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El bloque de diputados del Frente Para la Victoria consiguió emitir dictamen al proyecto del Código Procesal Penal en un plenario de comisiones. De ese modo,  buscará convertirlo en ley en una sesión especial que se realizará la semana próxima en el recinto. El debate tuvo cuestionamientos de la oposición, aunque hubo un fuerte consenso para cambiar el paradigma del sistema inquisitivo a uno acusatorio. El vicepresidente de la bancada oficialista, Pablo Kosiner, dijo a Infojus Noticias que el dictamen aprobado en la cámara alta "fue un trabajo integral del gobierno, los diputados y senadores porque somos todos parte del mismo proyecto político, con lo cual no tenemos ningún problema en votar el texto como lo sancionó el Senado".

La jornada se abrió antes del mediodía. Acompañado por  el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Julián Dominguez, el ministro de Justicia y Derechos Humano Julio Alak se presentó en la Cámara Baja a defender la reforma del Código Procesal Penal y dijo  que “es un gran honor exponer sobre los lineamientos principales de una reforma que cambiará la vida de los ciudadanos”. En ese punto, celebró “que esta transformación pone el énfasis en una nueva comprensión del delito, sobre todo del crimen organizado. El objetivo es hacer más eficiente la lucha contra el delito””. Enfatizó que es una deuda histórica del Estado “cambiar la ineficacia del Código Penal con el sistema inquisitivo a cargo de la investigación de un juez, que fue cuestionado desde el nacimiento de la República” y aclaró que “no es ninguna novedad el planteo de pasar de un sistema inquisitivo a uno acusatorio”. En este punto, citó a Sarmiento, cuando dijo que "la peor rémora de la conquista española fue el método inquisitivo”.

En una exposición que duró cerca de veinte minutos, Alak indicó que este tipo de procedimiento penal, “más allá de las críticas, transitó toda la historia de la República y fue impermeable a la Constitución de 1853”, aunque las provincias se adelantaron al derogarlo.

En este sentido, afirmó que el sistema inquisitivo siempre operó “en contra de la posibilidad de la defensa y de las garantías personales, y a favor de los despotismos”. Desde 1810, dijo que fue cuestionado por voces que “chocaban contra el poder instituido”. Y exhortó a los diputados: “Por todo eso, consideramos que dicho sistema, que perduró en la historia, debe ser modificado de raíz. Es importante distinguir la discusión sobre el sistema, por un lado,  y sobre el articulado, por el otro. La gran batalla legislativa y judicial es cambiar a un sistema acusatorio, es facultad de este Congreso, que debe animarse a tomar una decisión”.

Por último, dijo que "si no se modifica el procedimiento penal, no podemos cambiar el derecho. Debemos escuchar a  una sociedad que reclama justicia con celeridad, que reclama que haya menos procesados y más condenados, y más protección a las víctimas. Tenemos un 60 por ciento de procesados en las cárceles, es decir,  estamos duplicando la media normal, lo que significa que no sabemos si son inocentes o culpable. Y los juicios duran entre 6 y 8 años. Necesitamos una decisión política para conseguir mayor transparencia, rapidez y cumplimiento de los derechos y las garantías".

A su turno, el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena, dijo que el sistema acusatorio propuesto por el Ejecutivo contempla el elemento de “oportunidad, que atienda la demanda ciudadana a tempo; que todas las decisiones sean debatidas y adoptadas en audiencias orales y públicas, lo que dota al sistema de mayor transparencia”.

Además, el funcionario sostuvo que en el nuevo Código Procesal Penal se “concentra la labor en la oralidad” y la “adopción de decisiones y resolución inmediata” de los casos. .En este msarco, Mena consideró que la comisión bicameral que se encargará del seguimiento de la aplicación de este nuevo sistema deberá "evaluar la reforma de otras leyes penales y judiciales para acompañar el cambio de paradigma".

Un debate que fue dictamen

En el Anexo C de la Cámara, las comisiones de Justicia -presidida por Graciela Giannettasio-, Presupuesto y Legislación Penal debatieron la reforma integral del Código Procesal Penal. La iniciativa fue defendida  en la apertura de la sesión por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, aunque a diferencia del Senado no hubo citación a invitados para exponer.

