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La Procuración General de la Nación desmintió los supuestos hostigamientos padecidos por un grupo de trabajadores de la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE), que actúa en su órbita pero estaba a cargo del fiscal suspendido de los barrios de Saavedra y Núñez, José María Campagnoli. El Ministerio Público Fiscal explicó que con la suspensión de Campagnoli, “cesó la razón para mantener a la SIPE en esas dependencias”.

El organismo que encabeza Alejandra Gils Carbó difundió un comunicado a través del portal Fiscales.gob.ar, y explicó que las siete personas que se desempeñaban en la SIPE en Saavedra pasarán a desarrollar las mismas tareas en el edificio donde funciona la Dirección General de Investigaciones de Delitos con Autor Desconocido, a cargo de Norberto Sagretti desde 2001. El edificio está en la Ciudad de Buenos Aires, en Tucumán 966, y allí funcionan varias fiscalías.

“Concretamente, las siete personas alcanzadas por esta decisión trabajarán en un piso acondicionado a tal efecto. No se trata de un ‘archivo’ ni de una dependencia aislada como se ha intentado presentar”, aclaró la Procuración General. La SIPE “provee insumos de trabajo cotidianos” a la Dirección General de Investigaciones de Delitos con Autor Desconocido, por lo que el Ministerio Público ponderó la cercanía física de ambas oficinas, y aseguró que “conlleva la idea de mejorar su eficiencia”.

“En la implementación de esta medida no ha habido hostigamiento ni persecución de ningún tipo hacia los trabajadores, así como tampoco se afectaron fuentes de trabajo, ni se produjeron cambios en las funciones asignadas”, detalló el comunicado. La Procuración General hizo público el texto y así desmintió las versiones periodísticas que sostenían el supuesto hostigamiento de parte de los investigadores que estaban a cargo de Campagnoli.

La fiscal subrogante Claudia Katoc, a cargo de la fiscalía de Saavedra y Núñez, y la Secretaría de Recursos Humanos de la Procuración comunicaron la decisión de trasladar las oficinas de la SIPE a los trabajadores y a la representación sindical. “Todos los empleados y funcionarios mantienen los mismos puestos de trabajo y las mismas tareas”, expresó el comunicado.

La fiscal coadyuvante Cristina Caamaño informó el viernes pasado al Ministerio Público a cargo de Gils Carbó acerca de “hechos preocupantes ocurridos ese mismo día en la fiscalía”. Denunció el abandono de los puestos de trabajo por parte del personal, el bloqueo de algunas oficinas y del baño y el corte del servicio de luz y teléfono. “Caamaño alertó además que el cierre intencional de despachos podría tener por objetivo impedir el acceso a espacios donde se presume que puede haber expedientes judiciales”, detalló la Procuración.

La Dirección de Informática del organismo de fiscales informó que el corte del servicio telefónico y de internet se produjo a causa de un sabotaje a las instalaciones eléctricas y de comunicaciones, que afectó el desarrollo de las tareas de esa dependencia. Las empresas proveedoras de los servicios ratificaron los hechos luego de algunas verificaciones técnicas.

Las fiscales Katoc y Caamaño informaron que al llegar a sus oficinas ayer se encontraron con la fiscalía cerrada con una faja de clausura firmada por Ignacio Rodríguez Varela, Elías Collado y Guido Sassoli, funcionarios de la SIPE. “Esta medida sin antecedentes volvió a impedir el normal desarrollo de las tareas propias de la fiscalía, con la consecuente afectación de derechos para quienes procuran un eficaz y adecuado servicio de justicia”, alertó el Ministerio Público. Y concluyó informando que estos “gravísimos hechos” fueron denunciados por las fiscales y ya están siendo investigados en el ámbito administrativo de la Procuración y en la justicia penal.