Infojus Noticias

Para Jorge Auat, fiscal general a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, hablar sobre el Día de la Memoria es pensar en un día histórico para los derechos civiles. “El gran logro de la década es pensar la memoria desde un ángulo social. Cuando uno habla de memoria habla de la víctima resignificada, la víctima en su rol de mensaje permanente”, dijo en una entrevista con Infojus Noticias. Las cifras de los juicios por lesa humanidad, en el presente, reflejan una incesante actividad en todo el país: 560 imputados y más de 1000 represores procesados. Ponderó, así, a los derechos humanos como política de Estado y llamó a entender la dictadura militar como “un proceso integral que comprende una interpretación de las múltiples relaciones de las fuerzas armadas con la sociedad”.

Más allá de los avances de los juicios, Auat se mostró preocupado con los procesos que indagan sobre la complicidad civil. Dijo que es “la gran materia pendiente”. Por eso hace unas semanas se reunió con fiscales que intervienen en todo el país en procesos por delitos de lesa. Una serie de medidas adoptadas por diferentes tribunales "auguran tiempos de impunidad para quienes deben dar cuenta ante la Justicia por sus acciones", señaló Auat. Y mencionó varios ejemplos en ese sentido: la negativa de la Corte Suprema a considerar los crímenes cometidos contra soldados durante Malvinas como delitos de lesa humanidad; la falta de mérito a los empresarios Vicente Massot, en Bahía Blanca, y Carlos Blaquier, en Jujuy; y la negativa a llamar a indagatoria a los responsables del desapoderamiento de Papel Prensa.

-¿Por qué siguen existiendo dificultades para avanzar en la investigación de las complicidades civiles?

-No es algo nuevo: son obstáculos que se repiten desde que empezaron los juicios de lesa humanidad. Hay que entender que estamos juzgando, como política de derechos humanos, a uno de los crímenes más atroces de la historia argentina. En los años de la dictadura hubo un plan sistemático, con torturas y vejaciones de todo tipo, y un terrorismo de Estado con alcances superlativos. La cantidad de actores que intervinieron es inmensa, y la complicidad de empresarios, del Poder Judicial, de los medios de comunicación, es notoria. No habría existido golpe de Estado sin la activa participación de ellos. Y son actores que siguen teniendo poder e influencia en la sociedad y se resisten a ser juzgados.

-Hay un amplio consenso cuando se juzga a los militares. Pero cuando otros intereses son puestos en juego, pareciera que la justicia pone trabas.

-Es difícil avanzar en terrenos que siguen operando para mantener la impunidad. Eso existe tanto dentro del aparato judicial como en las corporaciones empresarias. Cuando hablamos de terrorismo de Estado, no podemos pensar solamente en lo que pasó en los cuarteles. Acá se puso en juego el Estado y todos sus recursos, participaron sectores económicos, judiciales, políticos, periodísticos vinculados a un proyecto de sociedad, no sólo a un proyecto militar y económico. El tema de la víctima es fundamental. Cuando pensamos en la investigación de los delitos de lesa miramos el pasado desde el presente, desde cómo se fue resignificando la memoria. Si la perdemos, se acrecienta la posibilidad de reiterar el horror. El ejercicio de la memoria obtura la reaparición del horror. Eso es lo que tenemos que entender como sociedad cuando se habla de dictadura cívico militar.

-¿La justicia entendió que hay que tener una comprensión amplia del fenómeno para conocer a la totalidad de los responsables?

-El ejercicio de la memoria exige una investigación del crimen en su totalidad. Los procesos de verdad y justicia quebraron las leyes de impunidad, pero la justicia aún no comprendió la idea cabal de la dimensión del horror. Para nosotros, cuando se habla de terrorismo de Estado, estamos hablando de Videla, de Massera, pero también de los sectores que apoyaron y se involucraron en los crímenes de masas. Y esos sectores, lamentablemente, ponen trabas al avance de las investigaciones. A eso lo denominamos como “nichos de impunidad”. Son los sectores más poderosos, que son los grupos económicos y del aparato judicial, que se protegen porque saben que si cae uno, caen todos, como fichas de dominó. Hay evidencias claras que no admiten discusión. La cantidad de jueces y fiscales que están siendo imputados y procesados en todo el país habla a las claras del grado de responsabilidad que tuvo la justicia en los hechos de la dictadura. Desde que el juez Brusa fue condenado en Santa Fe, se abrieron causas en todo el país, donde el juicio a jueces en Mendoza y el de Manlio Martínez en Tucumán son los más resonantes de la actualidad.

-¿De qué forma sigue vivo el discurso de esos sectores en la actualidad?

