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Acaba de publicarse “La Tablada. A vencer a morir. La última batalla de la guerrilla Argentina” (Aguilar), una investigación de Felipe Celesia y Pablo Waisberg que reconstruye el ataque a ese regimiento militar por el Movimiento Todos por la Patria (MTP), en enero de 1989. Los enfrentamientos entre los militantes y los militares dejaron un grave saldo de muertos, heridos y desaparecidos, y repercusiones políticas de larga duración. Los debates en torno a sus motivaciones y entretelones perduran hasta hoy.

El libro –que incluye fotos inéditas hasta hoy- es el relato vívido de los cruentos combates, de la recuperación del cuartel y del juicio y los años de prisión de los atacantes. Pero también es una historia del MTP, de sus debates internos y rupturas, de sus relaciones con la prensa y con otros sectores políticos.

Celesia y Waisberg desde hace diez años investigan historias de la izquierda revolucionaria. Ya publicaron La ley y las armas. Biografía de Rodolfo Ortega Peña (2007) y Firmenich. La historia jamás contada del jefe montonero (2010).

A continuación, Infojus Noticias publica unos fragmentos del capítulo referido al juicio a los militantes del MTP (adjunto está el capítulo completo):

El juicio

—Hermanos, nosotros los vamos a defender, pero ¡qué cagadón se mandaron! —les enrostró Julio Viaggio, uno de los abogados que el Partido Comunista les había enviado a Felicetti, a Ramos, a Paz y a algunos otros sobrevivientes. Así empezó la primera reunión con quienes serían sus abogados defensores en el pabellón 49 bis del penal de Devoto.

La recriminación de Viaggio era el cierre de una corta pero muy intensa discusión entre los abogados de los organismos de derechos humanos sobre si era correcto, y conveniente, defender a los incursores de La Tablada. Consolidar el cuerpo de defensores fue una tarea ardua e ingrata para el remanente en fuga del MTP.

La Operación Tapir tuvo un efecto demoledor en los sectores de izquierda y sus organizaciones. La derecha militar salió a denunciar inmediatamente el rebrote de las actividades “subversivas” y a exigir con énfasis que se reinstalara la represión.

También la izquierda “democrática” cayó con mucha fuerza sobre el MTP. Lanata, que hasta ese momento seguía gastando en Página/12 el dinero que le daba todos los meses Provenzano, los llamó “niños estúpidos e inconscientes” y “asesinos”.

Horacio Verbitsky, columnista destacado de Entre Todos y a quien Provenzano había financiado un viaje a Europa,consideró el asalto al cuartel un “disparo por la espalda” a la “convivencia democrática” y una “forma de cretinismo”.

“El fuego a quemarropa sobre los ocupantes del cuartel, la simulación de un inexistente alzamiento militar, el disparo por la espalda de la convivencia democrática que implica toda esta operación son la expresión más alta de su divorcio con la moral revolucionaria que fue el legítimo orgullo de los militantes de los años setenta. Sin pueblo y bajo un gobierno democrático, la lucha armada es una forma de cretinismo”, escribió, a menos de una semana de haberse producido el combate.

Eduardo Luis Duhalde, miembro fundador del MTP y creador de un instituto y una editorial con fondos del Movimiento, salió a despegarse del episodio con un libro titulado La izquierda y La Tablada, en el que denunció las desviaciones de sus ex socios.

“El operativo es contrarrevolucionario”, afirmó Duhalde en un largo artículo que puntuaba los efectos de La Tablada: “1) Un notorio avance en el control decisional del Estado por parte de las FF.AA.”; “2) Una mayor unidad de las FF.AA. frente a la agresión” y “3) Consecuentemente, el renacimiento del discurso de la Seguridad Nacional”.

El MAS y el hermano del fundador del PRT-ERP, Julio Santucho, directamente los disociaron del arco de los grupos y actores de la izquierda, y la UCR y el PJ no ahorraron críticas, denuncias ni condenas.

