Brian Núñez, un joven que sigue privado de su libertad, asistió hoy a la audiencia donde se condenó a tres penitenciarios que lo torturaron y a un agente que omitió hacer la denuncia. "El fallo es histórico y sienta precedente", dijo la coordinadora del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos "Dr. Fernando Ulloa".
El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenó a cuatro de los siete agentes del Servicio Penitenciario Federal acusados del delito de torturas físicas y psíquicas en 2011 a Brian Núñez, un joven que por entonces tenía 20 años y estaba privado de su libertad en el Establecimiento Anexo V del Complejo Penitenciario Federal para Jóvenes Adultos. Los condenados deberán cumplir entre 8 y 9 años de prisión. Con este fallo se sentó un precedente jurídico: es la primera vez que se condena por el delito de torturas a miembros del SPF. Los otros tres imputados fueron absueltos. La Procuración Penitenciaria de la Nación litigó como querellante en la causa, y Brian Núñez estuvo representado por la Defensoría General de la Nación (DGN).
Los agentes penitenciarios acusados de agredir a Brian eran cuatro: Juan Pablo Martínez (jefe de turno), Roberto Cóceres, Víctor Guillermo Meza y Javier Enrique Andrada. Martínez recibió la pena más alta: el tribunal le dio nueve años y seis meses por considerarlo coautor de torturas. Cóceres y Meza fueron condenados a 8 años y seis meses de prisión, y Andrada (de la sección "requisa") resultó absuelto. Es el agente que Brian no reconoció en las fotos, aunque en el transcurso del proceso habían aparecido otras pruebas.
Los otros tres penitenciarios estaban acusados de haber omitido la denuncia por los hechos de tortura: Juan José Mancel, el jefe de día del complejo, resultó el único condenado entre ellos, con dos años de prisión en suspenso; mientras que Ede Martín Vallejos (celador del pabellón donde empezó la tortura) y Juan Fernando Morinigo (requisa) -que sigue trabajando donde ocurrieron los hechos- resultaron absueltos. El 30 de junio se darán a conocer los fundamentos de la sentencia. El Tribunal también dictó la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos para todos los condenados.
Laura Vázquez, la coordinadora de la asistencia a familiares y víctimas de violaciones de derechos humanos sufridas en contextos democráticos del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos "Dr. Fernando Ulloa" -depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación- estuvo cerca de Brian y de su familia durante el proceso que terminó hoy, con la condena a un grupo de penitenciarios.
“El fallo es ejemplar, por primera vez se condena por torturas a miembros del Servicio Penitenciario Federal”, -dijo- y aclaró que, si bien hay sentencias por torturas seguidas de muerte, esta sienta precedente para los casos en los que las víctimas siguen con vida.
Laura Vázquez explicó a Infojus Noticias que Brian en estos momentos está privado de su libertad en la Unidad Penitenciaria de Ezeiza y que está a “resguardo” por las constantes amenazas y agresiones que sufrió dentro de los penales en los que estuvo después de que denunciara a quienes lo torturaron.
Liliana Valenzuela, la madre de Brian, inició la denuncia el 20 de julio de 2011 ante la Procuración Penitenciaria de la Nación, apenas supo lo que le había pasado. Hoy estuvo junto a su hijo y celebró la sentencia: "Fue un día tenso, raro, pero tenía fe. Estábamos con mis hijos, nerviosos, dándole aliento a Brian. Se hizo justicia. Es la primera vez que un chico que fue torturado logró una condena y llegó vivo al juicio. Lo pude abrazar. Otras madres no tuvieron esa suerte", dijo. Y agradeció a todos los organizaciones que la acompañaron y asesoraron en estos años, "al principio estaba destrozada y no sabía cómo moverme. Pero muchas personas me ayudaron. Hoy digo: es importante no dejarse pisotear, hacer la denuncia. La Justicia cumplió".
En la audiencia de hoy Brian estuvo presente y lloró al escuchar las condenas a los penitenciarios. Lo acompañaban, además de su mamá, familiares, amigos, organizaciones y funcionarios. Entre ellos, Victor Hortel, ex director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, en pleno ejercicio de sus funciones al momento de los hechos. "La contundencia de su relato puso de manifiesto que desde su gestión se tomaron todas las medidas que se entendieron pertinentes y preventivas en lo que atañe a una investigación interna eficaz, la colaboración debida con el juzgado instructor y prioritariamente, se procuró poner a resguardo la integridad física y psíquica de quien resultara víctima de graves violaciones a los derechos humanos, el joven Brian Oscar Núñez", informó un comunicado de la Procuración.
En la sala de audiencias también estuvieron Miriam Medina y Raquel Witis (madres de Sebastián Bordón y Mariano Witis, víctimas de la violencia institucional), Gustavo Melmann (padre de Natalia, la adolescente aseinada en Miramar en 2001), el diputado nacional Leonardo Grosso, impulsor de la Campaña contra la Violencia Institucional; Abel Córdoba, de la Procuraduría de Violencia Institucional , representantes del Observatorio contra la Violencia Institucional de la UBA, representantes del CELS (centro de Estudios Legales y Sociales), y los concejales Julian Ríos (San Martín) y Cristina Rodriguez (Morón).
Cuando Brian salió de la sala de audiencias para regresar a la unidad penal, muchos de quienes habían asistido al juicio o esperaban afuera lo alentaban: "Estamos con vos", le gritaban.
Los hechos
MEL y JC/MEL