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El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió el procesamientos de altos jefes policiales de la Policía Metropolitana y la Federal que estuvieron a cargo del operativo conjunto que desalojó violentamente el Parque Indoamericano en diciembre de 2010 y causó tres muertes. También pidió el procesamiento de otros 25 oficiales de la Metropolitana que efectuaron “disparos letales”.

 

La presentación se realizó ante la jueza Mónica Berdión de Crudo. Desde el CELS aseguran: “Está probado que la Metropolitana actuó en coordinación y bajo la dirección de los jefes de la Policía Federal, y tuvo un accionar violento y de descontrol en el uso de la fuerza letal”. “Su accionar ilegal, a su vez, incluyó el despliegue de efectivos sin uniforme, el uso abusivo de disuasivos químicos y el disparo de cerca de 600 cartuchos antitumulto”, expresaron.

 

Entre los altos jefes policiales a los que se pidió el procesamiento por “homicidio y lesiones culposas” se encuentran cuatro de la Policía Metropolitana y tres de la Federal. Los comisarios Claudio Serrano, César Menardi y Alberto Ojeda, y el superintendente de seguridad Miguel Ciancio, son los efectivos de la Metropolitana a los que se les pide el procesamiento.

El pedido recae también sobre los entonces comisarios federales Hugo Lompizano -en aquel momento jefe de la Dirección General de Operaciones y actualmente separado de la fuerza-, Juan Quintero -jefe de la Circunscripción VIII- y Emilio Miragaya -titular de la comisaría 36-. “Fueron los que impartieron las directivas sobre el operativo a federales y metropolitanos”.

 

También se solicitó el procesamiento de otros 25 oficiales de la Metropolitana y de ocho agentes de la Federal. Entre ellos se encuentra Ricardo Ferrón, comisionado mayor, también involucrado en la represión en el Hospital Borda y en la Villa 31 en 2013. A otros ocho policías federales se les pidió el procesamiento pero por “abuso de armas”.  En el escrito presentado ante la jueza se pide además el sobreseimiento de otros 28 efectivos que “no tuvieron responsabilidad en las muertes y heridas”. 

 

Para el CELS “quedó clara la nula voluntad del Gobierno porteño en el esclarecimiento de uno de los hechos más graves en los que intervino la Policía a su cargo” porque “todos los metropolitanos investigados permanecen en funciones y sus abogados tienen domicilio constituido en el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires”.

 

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2010. Bernardo Salgueiro, un joven paraguayo de 22 años que vivía en la Villa 20, y sus vecinos, Rossemary Chura Puña y Emiliano Canaviri Álvarez, oriundos de Bolivia, murieron cuando unos 200 efectivos de la Policía Federal y 250 de la Metropolitana participaron de un operativo para desalojar a cientos de familias que habían improvisado construcciones precarias en un reclamo de viviendas en el Parque Indoamericano, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. El CELS representa a los padres de Rossemary. En la causa aún se espera se realice la indagatoria al entonces jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, solicitada por el fiscal Sandro Abraldes.