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En la cuarta jornada del juicio político contra el fiscal José María Campagnoli, el Tribunal de Enjuiciamiento rechazó el pedido de la acusación de incorporar nueva prueba y testimonios. Ayer los fiscales habían insistido para incorporar al jury el "álbum de fotos" -1500 fotos de vecinos del barrio de Saavedra, muchos de ellos menores- y pidieron tomar testimoniales a tres personas (la fiscal Cristina Caamaño, Lucia Orsetti y María Gutiérrez) “para que se dé cuenta de la prácticas que se hacían en la fiscalía”. El rechazo de hoy al pedido tuvo los mismos argumentos que se informaron el 16 de junio: "Se trata de un planteo extemporáneo". El único que votó en disidencia fue el presidente del Tribunal, Daniel Adler, que compartía los fundamentos de los fiscales.

El próximo martes y miércoles, luego de la lectura de las testimoniales faltantes, será el turno de los alegatos y de la sentencia en caso que así lo decida el tribunal.

En esta cuarta audiencia desfilaron ante el tribunal el abogado Maximiliano Rusconi; los fiscales Oscar Ciruzzi y Mirna Goransky y Juan José Taboada, empleado de la fiscalía N° 10, que fuera subrogada por Campagnoli. Finalmente la defensa del fiscal desistió del testimonio del abogado Alberto Bovino.
 
El primero en declarar fue Ciruzzi, que conoce a Campagnoli desde el '86. Fue convocado por la defensa: "A través de lo que puedo ver en los medios las causas están tratadas bien", dijo en relación a la tarea del fiscal Campagnoli.
 
Taboada fue el segundo en tomar la palabra. Villate y García Berro lo interrogaron sobre la causa que se llevó adelante en el juzgado Federal N° 7 y que llegó allí luego de que se declarara la incompetencia de la justicia de instrucción. Fue consultado sobre las firmas que allí había de actuaciones en una causa que tramitaba en la fiscalía 10. Muchas de ellas pertenecían a un secretario pero no de la fiscalía donde estaba la causa sino de la fiscalía de Saavedra, Ignacio Rodríguez Varela. "¿Por qué firma Rodríguez Varela?", preguntó García Berro. "Porque se habrá labrado el dictamen en la fiscalía de Saavedra, en el despacho de Campagnoli", contestó.  Es decir que concentraba en su fiscalía causas de otra fiscalía.
 
Después, al ser consultado por la defensa sobre el trato del fiscal suspendido con los empleados de la fiscalía donde trabajaba dijo: "El trato era amable y correcto para conmigo y los empleados". La defensa intentó comprobar que el tratamiento realizado en la causa era "más práctico" y estaba dentro de lo normal.
 
En tercer lugar declaró Rusconi, también en calidad de testigo de concepto de la defensa de Campagnoli. Su declaración fue técnica. Centró sus dichos en las facultades de investigación de los fiscales. Además relató como "positivo el poder realizar una investigación amplia". Tiene que ver con una de las acusaciones que el fiscal suspendido posee con respecto a investigar cuestiones que no tienen que ver con el objeto de la causa.
 
La última de las declaraciones fue la de la fiscal Mirna Goransky, que es amiga de Campagnoli desde hace 20 años. Además de contar como conoció al fiscal relató cómo se elaboró “el recurso de consideración” que el fiscal presentó luego de que sea removido de la subrogancia que ejercía en la fiscalía N° 10. Ella lo corrigió según explicó al tribunal. “Si yo no hubise esto enojada le hubiese bajado el tono”, dijo la fiscal. Es que una de las acusaciones contra Campagnoli tiene que ver con la "actitud desafiante frente a las instituciones”.”No esta bien lo que hizo”, dijo. En el resto de su declaración llenó de elogios al fiscal: “Es alguien que no tiene nada que ocultar” dijo y agregó que “admira la mística que logra en su lugar de trabajo.
 
Un dato curioso de esta cuarta jornada fue el arribo de tres camaristas del fuero Criminal y Correccional Nacional. Se trata de los jueces Marcelo Lucini, Alberto Seijas y Juan Cicciaro quienes durante un cuarto intermedio conversaron en los pasillo con la defensa del fiscal suspendido y con el mismo Campagnoli.
 
Otro pedido de la fiscalía que también fue rechazado por el tribunal fue un pedido para ampliar el requerimiento fiscal. “A espaldas del doctor Casanello, empleados del doctor Campagnoli tomaron copias y efectuaron presentaciones”, dijo García Berro, aclarando que se “duplico una causa que se encontraba en la justicia federal”. Esto no fue incorporado al juicio político.
 
El Tribunal de Enjuiciamiento pasó a cuarto intermedio hasta las 17. Después debían leerse las declaraciones testimoniales presentadas por la defensa de Campagnoli: las del fiscal Guillermo Marijuan, y las juezas de instrucción Wilma López y María Gabriela Lanz. Esta última estuvo a cargo de la investigación por la que a Campagnoli se le endilga haber cambiado el objeto procesal de una causa. Pero luego del intermedio el tribunal decidió suspender la audiencia hasta el martes que viene donde se leerán, principalmente, las declaraciones de Marijuan y de Lanz.   
 
Para esta jornada la mayoría de los testigos fue convocada por la defensa que llevan adelante Ricardo Gil Lavedra e Ignacio Irigaray. Sólo uno de los convocados a declarar hoy es un testigo presentado por los acusadores, Marcelo García Berro y Adolfo Villate. Los fiscales finalmente desistieron de la declaración de Vanesa Varela, empleada de la fiscalía de Saavedra, pero debe concurrir.
 
Después de la denuncia que realizó Campagnoli a partir del programa PPT sobre el caso Lázaro Baez, considerada fuera de su competencia y derivada a la justicia federal, reflotó en la fiscalía 10 (donde subrogaba) una causa por extorsión en la que Federico Elaskar, entrevistado en aquella nota para el programa PPT, había sido denunciado por sus socios de la financiera SGI por defraudación.
 
El expediente dio un giro casi total y Elaskar pasó de ser investigado a tener el papel de víctima de una extorsión. Esta es una de las acusaciones que se le plantean al fiscal suspendido. De la acusación se desprende, además, que Campagnoli no siguió investigando la extorsión sino que su investigación apuntaba más que nada al delito de lavado, que no es competencia de un fiscal de instrucción (es un delito federal que estaba siendo investigado por la Justicia Federal).