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El jury al juez provincial Pedro Hooft ingresa en su última etapa: hoy se escucharán los alegatos. La acusación basará su argumentación en las pruebas documentales sobre los “incumplimientos funcionales” de Hooft: archivó hábeas corpus sin tener la respuesta de las Fuerzas Armadas y no informó sobre la muerte de los detenidos-desaparecidos ni reclamó su cuerpo al Ejército (como en el caso del abogado Jorge Candeloro). Además cerró las causas penales por secuestro sin citar a los testigos. Como pruebas documentales se presentaron esos mismos trámites, fechados en 1977 y relacionados con la “Noche de las corbatas”.

Por su parte, la defensa se concentrará en los antecedentes de Hooft en otros casos e insistirá con que existe un complot sostenido por los organismos de derechos humanos, la Secretaría de Derechos Humanos y un abogado marplatense. Lo que está en juego en este juicio político es la destitución del magistrado. Hasta ahora se amparó en sus fueros para no declarar en la causa penal por el secuestro y desaparición de los abogados laboralistas, iniciada hace siete años. 

Además del caso del matrimonio Marta García y Jorge Candeloro, la acusación argumentará sobre otros cinco hechos y causas judiciales en las que el magistrado –suspendido en sus funciones- “no cumplió” su rol. Pero el eje estará en la “Noche de las corbatas”, el megaoperativo en el que fueron secuestradas una docena de personas, varias de ellas abogados laboralistas como Norberto Centeno, Salvador Arestín, Hugo Alaiz, Camilo Ricci, Carlos Bozzi y Tomás Fresneda. Sólo sobrevivieron los abogados José Verde; Bozzi -declaró que tras su liberación lo citaron del juzgado de Hooft pero no fue- y Ricci -falleció sin contar a nadie lo que había ocurrido esas horas que pasó secuestrado-.

La acusación pedirá la destitución de Hooft por “no haber a actuado conforme las leyes lo obligaban a hacerlo”. Para ello se basará en las normas dictadas por la última dictadura cívico-militar y en la documentación sobre el Caso Candeloro (hábeas corpus archivado y respuesta del Ejército diciendo que el abogado había sido “abatido”). En uno de esos textos de la dictadura, fechado en 1977 y bajo el subtítulo “Proceder con los muertos por actos subversivos”, se dejaba en claro que se debía identificar al cadáver y remitirlo a la morgue judicial. Lo que la acusación remarcará, tal como lo hizo Marta García de Candeloro, es que Hooft no pidió el cuerpo del abogado ni le comunicó a la familia sobre su muerte. Además, señalarán sus “visitas a centros clandestinos” y harán pesar el testimonio de Marta García, quien dijo que lo vio durante una visita a la Comisaría Cuarta de Mar del Plata (donde había sido llevada como paso previo a su liberación, luego de ser torturada durante varios días en la Base Aérea), le gritó su nombre y el juez se fue del lugar.

Por su parte, la defensa de Hooft, encabezada por el abogado Héctor Granillo Fernández, insistirá –según el eje planteado desde el inicio del proceso- en que se trata de una “venganza” personal. “Están intentando llevar adelante un juicio político con falsas acusaciones”, dijo Lynette Hooft, una de las hijas del magistrado y principal vocera de la familia, en una entrevista radial. Esa es la principal línea argumental, que se apoya en una denuncia que se hizo recién el 15 de abril del año pasado –siete años después de la presentación de la querella penal- donde se señaló la existencia de una “asociación ilícita” ante la Cámara Federal de Mar del Plata. Según el equipo que defiende a Hooft, allí estarían actuando “miembros de la Justicia Federal, del Ministerio Público Fiscal y un abogado para el armado de la causa penal”.

Los abogados y familiares de Hooft, que explicaron la situación en los medios de comunicación, suelen centrarse en los antecedentes del magistrado en otros casos: condenas  por torturas a policías en 1976 o sus posiciones a favor de los derechos de presos alojados en la cárcel de Batán, en la primera mitad de los noventa. Pero no abundan en respuestas sobre las acusaciones puntuales que se dirimen ante el jurado que volverá a reunirse mañana en La Plata, bajo la presidencia del ministro de la Corte bonaerense, Juan Carlos Hitters.