En aquel marco de rechazo unánime, los abogados de los organismos se reunieron para discutir si asumían la defensa de los presos. El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) decidió no representar a los detenidos del MTP. Sus tres abogados —Alicia Pierini, Rodolfo Ojea Quintana y Guillermo Frugoni Rey— plantearon que no representarían a los que tomaron las armas en democracia. En cambio, el cels definió que sí participaría, pero representando a los jóvenes y a los de bajos recursos, y no a los miembros del núcleo de acero como Acosta o Felicetti, según condicionó Alicia Olivera.

“El debate en el MEDH fue doloroso, pero primó la defensa de la democracia. La toma de las armas era solo cuando hay dictadura. No hubo mucha discusión sobre este punto, pero los pibes Ramos estaban de novios con unas chiquilinas que eran amigas de mis hijas y mis hijas me decían que había que defenderlos”, recuerda Pierini; los ojos se le llenan de lágrimas y hace un breve silencio.

Cuando finalmente se saldó la discusión, más de treinta abogados asumieron la defensa de los veinte imputados, con la coordinación del hombre del PC, Eduardo Barcesat. Había letrados de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, de Madres de Plaza de Mayo, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Plata y del CELS, entre otros organismos.

Tanto fue el trabajo y los lazos que estrecharon los letrados que seguirían reuniéndose después del juicio cada semana para jugar al “papi-fútbol” durante años.

Tras la decisión de defenderlos, comenzó otro debate sobre si se iba a un juicio de ruptura, desconociendo la autoridad del sistema judicial, o a uno de connivencia que consiguiera, al menos, atenuar las penas que de seguro llegarían.

Barcesat recuerda que Felicetti “soñaba con el Moncada [el cuartel que intentaron tomar Fidel Castro y sus compañeros el 26 de julio de 1953 en Santiago de Cuba] y eso de ‘la historia nos absolverá’, pero llegado el juicio, la mano vino durísima.  Por ejemplo, para apelar la prisión preventiva, que es un plazo de tres días, pedimos que se duplicara. Era una causa enorme y tenía secreto de sumario. Y nos contestaron: ‘Los plazos son fatales y perentorios’. Fatales y perentorios para la parte” acusada.

Los trece sobrevivientes del asalto, los seis del grupo de agitación y Puigjané no tenían ninguna confianza en la justicia. Tanto en el frente penal como en el político, sabían que estaban condenados. Aun así, el grupo de abogados de los organismos de derechos humanos y la izquierda recomendaron aceptar el juicio.

“Sabíamos que lo mejor que podíamos lograr era mostrar que había señales de que esto había sido inducido desde el poder para provocar una situación de reposicionamiento del partido militar. Esta era nuestra hipótesis y creo que fue lo que se confirmó. Esto tenía una clara finalidad de que las Fuerzas Armadas, desprestigiadas por la dictadura y por Malvinas, volvieran a decir ‘Vencimos a la subversión’”, aporta Barcesat.

Con el correr de las audiencias se consolidó entonces la teoría del “error esencial”, que, transferida a La Tablada, indicaba que los incursores no pretendieron levantarse contra el poder político, sino que se habían equivocado en considerar que había un golpe en marcha. No era un alzamiento, sino el ejercicio del derecho a la rebelión.

“En el juicio teníamos que luchar por la libertad y denunciar las violaciones a los derechos humanos y todas las atrocidades”, sintetiza Felicetti.

“Siempre nos preguntaron por qué no nos fugábamos. Porque siempre tuvimos entendido que después del año noventa el mundo cambió. Nosotros somos gente de hacer política, por eso los carapintadas o la situación del país o la incompetencia de la clase política tradicional nos explican a nosotros”, entiende el Gato Felicetti.

La defensa

La defensa de los acusados demandaba un relato unificado de los episodios dentro del cuartel, pero, más aún, necesitaba un motivo poderoso para justificar haber tomado las armas dentro de un régimen democrático y con un gobierno legítimo en funciones.

