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La Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá definir si la Policía Metropolitana puede o no ser equipada con las polémicas Pistolas electrónicas Taser X26, consideradas un instrumento de tortura por Amnistía Internacional y Naciones Unidas.

El gobierno de Mauricio Macri había sido autorizado a comprar las armas de electrochoque tras un fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño, emitido el 17 de marzo. Esa sentencia fue apelada esta mañana mediante un recurso extraordinario presentado por el Observatorio de Derechos Humanos con el patrocinio de la Defensoría General de la ciudad. En 36 paginas, el escrito denuncia que en el fallo del TSJ “existe una ausencia del tratamiento de la cuestión de fondo discutida: si las armas Taser son o no dispositivos de tortura".

Para autorizar la comprar las armas de electrochoque, el tribunal adujo cuestiones procesales. Sostiene que no había un "caso" para tratar; que el demandante e impulsor de la denuncia, Carlos Pisonino, actual subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, carecía de legitimación para actuar; y que no se podía presuponer que la Metropolitana usaría las armas sin un protocolo determinado.

“El TSJ se equivoca cuando dice que el uso de las Taser puede ser regulado por protocolo, cuando sabemos que tiene un potencial daño efectivo sobre grupos vulnerables, como las personas que padecen adicciones o consumen psicofármacos. Yo no creo que un efectivo policial pueda distinguir a estas personas, no le van a pedir la historia clínica antes de aplicar la pistola”, dijo a Infojus Noticias Luis Duacastella, Defensor General Adjunto en lo Penal y uno de los firmantes del recurso presentado hoy en conferencia de prensa.

"Cuando el gobierno porteño quiso comprar las Taser, incluía en el mismo pedido la adquisición 20 fusiles tácticos tipo Swat, que si fueron comprados. Esos fusiles, en vez de ser usados en tomas de rehenes, por ejemplo, se utilizaron en la represión del desalojo del Borda -contó Duacastella. Entonces el protocolo no me garantiza nada, en la historia de una policía que en lugar de ser la más joven y democrática fue la más represiva de Buenos Aires”.

Un arma que viola la Constitución

Los detalles del escrito fueron explicados en conferencia convocada la sede de UTE de la que participaron representantes del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional, H.I.J.O.S, APDH, Comunidad Homosexual Argentina (CHA), ATE (Germán Abdala), Comité de Salud, Ética y Derechos Humanos (CODESEDH), entre otras organizaciones sociales y de derechos humanos.

Fue un fallo político. El TSJ lo presentó en la semana del 24 de marzo, de alguna manera avalaba la tortura”, dijo Demián Konfino, abogado del Observatorio.

En febrero de 2010, Carlos Pisoni, actual subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, con el patrocinio del ODH, interpuso un recurso para tratar de impedir que el gobierno de Macri pudiera equipar con este tipo de armamento a su policía. La medida cuenta con dos fallos favorables en primera instancia. “Ambos fallos son contundentes”, explicó Konfino.

“El amparo no es para actuar ante un daño actual, sino ante un daño inminente. Es para prevenir. No podemos esperar a que pase una tragedia”, explica Konfino. “Con respecto a la legitimación o no de Pisoni, presentamos jurisprudencia que lo respalda”, agregó.

"La adquisición de las armas, obviamente para su uso por el personal policial, es violatoria de la Constitución Nacional, Tratados Internacionales y de la Constitución y de las leyes de la Ciudad, puesto contraría lo dispuesto por el Comité contra la Tortura", remarca el escrito que se apoya en jurisprudencia internacional y apunta a que la Corte trate el caso y revoque el fallo del tribunal porteño.

Según una investigación de Admistía Internacional en Estados Unidos, entre 2001 y 2007, murieron 269 personas tras recibir descargas de arma tipo Taser usadas por policías.

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