-Lo que se pone en cuestión es la importancia de cerrar las puertas del pasado para que no regrese. Cómo activar las alertas, de qué manera aplicar los sensores en los espacios donde se filtra el discurso de la violencia estatal. Hay metodologías sofisticadas que saltan a la luz cuando se prestigia la violencia. Eso se ve cuando desde algunos sectores opositores se habla de la falsa dicotomía entre seguridad y garantías, entre Estado policial y Estado garante. Lo que está detrás es la defensa del Estado gendarme, de un sistema de control social que es el de la última dictadura cívico militar. Se disfraza de discurso penal, pero no es un discurso que exista en el Derecho Penal. Cuando se pide la gestación de un Estado policial, se aplica la ideología del autoritarismo, que es la de pensar la coerción como solución de los conflictos sociales. Ahí es donde aparece la memoria como reflexión histórica.

"No hay vuelta atrás" con los juicios de lesa humanidad

Desde el año 2006 hasta hoy, se llevaron adelante 133 juicios por crímenes de lesa humanidad. Los resultados dan cuenta de las 613 condenas en 133 juicios orales, 23 de los cuales se iniciaron en 2014. En 2015 tendrán sentencia debates iniciados durante el año pasado, que tocan aspectos cruciales del terrorismo de Estado, como la complicidad civil y judicial con las fuerzas armadas.

-Algunos candidatos opositores hicieron referencia a las políticas de derechos humanos y pusieron en duda su continuidad. ¿Está en riesgo el proceso de juicios si no se lo acompaña desde un futuro gobierno?

-Hay un error conceptual en considerar que eso puede estar en riesgo. Porque no se está dimensionando el concepto profundo de los derechos humanos. No es una decisión política de escritorio, sino que es una conquista de la sociedad que comprendió la necesidad del estado de derecho y luchó para que vuelva la democracia. Los que piensan en esos términos y creen que  es sólo cuestión de un gobierno, sólo ven el vértice de poder sin ver lo que demanda un pueblo. Si un gobierno que no apoya esas luchas asume tras las elecciones, tendrá herramientas para generar situaciones incómodas, pero no podrán extirparlas del cuerpo social. No es algo que esté disponible en un funcionario. Pese a las dificultades que siguen existiendo, nadie pudo impedir aún el ejercicio de la memoria. Y la verdadera memoria es la que sigue viva en el cuerpo social. 

-¿Qué importancia tienen los juicios de lesa humanidad cuando se piensa en derechos humanos?

-No tenemos que asociar los derechos humanos solamente a los juicios de lesa. Pero esos juicios abrieron la puerta a los derechos humanos, con una fuerte raigambre moral. Porque la memoria es ética y moral, no es algo coyuntural. Son crímenes de enorme magnitud, por eso debemos comprender la dimensión del fenómeno para ampliar universo de los protagonistas del plan criminal.

-A nivel judicial, la complicidad de una empresa no existe en el derecho penal. ¿Cuesta probar las responsabilidades individuales?

-Hay casos que cuestan más que otros, pero más allá de las trabas, la sensación que nos queda es que estamos llegando tarde a los juicios. En Loma Negra, por ejemplo, no quedó ningún empresario vivo para ser juzgado. Massot es el único vivo del directorio de La Nueva Provincia. El gran desafío es quebrar la impunidad biológica que tanto subsistió con las leyes de impunidad. Ya pedimos a la justicia que controle el trámite de estas causas y se puedan sanear los procesos. En Mendoza se logró destituir a la Cámara Federal que había sido cómplice de la dictadura. Pudimos llevarlos al banquillo de acusados.

-¿Cuánto más cree que durarán los juicios de lesa?

-Es difícil hacer un pronóstico, pero mientras exista la posibilidad de hacer un juicio, mientras estén dada las condiciones de los casos penales, seguirán haciéndose. No hay vuelta atrás con esto. El desafío es continuar firmes en la producción de la prueba y que  los imputados y los testigos sigan vivos. Estos juicios tienen un punto biológico final, ese es el único impedimento. Pero aún tenemos mucho por andar: calculamos que puede haber 150 juicios en los próximos años, hay muchas causas en trámite. Pero no hay que perder de vista que son hechos de 40 años, y cuando se pierde el tiempo, el daño es irrecuperable. En el plano internacional, somos un caso digno de analizar. El mundo nos mira y valora los procesos. No creamos una justicia paralela para hacer estos juicios, y eso es admirable. También tenemos límites y obstáculos, porque aún siguen existiendo sectores duros en la justicia que dilatan las investigaciones.