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Lorenzo "Toto" De Vedia, cura de  la parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé en la Villa 21-24 del barrio de Barracas, ceba mates en el patio a los visitantes. Allí hay un tablón grande que espera por las pizzetas que están elaborando los chicos del taller de Panadería. “Es un día de festejo, nuestro hogar crece”, dice, y luego camina junto a la ministra de Cultura, Teresa Parodi, enseñándole la iglesia. A un costado, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, explica que “la obligación del Estado es fortalecer su presencia en las poblaciones más vulnerables”. Ambos funcionarios firmaron dos acuerdos dentro del templo: un convenio de asistencia y cooperación recíproca entre los ministerios, y el otorgamiento de un subsidio para la mejora edilicia del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ), que funciona a unas cuadras de la parroquia.

En las palabras de apertura, el padre “Toto” dijo que la parroquia “vive en el corazón del pueblo” y destacó la relación entre la iglesia y el Estado. “Es una alegría recibirlos acá, porque sentimos que crecemos entre todos. El último sábado celebramos los diez años de existencia de la casa Teresa de Calcuta, que es la pata social de la parroquia. Hace cinco años, allí empezó a funcionar el CAJ, que para nosotros es la presencia del Estado, una presencia serena de la mano de la iglesia. El barrio cambió con las políticas públicas, que se sienten bien desde adentro. Este acto enriquece el compromiso del Estado por la dignidad de nuestros vecinos”.

Cerca de cien personas llenaron la parroquia, cuyas paredes están repletas de cuadros del Papa Francisco y los curas tercermundistas Carlos Mugica yDaniel de la Sierra, fundador del templo. La ceremonia también contó con la presencia del secretario de Políticas Socioculturales, Franco Vitali, el de Promoción de Derechos Culturales y Participación Popular, Emiliano Gareca y la Subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de la Nacion, Florencia Carignano, entre otros funcionarios públicos. “Nuestra casa social se amplía, vamos a tener más espacio y se va a construir un segundo piso”, explicó el sacerdote, representante del movimiento de sacerdotes conocidos como “curas villeros”.

A su turno, Parodi relató su relación con los curas villeros. “Su trabajo es extraordinario, de una fuerza y convicción que están en el alma de la cultura popular. Es un trabajo de amor.  He tenido la oportunidad de trabajar en Corrientes con ellos cuando era joven y militaba en la Juventud Peronista. Lo hacíamos en poblaciones muy vulnerables, aprendí a hacer ladrillos y como maestra articulé trabajos territoriales”. Dijo que conoce Caacupé, en Paraguay –donde cantó varias veces- y tarareó con el público una galopa dedicada a la virgen. “Es conmovedor firmar este convenio en este espacio. La cultura y la justicia sólo sirven si caminan junto al pueblo. Y si no pensamos en integrar políticas, el objetivo de la inclusión social queda trunco”, enfatizó.

En el cierre, Alak subrayó que “la cultura es la creatividad del pueblo”, y que “la música y la fe van de la mano, afirman la existencia de un pueblo, algo que bien conoce Teresa, que ofreció su corazón desde la música”. Después dijo que  el CAJ empezó en una “oficinita” con el padre Pepe, y ahora es un edificio de dos plantas. “En los CAJ se ven los cambios sociales –reflexionó-. Antes, el Estado iba a las villas a llevar sólo alimentos. Una vez Néstor Kirchner se asomó al balcón de la Casa Rosada y vio a trabajadores que le reclamaban por comida. Se dio vuelta y me dijo que se conformaría si al final de su gobierno le reclamaran por aumentos de sueldo, porque eso significaría que tendrían trabajo. Parecía imposible, porque la desocupación estaba arriba del 20 por ciento”.

Y luego agregó: “En la última década, el Estado amplió derechos, como la jubilación. Pero no alcanza con dictar leyes. No sirven de nada si no las hacemos cumplir. El CAJ transformó la vida cotidiana de las personas, porque antes la gente no sabía cómo tramitar un DNI, y menos qué papeles tenía que hacer para acceder a una política pública, como la Asignación Universal por Hijos. Acá, en este barrio, hay miles de inmigrantes que empezaron a reconocerse como personas con la ampliación de derechos. Y bajó el conflicto social, porque la resolución de conflictos se logró por una vía pacífica rechazando todo tipo de violencia”.

Según Alak, uno de los objetivos centrales del convenio entre su ministerio y el Cultura es “articular el hecho social, porque ni la justicia ni la cultura, por sí solas, funcionan como entes autónomos entre la gente”. En ese sentido, remarcó que el convenio consistirá en “llevar cultura” a las cárceles del país. “El desafío es que cualquier persona que entró pueda recuperarse. Son cerca de 10 mil personas privadas de su libertad que sin cultura y sin educación es posible que vuelvan a reincidir en el delito.

Este convenio apuntará a tres cuestiones. Primero, fortalecer el vínculo con su familia, que no se sientan abandonados. Segundo,  darles las herramientas para que estudien, y  apuntar a que puedan trabajar cuando salgan. Y tercero, potenciar sus vínculos afectivos. Con el ministerio de Cultura, pensamos en crecer con talleres de teatro, de canto. En la cárcel hay aislamiento. Queremos que las personas puedan cantar, actuar y bailar  para recuperar el sentido de lo humano”, dijo y contó el ejemplo de “Huellas de Esperanza” un programa estatal que permite que los internos adiestren perros de asistencia destinados a personas con discapacidad. “Ellos se brindan con afecto, porque hay un cariño que necesitan recuperar”, subrayó.

En la unidad geográfica que componen la 21-24 y el barrio Zavaleta se apiñan unas 60 mil personas. Es la villa más populosa de la ciudad. En sus 59 manzanas convive una gran población paraguaya: la virgen de Caacupé, que da nombre a la parroquia, es la más venerada en ese país.El CAJ de la 21-24 es uno de los 58 que se despliegan en todo el país. Ocupaba una minúscula habitación de la parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé, que está sobre Osvaldo Cruz, la calle que parte a la villa en dos. Se mudaron hace cuatro años y hoy funciona en Río Cuarto al 3300, en una casa social que pertenece a Cáritas. Es un chalet bajo. En el frente, unos chicos corren bajo la lluvia. Se ve una imagen que se repite varias veces adentro: la de la madre Teresa de Calcuta. Y un cartel azul: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El garage funciona como recepción y sala de espera. 

El equipo de trabajo está integrado por ocho personas fijas: un coordinador, dos trabajadores sociales, dos abogados, dos administrativos y un psicólogo. También ayudan de manera eventual jóvenes a través de un convenio con el Ministerio de Trabajo. El CAJ atiende entre 800 y 900 consultas mensuales que están relacionadas con documentación, registro de antecedentes penales, trámites consulares, permisos. También un área psicosocial, con el foco puesto en temas de violencia de género, discapacidad, inserción laboral. El flagelo del consumo de paco acecha al barrio. La clave, dicen desde el CAJ, es entender el consumo como “un emergente de muchas otras cosas y meterse en el día a día de los vecinos”.  O, como dice el padre Lorenzo, “hay que abrazar toda la vida de la gente con la que trabajamos, mirar la integralidad de la persona”.