Se trata de un álbum fotográfico confeccionado con 1.500 imágenes de vecinos del barrio Mitre de Saavedra. La Comunidad Homosexual Argentina presentó una denuncia en Procuración. El gremio ATE-CTERA también repudió la existencia de ese banco de datos.
La Comunidad Homosexual Argentina (CHA) presentó ayer ante la Procuración General de la Nación una denuncia contra el fiscal suspendido José María Campagnoli "por la utilización en casos jurídicos de un álbum de más de 1.500 fotos de personas en las que están incluidos travestis y trans". Se trata del archivo que la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) encontró en el despacho del operador judicial y remitió a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó. Las trabajadoras y trabajadores de la educación de UTE-CTERA también repudiaron la existencia de este banco de datos.
En la denuncia que lleva la firma de César Cigliutti, presidente de la CHA, piden que se investigue la violación a la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326. “Solicitamos asimismo, para el caso que usted considerara viable, dar aviso y remitir copia de la evidencia de lo aquí denunciado al Defensor del Pueblo para que proceda la acción de protección de datos”, dice el escrito. Le pidieron a la jefa de los fiscales que se investigue a Campagnoli en el plano judicial y, también, administrativo.
El organismo hace hincapié en la prohibición para realizar tratamiento y almacenamiento de datos que directa o indirectamente revele datos sensibles de personas identificadas o identificables. La CHA define como dato sensible a toda clase de información referida a la vida sexual de las personas, entre otros. Una de las preocupaciones de la ONG es que se compruebe si el banco de imágenes incluyó datos sobre personas que se encuentran en estado de prostitución o en ocasión del “ejercicio del trabajo sexual” o de oferta y demanda de sexo de manera no ostensible en la vía pública.
“Es necesario poner en relieve el potencial peligro que representa para cualquier persona, especialmente para las personas travestis, transexuales y mujeres en situación de extrema pobreza, en tanto colectivo de extrema vulnerabilidad y que debe padecer la estigmatización social a causa de prejuicios aún hoy vigentes en nuestra sociedad, cualquier acto que implique restricción o debilitamiento del derecho al honor y el derecho a la intimidad”, dice el documento.
“Esperamos que la denuncia presentada ponga justicia al sistema judicial”, dijo Cigliutti. Y agregó: “tenemos una larga experiencia de casos donde fiscales y jueces expresan su postura discriminatoria por nuestra orientación sexual e identidad de género. El registro fotográfico del fiscal José María Campagnoli de personas travestis y trans atenta contra el derecho de que no debe existir información sobre la vida sexual de las personas. Esto está sólidamente argumentado en nuestra presentación.”
Tras la denuncia, Pedro Paradiso Sottile, secretario y coordinador del Área Jurídica de la CHA, destacó: “desde hace más de 30 años luchamos contra toda forma de persecución, discriminación y exclusión de las personas LGTBI, históricamente vulneradas en sus derechos por la orientación sexual, identidad de género y sus diversas expresiones". La CHA tomó conocimiento de la existencia de este banco de datos a través de las notas publicadas en el diario Página 12. De inmediato prepararon la presentación.
La preocupación por los niños
Las trabajadoras y trabajadores de la educación de UTE-CTERA repudiaron, a través de un comunicado de prensa, la existencia de este archivo fotográfico del fiscal que hoy enfrenta un juicio político. “Expresamos nuestra preocupación por los hallazgos publicados en los medios de comunicación, relativos al suspendido fiscal José María Campagnoli”, dice el texto.
El sindicato puso el foco sobre la posible vulneración de derechos de los menores de edad y, en el escrito difundido, citan a la ley 26.061 –ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes- y en la ley 114 –ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad de Buenos Aires-.
“El artículo 22 de la ley nacional establece la prohibición de la exposición, difusión o divulgación de datos, informaciones o imágenes que permitan identificar a niños/as y jóvenes en contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se lesionen su dignidad o reputación”, destacan. También nombran a la Convención sobre los Derechos del Niño y otros compromisos internacionales que Argentina ha asumido en materia de infancia.