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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se presentó como querellante en una causa contra la imprenta de capitales norteamericanos Donnelley, que dejó 400 trabajadores en la calle. El organismo pidió la detención de los directivos de la compañía, sospechados del Delito de Alteración del Orden Económico y Financiero y busca que la Justicia levante la quiebra de la empresa por considerarla “fraudulenta”.

Por la quiebra de la empresa hay tres expedientes en la Justicia. La primera causa, por la quiebra de la imprenta, está a cargo del juez en lo Comercial Gerardo Santicchia. La otra se inició a partir de una denuncia de la AFIP ante el Juzgado Criminal de Instrucción 2 para que se investigue la “quiebra fraudulenta”.

El organismo público también realizó una denuncia penal ante la Justicia Federal, en el juzgado del doctor Daniel Rafecas, por el delito de Alteración del orden económico y finaciero (Art 309 inc 1 del Código Penal, apartado a).

Además, la AFIP remitió a la Comisión Nacional de Valores todos los antecedentes para que accionen ante su par de Estados Unidos, la Securities and Exchange Commission (CNC). La denuncia por quiebra fraudulenta contra la multinacional Donnelley llegará esta semana al órgano de contralor bursátil de Estados Unidos. Así lo anticiparon anoche desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y precisaron que la presentación correrá por cuenta de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que detallará los antecedentes de la empresa que el pasado 9 de agosto solicitó su propia quiebra ante la justicia comercial pesa a tener un patrimonio neto de 38,5 millones de pesos y una reserva de utilidades para ser distribuidas por otros 20 millones de pesos.

Según el detalle que la CNV presentará ante la SEC, el pasado 9 de agosto, una asamblea extraordinaria de accionistas de la compañía, decidió presentar su propia quiebra, lo que fue avalado el lunes 11 por el juez Gerardo Santicchia. La decisión afecta a unos 400 trabajadores que denunciaron, además, que la empresa estadounidense estaba “desviando fondos a su casa matriz”

Tres días más tarde, es decir, el 14 de agosto, la AFIP se presentó ante la Justicia Comercial solicitando se revoque la quiebra por ser fraudulenta, y efectuó ante la juez Federal Daniel Rafecas, una denuncia penal contra los directivos de la compañía por el delito de “alteración el orden económico y financiero”.

En días subsiguientes, la AFIP amplió ante los diversos juzgados su presentación, aportando datos sobre la solvencia con que cuenta la empresa, entre ellas la de poseer un patrimonio neto de 38,5 millones de pesos “a pesar de que los inmuebles estaban valuados a valor libro, no a su valor real de mercado”.

Además, cuenta con 1,1 millones de dólares de reintegros pendientes a cobrar de parte de la propia Administración Federal de Ingresos Públicos “y que se están abonando”, destacó el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

La gráfica Donnelley está integrada por fondos de inversión como BlackRock, Capital World Investors y The Vanguard Group. Algunos de ellos tienen intereses en el desarrollo de la causa judicial que tiene el juez Thomas Griesa, que –a pedido de los fondos buitres, como NML Capital- ordenó el bloqueo del pago a los bonistas que aceptaron los dos canjes de deuda.

En tanto, la Comisión Interna de la gráfica Donnelley denunció que la empresa estadounidense “desde hace meses desvía millones de pesos a su casa matriz” y anticiparon que mañana se movilizarán al Juzgado Comercial 18 para reclamar el pago del salario y que se deje sin efecto la quiebra de la empresa.

“Denunciamos que, como se revela ahora en las presentaciones que realizó la AFIP, la empresa ha hecho préstamos fraudulentos y ficticios a su casa matriz ubicada en Estados Unidos”, aseguraron los trabajadores en un comunicado. “Ya cuando Donnelley presentó el plan preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo pretendiendo despedir a 123 trabajadores y reducir nuestro salario en un 40%, nosotros denunciamos que existía el pago de millones de pesos en intereses por préstamos, y gran parte de esos préstamos pertenecían a su casa matriz que tiene domicilio en los Estados Unidos”, sostuvo Jorge Medina, uno de los delegados.

El operario aseguró que de esta manera los directivos de la empresa “enviarían millones al exterior mientras acá nos decían que tenían crisis y debían despedir a trabajadores y bajarnos el salario”.

Por su parte, René Córdoba, otro de los delegados, recordó que son “más de 400 familias las que esta empresa quiso dejar en la calle, pero los trabajadores la pusimos a producir y a gestionarla por nuestra propia cuenta porque de ninguna manera vamos a admitir que estos buitres norteamericanos nos dejen sin trabajo”.

Finalmente, Medina destacó que “los trabajadores en asamblea votamos que ante estas maniobras fraudulentas de la empresa la única solución viable es la inmediata expropiación de la fábrica y su estatización bajo gestión de los trabajadores para ponerla al servicio de la comunidad imprimiendo libros, manuales y materiales escolares”.