobre sus crímenes; malas críticas a profesionales, como arquitectos y maestros; comentarios que las propias personas han escrito sobre ellas mismas (y de los que ahora se arrepienten)".

Recomendaciones para casos difíciles

"En cada caso, alguien quiere ocultar información, mientras que otros pueden argumentar que debiera ser pública", opinó. Además, indicó que la empresa hace "lo posible por ser transparente sobre el proceso de eliminación". "No podemos ser específicos acerca de por qué hemos eliminado la información, ya que esto podría violar los derechos de privacidad del individuo bajo la resolución del tribunal", remarcó.

Por estos motivos, el consejo de expertos elaborará informes públicos con recomendaciones para la eliminación de enlaces en "casos difíciles". "El consejo solicitará evidencia y recomendaciones de diferentes grupos, y celebrará reuniones públicas en otoño a lo largo de Europa para examinar estos temas con mayor profundidad", informó Drummond. Los miembros, que serán anunciados hoy, pertenecen al "mundo de la academia, de medios de comunicación, de protección de datos y del sector tecnológico", sostuvo.

La excepción periodística

Por otro lado, el directivo consideró que el fallo no le permite a los buscadores una "excepción periodística", por lo que si el sitio web de un diario publica un artículo sobre una persona de forma legal, puede pasar que incluso Google no pueda mostrar el enlace en los resultados. "Es casi como decir que un libro puede permanecer en la biblioteca, pero no puede ser incluido en el catálogo de fichas de la biblioteca", graficó, y añadió que "es por estas razones que no estamos de acuerdo con el fallo".