En la reunión, se presentaron algunas particularidades. La presidenta de la comisión de Legislación Penal, Patricia Bullrich (Unión Pro), no convocó a sus diputados. La legisladora realizó una "impugnación metodológica" porque, según ella, la reunión debería ser conducida por su comisión, donde “hay ocho proyectos de creación de un nuevo Código Procesal Penal y 400 proyectos de modificación del mismo, mientras que en Justicia no hay ninguno”. 

En respuesta a Bullrich, la Secretaría Parlamentaria de la Cámara de Diputados argumentó que “ello tiene más que ver con la organización del Poder Judicial y del Ministerio Público, y no sólo con una norma de contenido procesal penal”, pòrque se cambia el sistema inquisitivo por uno acusatorio.

De esa forma, el debate fue conducido por la comisión de Justicia, coordinada por  Graciela Giannettasio. El Frente para la Victoria cuenta con mayoría numérica para avanzar con el dictamen este mismo jueves y convertirlo en ley la próxima semana. 

Desde la oposición no pusieron trabas al cambio del sistema inquisitorio al acusatorio, aunque señalaron ciertos reparos. El diputado radical Manuel Garrido cuestionó diversos aspectos de la reforma procesal penal impulsada por la Casa Rosada: “Es un refrito de otros proyectos aprobados en América Latina, con correcciones”. Además, criticó que la iniciativa establezca una “pena de destierro para los extranjeros que hayan cometido un delito menor”.

En esta sintonía, el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño dijo que “son los sectores populares los que pueblan las cárceles y a quienes se les aplican la prisión preventiva”.  Y reclamó por  la elección directa de los jueces y la implementación del juicio por jurados. Por último, Claudio Lozano (Unidad Popular) pidió “reformar el estatuto de la Policía si de verdad queremos solucionar el tema de la inseguridad”.

En defensa del proyecto, ell salteño Pablo Kosiner, dijo que “el sistema procesal viene discutiéndose en Argentina desde hace más de 25 años en las provincias”, y finalizó: “Estamos completando un proceso netamente federal en materia acusatoria”.
 

Justicia más ágil y veloz

Con más de 40 modificaciones al proyecto original, el Senado aprobó el nuevo texto la semana pasada. La iniciativa sumó 39 votos a favor, 24 en contra y ninguna abstención. La votación se produjo después de un debate que se prolongó durante casi un mes en el que se realizaron seis audiencias públicas, donde opinaron más de 35 juristas y especialistas en la materia.

El nuevo código de procedimiento penal incorpora los principios de celeridad, oralidad, publicidad y “desformalización” de las decisiones. Prevé que ningún proceso podrá durar más de tres años, y agiliza la revisión de las decisiones. Esta nueva lógica se traslada a toda la etapa de recursos y a la de ejecución de la pena. También fija tiempos más cortos para que la causa sea enviada a juicio oral. La instrucción, que hoy lleva entre tres o cuatro años, se realizará como máximo en un año y el juicio oral debe realizarse entre cinco y treinta días una vez terminada la investigación o instrucción. Las apelaciones a las sentencias se deberán resolver también en cinco días, desde el momento en que se interponen. Según se prevé, con el nuevo Código el 90 por ciento de los casos estará resuelto en no más de 10 meses. Otro punto que llevara a agilizar el proceso es que el nuevo Código regula la conciliación y mediación entre víctima y victimario, evitando así que mucho casos menores lleguen a juicio oral.

Las víctimas

El nuevo Código les da un lugar clave en el proceso a las víctimas. “En este caso, también introducimos en el Código a las víctimas, no como meros querellantes como están actualmente, sino que van a poder participar en el proceso, junto al fiscal, junto al juez exigiendo medidas, produciendo medidas e inclusive proponiendo la dirección del proceso, cuando el juez y el fiscal no lo hagan”, dijo la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner al momento de enviar el proyecto al Congreso.

En el proyecto estaba previsto un tratamiento especial para las niñas, niños y adolescentes, personas con capacidad restringida y víctimas de las redes de trata. En la redacción final se incorporó a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. De confirmarse esta redacción, está previsto que en sus declaraciones intervenga un psicólogo o un profesional de distinta especialidad, siempre que se evalúe de manera adecuada “a su estado de vulnerabilidad” o si hay que proteger su seguridad.

Acorde a las circunstancias, se introduce además la posibilidad de tomar testimonios por videoconferencia y de exhibir registros audiovisuales de declaraciones previas, en ese u otro proceso judicial.