Infojus Noticias

El secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, inauguró la cuarta conferencia del ciclo organizado por el sello editorial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en la 40º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Afirmó que “es un momento referencial, porque conjuga toda una dinámica de trabajo que venimos realizando hace ya tres años y medio” y destacó “el esfuerzo de los trabajadores del Sistema Argentino de Información Jurídica, hoy representados en el sello editorial Infojus, en la agencia Infojus Noticias y en toda la Subsecretaría de Acceso a la Justicia”.

A la actividad asistieron también la subsecretaria Florencia Carignano y la directora nacional María Paula Pontoriero, a cargo de las dependencias que ponderó el secretario de Justicia. Álvarez compartió el panel con la jueza del Tribunal Superior de Justicia a cargo de la revista de Filosofía del Derecho de Infojus, Alicia Ruiz; el docente e investigador a cargo de la publicación de Derechos Humanos, Sebastián Rey; y la abogada Ángela Rosalía Mora. La conferencia abordó la “justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales”, y fue la anteúltima del ciclo.

Álvarez insistió en que las revistas “son producto de una cadena de trabajos realizados en Infojus”. Y explicó que permitieron “establecer un buen sistema de contenidos en términos de jurisprudencia, de doctrina y de legislación; un nuevo sistema de búsqueda de esos contenidos; una agencia de noticias, que genera contenidos diarios y donde se cuenta lo que pasa en la Argentina a nivel jurídico, pero de una forma lisa y llana para que pueda ser abordada por toda la sociedad”.

Expresó que ya son una veintena los títulos publicados por la editorial, a dos años de su lanzamiento, y que hay treinta puntos de distribución en todo el país. “Esos puntos también son espacios de interlocución con la sociedad jurídica, donde otras realidades se expresan y se interrelacionan”, agregó. Recordó cuando se lanzó la biblioteca digital de la Corte Suprema, hace tres años, en donde se digitalizaba un libro cada veinte días, y lo comparó con el desarrollo actual de SAIJ, que “digitaliza treinta libros por día”.

Aseguró que “hoy Infojus se encuentra institucionalizado como política de Estado en este gobierno nacional, y va a trascender a las corrientes políticas que gobiernen el país en el futuro”. Planteó que “no tiene vuelta atrás, porque la red colectiva que la sostiene ya es indisoluble”, y resumió: “Lo que se intenta es tener un derecho que no sea opaco, que pueda ser conocido por todos, discutido, debatido”. Sostuvo que “la esencia y el motor de Infojus es el poder ser escuchado, la pluralidad de voces”, y concluyó que “ese es el corazón de la editorial, la agencia de noticias, la dirección nacional; y ahí está el futuro promisorio de nuestro sistema de información jurídica y del sistema jurídico del siglo XXI”.

En el cierre, adelantó que se espera la sanción del Digesto Jurídico Argentino para el 21 de mayo, y agregó que “los proyectos del Código Civil y Comercial, el Penal, el Contencioso Administrativo, el Procesal Penal, así como estas revistas y esta editorial, producen debates que aportan a la transformación del conocimiento”. Enmarcó ese proceso en la democratización de la justicia y aseguró que “no es algo que se pueda ver tangible de un año para el otro, sino un proceso muy profundo que radica en una nueva visión de la Argentina del siglo XXI”.

“Hay una disputa por la hegemonía del sentido en el campo jurídico”

Alicia Ruiz cerró la conferencia. La jueza del máximo tribunal de la ciudad de Buenos Aires planteó que “detrás de la idea de darle poca importancia a la filosofía y la teoría del derecho, está el modelo de profesional que se intenta formar en las universidades”. Expresó que así, la academia intenta formar abogados “con poca posibilidad de percibir la complejidad del fenómeno de los derechos humanos y del mundo en que vivimos en general”.

La investigadora y docente reconocida por su trayectoria en la Filosofía del Derecho afirmó que “hay una discusión política e ideológica, una disputa por la hegemonía del sentido en el campo jurídico”. Y agregó que “hace que las teorías críticas estén retrasadas en la aplicación del campo de la dogmática, y mucho más en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales.

Ruiz dijo que los jueces “tienden a ver de qué modo pueden soslayar lo que los tratados y convenciones internacionales disponen”, y aseguró que “es un problema cuyas consecuencias pagan los desclasados”. La jueza, que integra el colectivo Justicia Legítima, bromeó al referirse a la familia judicial, y generó las carcajadas de un auditorio repleto: “Yo descreo bastante de ella. La orfandad a veces es mejor que la pertenencia fuerte a una gran familia”.

Ante un público que desbordó la sala Adolfo Bioy Casares de la Feria del Libro, sentenció que “cuando los jueces deciden acercad e un derecho consagrado en un texto constitucional o en un tratado internacional, están diciendo mucho más que si un derecho tiene o no efectividad en ese caso concreto”. Y concluyó que “desde el campo de la filosofía y la teoría del derecho, hablar de derechos humanos es hablar de la relación entre política, poder, ideología y discurso”.

“Hacía falta una revista gratuita sobre Derechos Humanos”

El docente e investigador Sebastián Rey apuntó contra los abogados y jueces que son producto de la academia tal como fue concebida hasta la actualidad, y aseguró que “tienen un déficit de formación en derecho internacional en general y sobre derechos humanos en particular, y no hay un fuero específico para eso". Ante ese escenario, destacó el rol de la revista de Derechos Humanos de Infojus y dijo que “hacía falta, porque junto a una de Brasil, son las únicas revistas gratuitas en todo el mundo” que abordan esa temática.

Citó un fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño que abordó el derecho a la vivienda, y criticó el voto del juez José Osvaldo Casás. “Describió a los paradores del Gobierno de la ciudad casi como si fueran el Hilton”. Y como respuesta, planteó que "sería bueno que todos los jueces conocieran de cerca todo aquello sobre lo que deben resolver, que tengan contacto con las partes y conozcan las condiciones de lo que están decidiendo”. “No creo que Casás haya ido a un parador antes de resolver ese caso”, ironizó.

"La legitimidad democrática atribuye a los poderes Ejecutivo y Legislativo la potestad de determinar prioridades sobre las cuales abordar la política pública, y las convenciones internacionales establecen un nivel esencial de derechos económicos, sociales y culturales que deben ser garantizados por el Estado, aún en los peores momentos de crisis”, desarrolló Rey. Y criticó que “ante un litigio, muchos jueces miden la vara del derecho en función de ese nivel esencial y no de lo que el Estado está en condiciones de garantizar de acuerdo a su realidad".

La abogada Ángela Moraafirmó en la misma línea que "las teoría pragmático institucionalistas, llevadas al extremo, parten de la premisa de que no se puede reclamar más de lo contenido en la Constitución”. Y explicó que "según esa lógica, se puede intervenir pero no más de lo exigible de acuerdo al derecho positivo”. Llevó el ejemplo hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación y resumió: “se ha permitido retacear el acceso a determinados derechos económicos, sociales y culturales con la temida ‘plancha del 280’ con la que desestima los recursos”.