El juez Roberto Gallardo ordenó el cierre de dos "aulas container" que seguían funcionando pese a que una orden judicial prohibía su uso. También multó al ministro de Educación, Esteban Bullrich, a pagar 27.850 pesos diarios por desoír el fallo judicial.
En febrero pasado, el gobierno de la Ciudad desoyó un fallo judicial que prohibía el uso de aulas containers en las escuelas porteñas, un recurso con el que intentaron paliar la falta de vacantes tras el fracaso de la inscripción online. Ayer, el juez en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Buenos Aires Roberto Andrés Gallardo pidió el cierre de dos de esas aulas que continuaban funcionando a pesar de la orden del magistrado. Ambas estaban ubicadas en la en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas, el “Lengüitas”, donde el ex rector de la institución sufrió una descarga eléctrica en una de ellas.
Gallardo también multó al ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, a pagar 27.850 pesos diarios por haberse desentendido de la prohibición a "la utilización de containers o módulos metálicos para albergar alumnos, de cualquier nivel" en ese establecimiento.
La resolución de Gallardo fue en respuesta a una presentación del Ministerio Público Tutelar, cuya asesora Mabel López Oliva denunció que Horacio Badaracco, ex rector del Lengüitas, sufrió una “electrocución en una de las aulas containers” y que a pesar de eso se siguió utilizando.
El incidente se produjo el sábado 19 de abril cuando Badaracco, que entonces estaba al frente de la institución, recibió dos descargas eléctricas. Unos días después y mientras diluviaba un grupo de alumnos fue ingresado allí para resguardarse momentáneamente.
A raíz de eso y tras una denuncia de un grupo de padres de alumnos de la institución, el juez Gallardo decidió prohibir el uso de "containers o módulos metálicos, de medidas extremadamente reducidas (aproximadamente 2 por 4 metros), con una puerta de acceso y una sola ventana pequeña" en ese establecimiento.
En la inspección ordenada por Gallardo, los inspectores encontraron “irregularidades en la instalación eléctrica de dos estructuras”.