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El juez comercial Hernán Papa escuchó los argumentos de los abogados de la empresa Snowy Sociedad Anónima, que reclama que el Banco Central pague los Bonos de Absorción Monetaria (BAM), que emitió la última dictadura como parte del proceso de estatización de la deuda externa privada. También analizó la explicación de los abogados del Grupo Gotelli que, en el pasado, quedó involucrado en la caída de un banco, en una maniobra que incluyó a esos mismos títulos públicos. Con toda esa información sobre la mesa, tomó, en las últimas horas, dos decisiones centrales: abrió un incidente de investigación sobre la sociedad asentada en Uruguay y decidió diferir la resolución del planteo de fondo (el pago de los bonos) hasta que culmine una investigación que tiene en marcha la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).  

Además, aceptó al Banco Central como parte en la causa e informó al Ministerio Público Fiscal del curso del expediente, que tramita en el Juzgado Comercial N° 12. Las medidas fueron tomadas al término de la audiencia que se realizó, el martes por la mañana, para conocer en detalle los planteos y reclamos de cada una de las partes. Snowy, que en 2008 registró domicilio en San Isidro, reclama el pago de más de 300 mil dólares.

Lo que volvió a quedar sobre la mesa del juzgado fue la historia de esos bonos: los entregó la dictadura en el proceso de estatización de deuda (Decreto N° 1.335, del 26 de noviembre de 1982), una parte de ellos quedaron en manos del Grupo Gotelli –que, desde 1980, fue tomando el control  del Banco de Italia y Río de la Plata–, las empresas del grupo tomaron créditos del banco y presentaron como garantía esos títulos.

Entre las empresas del Grupo Gotelli que fueron beneficiadas por la refinanciación de sus deudas se encuentran las sociedades anónimas Intercambio, Edificadora Notilam, Armeca, Gobenia, Inversora Interamericana, Propiedades y Alquileres, Compañía Interamericana de Finanzas, Quebren y Corpinmobil.  También Sebastián Badaracco S.A., que finalmente quebró. El Banco de Italia y Río de la Plata sólo estuvo cinco años dentro de la órbita del Grupo Gotelli: fueron sus años finales.

En un informe de diciembre de 1985, el titular del Centro de Estudios Penales del Banco Central, el penalista David Baigún, que debía llevar adelante “investigaciones empíricas sobre los delitos financieros”, describió cómo esos bonos fueron utilizados para concretar la maniobra de toma de financiamiento intragrupo. “Basta sólo observar el nombre de los firmantes que representan a las cinco sociedades (Ricardo Pablo Gotelli, Miguel Gotelli y Luis María Gotelli (h)) para advertir la orquestación del manejo”, sostuvo.

“Desde que se produjo la intervención del Banco Central, el Grupo Gotelli trata de convalidar las disposiciones de estos cinco convenios de refinanciación con la intensión evidente de estructurar una imagen distinta de la que surge del comportamiento delictivo y con el afán visible de ubicar estos ‘acuerdos’ dentro del marco de la juridicidad”, afirmó Baigún y advirtió que cancelar esos BAM permitirían perfeccionar esa maniobra.

PW/LL