Gorriarán cubrió ese flanco con el comunicado número uno del inexistente “Frente de Resistencia Popular” (FRP) que publicó en el diario La República, de Uruguay, el 1º de febrero, una semana después del asalto al cuartel.

El FRP se adjudicó el operativo y explicó que “ese día se realizaba una reunión en dicha unidad militar que planificaba salir a la calle, sublevar a otras unidades en diversos lugares del país, asesinar a decenas de activistas, políticos y sectoriales, imponer una serie de condiciones en beneficio de los militares y restringir aún más la ya limitada libertad de expresión”.

Además desmentía las hipótesis de que habían sido manipulados para entrar al cuartel. “Pocos se ponen a pensar dos minutos para darse cuenta de que no hay fuerza en el mundo capaz de motivar desde afuera a compañeros como los que cayeron en La Tablada”.

“Es ridículo pensar que alguien pueda agregar a unas pocas armas un poder de convicción tal que le permita instigar una acción donde los compañeros mostraron una decisión y valentía infinitamente alejadas de las que puede simular cualquier mercenario”, resaltó el comunicado.

También el FRP intentó contrarrestar las tesis por la vía de la insensatez cuando reprochó que “es ridículo y mal intencionado pensar que la causa de lo ocurrido está en el accionar demencial de elitistas o mesiánicos. No hay locura capaz, ni elitistas capaces de realizar una acción como La Tablada”.

Con la “versión oficial” impresa y los abogados presionando para encolumnar a todos, la discusión sobre juicio de ruptura sí o no quedó abstracta.

Barcesat sintetiza: “Convinimos que ellos iban a decir que fueron a parar un golpe carapintada. Era lo único que medianamente podía amortiguar el desprestigio al que sumieron a toda la izquierda”.

“Ellos se lo tomaron como la verdad sabida, lo internalizaron como la gran explicación. Pero la explicación era lo otro, que creían que había un vacío de poder y que llegando a Plaza de Mayo iba a haber un alzamiento popular que los iba a entronizar”, sincera.

Miguel Aguirre le puso el cuerpo a la versión durante el juicio y dijo que, cuando estaban en las inmediaciones del cuartel, Claudia Lareu, muerta en el asalto, trajo “unos volantes en la mano que decían lo de Rico y Seineldín” y que, por lo tanto, “había que pararlos antes de que salgan a la calle. Que íbamos a entrar…”.

Ramos acuerda que “los milicos mienten como mentimos nosotros. La información que dieron era toda mentira. También escuché a un tipo que se hizo cargo de que detuvo a mi hermano, era un teniente. Lo anoté en un cuaderno, pero después lo dejé ahí porque me iba a enfermar todo el resto de la condena”.

Joaquín Ramos denunció ante Fosatti la ejecución de su hermano, pero el presidente del tribunal lo mandó a callar y, una vez más, repitió que no eran objeto de ese juicio las ejecuciones y los tormentos. Que ellos se encargaban de juzgar los delitos de los incursores y no de los militares.

Los familiares de los guerrilleros y de los militantes del MTP venían intentando demostrar las violaciones a los derechos humanos y los fusilamientos. Todos ellos habían ocurrido luego de que los asaltantes se habían rendido y estaban desarmados. Uno de esos casos era el de Pablo Ramos. “A los pocos días de La Tablada vino la abuela de los hermanos Ramos con otra compañera, que se acordaba de una foto que yo había sacado de Pablo en una movilización. Hice una reproducción de esa foto, más otra que había salido en un diario (Diario Popular) donde se lo veía a Pablo vivo. Esas fotos fueron para una presentación internacional, para denunciar su fusilamiento”, recuerda la fotógrafa Mónica Hasenberg, quien, junto con su marido, el fotógrafo italiano Brenno Quaretti, trabajó para Entre Todos desde los primeros números.

Pero la foto original de Pablo Ramos, detenido en La Tablada y caminando con las manos en la nuca con un hombre que lo va guiando desde atrás, no apareció nunca. Eso hizo imposible la continuidad de la denuncia porque la reproducción no servía como prueba.