“Son prácticas sistemáticas de la Metropolitana atacar a grupos sociales vulnerables y vulnerados", dijo el titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Palazzani, quien pidió la indagatoria de al menos 12 policías por torturas y privación ilegítima de la libertad a Diana Sancayán y un empleado del INADI.
La activista trans Diana Sacayán, hace dos semanas, iba con un grupo de compañeras del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación cuando un hombre que estaba parado en el Metrobús empezó a insultarlas. Como las agresiones verbales siguieron, Sacayán le pidió al hombre que se disculpara, pero además del “no” recibió un golpe. La policía Metropolitana se la llevó presa junto al empleado del Instituto Nacional al Contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo Martín Lanfranco, pero antes la tiraron al piso y le hablaron todo el tiempo con artículos masculinos, mientras que con solo preguntarle, mirar cómo iba vestida o cómo figura en su DNI podían comprobar el género. El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Palazzani, y el coordinador del Área de Violencia Policial de ese organismo, Maximiliano Medina, denunciaron penalmente y pidieron la indagatoria de al menos doce integrantes de la Metropolitana por la “privación ilegal de la libertad” y las “torturas” contra Sacayán y Lanfranco.
"Una policía se acercó cuando oyó los gritos y me quiso esposar. No me preguntó qué había pasado y sin mediar palabra consideró que la esposada debía ser yo. Después los policías empezaron a llegar de todas partes: se bajaron dos de un colectivo, vinieron tres patrulleros y cuatro motos”, relató Sacayán, que participa como referente mundial trans de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales (ILGA).
Mientras la Metropolitana tenía a Sacayán en el suelo y buscaba testigos, llegaron trabajadores del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), que la conocen y fueron advertidos de lo que pasaba por teléfono. “Cuando llegamos escuché que un policía le decía a una persona que estaba en el Metrobús que tenía que decir que Diana había empezado con todo. Le dije que lo que estaba haciendo era inventar una causa, que era totalmente trucho, y el policía enfureció. Me piso un pie y me dio un empujón, entonces para no caerme fui para adelante. El policía hizo como si fuera un jugador de fútbol que simula una falta y simuló que le había pegado. ‘Agresión’, gritó. Y entonces me esposaron a mí también”, dijo Lanfranco.
Pese a la oposición del resto de las personas que estaban con Sacayán y Lanfanco, que se interpusieron frente a los patrulleros, los policías hicieron el arresto. En su denuncia los activistas denunciaron que estuvieron nueve horas detenidas en la Comisaría de Zavaleta y que previamente fueron "paseadas" en un móvil policial durante al menos media hora en la zona de Constitución.
“Prácticas sistemáticas”
“Son prácticas sistemáticas de la Metropolitana atacar a grupos sociales vulnerables y vulnerados. Lo que ocurrió aquí es práctica también dirigida contra pibes pobres de los barrios. En este caso se montó un megaoperativo injustificado, extremadamente violento y discriminatorio contra ellas. Estas prácticas que son delitos, requieren de parte del Ministerio Público Fiscal una respuesta eficiente, rápida y severa. Tienen que saber que esas conductas acarrean consecuencias graves desde nuestra respuesta como fiscales”, dijo Palazzani al sitio Fiscales.gob.ar.
En la entrevista a las víctimas partir de la que la Procuvín tomó la información para hacer la denuncia penal, las víctimas además dijeron que los policías metropolitanos se dirigían continuamente "de manera discriminatoria y negándoles su identidad, lo cual en ese contexto de vulnerabilidad producto de la arbitraria detención que estaban padeciendo, implicó un maltrato físico y moral de suficiente entidad, que debe ser investigado sumado a las demás agresiones".
"La violencia infligida por integrantes de la Policía Metropolitana se agravó por los graves sufrimientos psíquicos producto de los tratos discriminatorios, inhumanos y degradantes, al negar la identidad de género de las víctimas con un claro objetivo: humillarlas por su condición sexual", explicó la Procuvin, que en su denuncia encuadró los hechos en la violación de derechos fundamentales previstos en pactos internacionales. En ese sentido, se reclamó celeridad y compromiso en la investigación de los hechos por la especial vulnerabilidad de las víctimas: "El estado de indefensión de las personas LGBTTTI frente a las fuerzas de seguridad y las consecuencias que generan los hechos sufridos, se profundizan ante una respuesta judicial inadecuada, lo que desalienta a las víctimas y garantiza la impunidad".
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