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La jueza Gabriela López Iñíguez volvió a tomar las riendas del Juzgado N° 14 del fuero penal, contravencional y de faltas porteño -que hasta ahora subrogaba su colega Gabriel Vega-y sostuvo el pedido de desalojo que había acordado el juez. Aunque aclaró que el allanamiento “no se hará efectivo hasta que se encuentre firme”. Esto implica que el desalojo no ocurrirá hasta que la Cámara de Apelaciones Contravencional resuelva el recurso interpuesto a última hora del viernes por el defensor general adjunto en la ciudad de Buenos Aires, Luis Duacastella. Hoy el funcionario fue el encargado de representar a los vecinos en la reunión de mediación convocada por jueza Elena Liberatori.

Duacastella afirmó hoy que la audiencia fue "respetuosa pero absolutamente insatisfactoria, la posición del gobierno porteño es que mientras siga la toma no negocia y lo que no se entiende es que no se trata de una posición extorsiva de la gente, que ante la falta de garantías y promesas largamente incumplidas se aferra a lo único que tiene".

El defensor oficial subrayó que la posición "más dura" fue la del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya que "la secretaria de Hábitat e Inclusión social, Marina Klemensiewiecz, habló de un negocio inmobiliario detrás de esto, situación que a la Defensoría no le consta". "Esa posición implica, a mi juicio, una estigmatización de la gente que está en la toma, que no tiene armas ni está especulando", apuntó.

Liberatori instruye el expediente contencioso administrativo en el que se ordenó la urbanización de la villa y se embargó por 29 millones al gobierno porteño para que ejecutara las obras. A esa reunión, que empezó al mediodía, Duacastella llevó una propuesta única, firmada por los delegados de la toma y destinada a las autoridades del gobierno de la ciudad que participan de la mediación: Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social; el procurador general porteño Julio Conte Grand, el nuevo defensor del Pueblo Alejandro Amor y el asesor tutelar Gustavo Moreno. López Iñíguez ya pidió una copia certificada del acta con los resultados de esta audiencia.

La propuesta de los delegados de la toma

Mientras la justicia y el gobierno porteño debaten el plano jurídico de la toma, el acampe de los vecinos de la villa 20 en el excementerio de autos se fortaleció. Durante el fin de semana y los feriados de carnaval, las tiendas precarias se volvieron carpas más vigorosas. Muchas casillas ya tienen paredes de madera y chapa. En la entrada del predio hay una gran carpa que oficia de cocina. Bajo la lona amarilla Cecilia prepara el desayuno y la cena para todos los vecinos. A pesar de la lluvia, nadie se movió de su puesto. Ya hay luz y por las noches, mucha gente se reúne en torno al televisor para seguir las novedades de la toma.

En la resolución de López Iñíguez –a la que accedió Infojus Noticias- la jueza destaca la “activa y comprometida actuación de mi colega subrogante” y acepta el último pedido de allanamiento del fiscal Carlos Fel Rolero, titular del Equipo B de la Unidad Fiscal Sur de la fiscalías porteñas, hecho el domingo 2 de marzo a las 21:30. Para fundar su decisión, López Iñíguez hizo una cronología de lo sucedido hasta ahora en la causa –las largas audiencias de negociaciones, la firma de un principio de acuerdo de desalojo pacífico, las presentaciones de los legisladores porteños de un cuarto intermedio, la intervención de organismos como el CELS, ACIJ y la CTA, y la apelación de Duacastella ante la Cámara, que mantiene el desalojo en suspenso-.

Pero puso de relieve el problema habitacional de fondo: “comparto el concepto de que detrás de estas intrusiones masivas existe un innegable reclamo de base relativo a la insatisfecha necesidad de lograr un acceso legal a la vivienda digna”, dice el escrito.

En otro párrafo la magistrada resaltó el incumplimiento de la gestión de Mauricio Macri. “En 2014 todavía existen terrenos vacantes en esas parcelas, (…) porque no se culminó con la urbanización que manda la ley, y cuya ejecución no es responsabilidad del Poder Judicial en materia penal, sino primigeniamente del Poder Ejecutivo local. Es una obviedad que de haber estado urbanizado ese terreno, hoy no habría toma de tierras públicas allí”, afirma.

¿Quién debe llevar a cabo del operativo?

En cuanto a la fuerza que deberá realizar el desalojo, una vez que resuelva la Cámara, López Iñíguez concuerda con su antecesor: la Policía Metropolitana. Ese había sido uno de los puntos que provocó una tensión pública la semana pasada. Vega ordenó que el procedimiento lo hiciera la policía del gobierno porteño. El fiscal Fel Rolero giró un oficio pidiendo el apoyo de las fuerzas federales, aclarando que la policía Federal o Gendarmería Nacional debían subordinarse al mando de la Metropolitana en el terreno. Los jefes de ambas fuerzas, en coro, se negaron. Lo hicieron por dos motivos: por un lado, porque la fuerza Metropolitana “cuenta con suficiente personal, infraestructura y recursos” para llevar adelante el desalojo. Y porque el oficio del Ministerio Público porteño entrañaba “una inapropiada orden de subordinación al Jefe de la PM que atenta contra el orden legal de una fuerza federal”.

La jueza que reasumió el juzgado resolvió el dilema: deberá ser la policía Metropolitana “en principio así de modo exclusivo, pues entiendo que es lo institucionalmente más saludable”, dice en el escrito. Y repitió que “en modo alguno puede ordenarse judicialmente la subordinación operativa de las fuerzas federales al mando de la Policía Metropolitana, en la ejecución de una orden local”.

En la resolución, la jueza contravencional sienta su posición respecto al problema estructural de fondo, y sobre la inconveniencia de tener que recurrir a la vía penal: “existen otros remedios legales idóneos diferentes al derecho penal que sería recomendable se comenzaran a transitar para no estar siempre girando alrededor de soluciones imprecisas y poco satisfactorias”, dice la jueza. Elípticamente, por el espíritu del escrito, la jueza refiere a la deuda con la ejecución de las obras prometidas, a una solución al problema habitacional por la vía del derecho civil. El desalojo de un departamento por una deuda, por ejemplo, en medio de un proceso civil, permite una defensa mucho más justa que los urgidos ocupantes del predio de Lugano.

Por último, López Iñíguez advirtió que deberá profundizarse una línea esbozada en el primer pedido de desalojo del fiscal: el de una organización conformada por tres familias que habría impulsado la toma por intereses inmobiliarios. Basándose en la declaración de un vecino, el fiscal concluyó que “son tres familias las que organizan la toma, y que todos ellos poseen vivienda y sólo usurpan a los efectos de obtener el terreno y revenderlo”. El modus operandi, según el testigo que consiguió el fiscal, era venderle los terrenos “a extranjeros que poseen dólares”, y nombra a las familias Giménez, Chancalay –encabezada por el ex presidente de villa 20, Marcelo Antonio Chancalay y empleado desde el 2006 del ministerio de Desarrollo Social porteño; y por Ríos. La jueza afirma que de comprobarse “una distribución de roles, organización previa, división del trabajo durante la toma del predio”, podría tratarse de una asociación ilícita, “circunstancia que desplazaría necesariamente la competencia de este fuero”.