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Hay una prueba sólida de que la mayoría de los ocupantes del predio de Soldati tienen urgencias habitacionales: las nueve hectáreas tomadas por vecinos de la villa 20 son un páramo sembrado de plomo por el ex cementerio de autos que durante una larga temporada montó ahí la Policía Federal. Hace cuatro días que un grupo de habitantes del barrio clavaron ramas y tendieron cordeles, pensando que esas parcelas imaginarias podían devenir en el sueño de la casa propia. Esa primera noche, Osvaldo Soto –hijo de una de las primeras habitantes de la villa, Trinidad Loaiza- fue asesinado de tres tiros después de una discusión con un hombre paraguayo que todos acusan de transa para que desplazara una fogata del patio de su casa. Ahora exigen justicia.

Con el paso de los días, nuevas familias llegaron –algunas estimaciones señalan que ya son unas 600-. Y el acampe se transformó: donde había vecinos en ronda se levantaron carpas, donde había ramas banquitos de camping, viandas y hasta juegos con pelota. “Al fondo de la villa ya hay pibes que están vendiendo terrenos por 400 pesos a familias bolivianas”, dijo Francisco, un pibe que alquila un PH por 2.000 pesos en la parte urbanizada del barrio.

Trinidad Loaiza hoy durante el sepelio de su hijo, Osvaldo Soto. Lo mataron el primer día de la toma.

Los ocupantes eligieron un delegado cada 20 parcelas. Ayer, esos representantes villeros negociaron durante más de nueve horas con el juez contravencional Gabriel Vega, autoridades del IVC porteño, y parecieron llegar a un acuerdo: la administración de Mauricio Macri se comprometía, con la firma del juez como garante, de ejecutar una ley sancionada en 2005 (la 1770), dormida en un cajón desde entonces, que ordenaba urbanizar la villa 20. Y los vecinos, después de someterlo en asamblea, aceptaban abandonar el lugar por las buenas.

Pero con los primeros soles de la mañana el pacto se truncó: la mayoría de los vecinos desconfiaron de la oferta –citaban como antecedente directo el compromiso vano del Indoamericano- y se negaron a irse. Otra porción, en principio dispuesta a irse, pudo haber sentido temor o duda, y decidió quedarse. “Sólo el 5% se fue”, dijo Herminia, una ocupante.

Ahora la calma es frágil, y la espera tensa. En cualquier momento, con los plazos expirados, la justicia contravencional porteña podría ordenar el desalojo forzoso. En ese esquema, ayer por la tarde volvió a escena un personaje conocido en el barrio: Marcelo Chancalay. “Si bien el juez dijo que desalojemos el lugar, si nos vamos perdemos todo, así que decidimos quedarnos”, dijo. El primer día de ocupación, su nombre sobrevoló el acampe como su impulsor en las sombras.

Marcelo Chancalay, puntero del PRO en la villa 20. Tiene un cargo en el Ministerio de Desarrollo Social porteño.

El ex boxeador y ahora puntero

Marcelo Chancalay fue boxeador y subió a los cuadriláteros hasta 1991. Después trazó tiene tras de sí una trayectoria oscilante dentro de la política barrial. Un apego pragmático con el poder. Aníbal Ibarra lo contó entre sus huestes y le dio el gimnasio donde solía entrenar boxeadores. Cuando Sergio Schoklender desembarcó en el predio hoy ocupado, le acercó a los pibes que lo rodeaban para defender el predio como sea: incluso a los tiros.

Su hermano Fabián Chancalay también boxeó y llegó a ser campeón argentino. Estuvo preso dos años en Devoto por un crimen del que fue absuelto, fue a juicio oral por lesiones y lo procesaron por tenencia de arma de guerra. Marcelo siempre fue un puntero creativo: organizó los polémicos "villa-tours" para que los turistas extranjeros asistieran con morbo antropológico a la vida cotidiana de la marginalidad. Militantes de otros fuerzas lo denunciaron judicialmente por violencia, persecución y por gozar de la protección de la comisaría 52.

En junio de 2011, a pesar del despliegue de cartelería y de la presencia de Martín Palermo y Gabriela Michetti, Chancalay perdió las elecciones barriales por 1.800 votos. Ganó un frente opositor que encabezó Víctor Núñez, cercano al kirchnerismo. Una referente opositora recordó que cuando la impensada derrota fue inapelable, Chancalay convocó a los suyos en el bunker y lloró. Los militantes territoriales aseguran que en las últimas elecciones legislativas, desplegó su estructura por Martín Lousteau.

Pero su papel más relevante es institucional: trabajó en la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS) creada por el PRO y hoy tiene un cargo en el Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad. Un lugar vital en el tablero macrista para la regulación del territorio.

El juez contravencional Gabriel Vega, de corbata azul. Y el fiscal penal y contravencional Carlos Fel Rolero, de anteojos.

El ninguneo a un techo digno

La toma del predio lindero a la villa 20 desnudó una ninguneo histórico en la planificación macrista de las políticas públicas: el derecho de un techo digno (y propio). Más de 300 mil viviendas permanecen desocupadas, sin habitar, en la ciudad de Buenos Aires. Mientras, las villas y asentamientos crecieron progresivamente hasta duplicar su población de 2001 y triplicar la de 1991.

Sonia Yolanda Quisberth Castro (QCSY), una mujer boliviana que trabajó varios años en un taller de costura, sentó la jurisprudencia. La señora tuvo un hijo, Jordi, que padecía una “encefalopatía crónica no evolutiva”, que le afectaba la audición, la visión y la motricidad. En abril de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que los paradores y la política de subsidios habitacionales del gobierno de la ciudad insuficientes, y ordenó al gobierno de Mauricio Macri que le garantice alojamiento.

Además, la ley porteña 148, sancionada a fines de 1998, establecía la radicación y transformación definitiva de las villas antes de 2003. Esa norma sigue vigente: sus plazos están vencidos un poco antes que los del desalojo de la toma.

“Los pocos complejos habitacionales construidos por el gobierno son en la Comuna 8, y los principales problemas de vivienda siguen estando acá”, afirmó a Infojus Noticias Alejandro “Pitu” Salvatierra, referente territorial de la zona y ex presidente de la Junta Vecinal de la Villa 15. Y agregó: “Sin embargo, nunca se prevé mejorar la infraestructura, porque no se construyen escuelas ni hospitales. La prueba es que la mayor parte de escuelas conteiner son para la Comuna 8”.

Esta anemia de políticas habitacionales tiene sus consecuencias directas: si el gobierno porteño es intimado judicialmente a asistir a un indigente, terminará en un embudo geográfico que conduce a los barrios de Villa Lugano, Soldati y el Riachuelo. Si nadie lo asiste, pasa a ser un blanco apetecible para los especuladores que ofrecen una “solución” transitoria –un cuarto en un complejo o alguna casilla en la villa- bajo cláusulas que generan otra dependencia: pagos diarios o semanales usureros por no tener garantías o fiadores.

“Mientras no se implemente una política de regularización y vivienda definitiva, este tipo de conflictividad reaparecerá periódicamente”, analizó Sebastián Tedeschi a Infojus Noticias. Es secretario letrado de la Defensoría General de la Nación y especialista en derecho a la vivienda. Existen reglas de Naciones Unidas sobre intervención judicial en el caso de desalojos: una de ellas es la observación general Nº7 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. “Si se sabe que las personas que van a ser desalojadas no tienen recursos, se les debe proveer un alojamiento alternativo”, explicó el abogado.

Bajo ese prisma, el subsidio habitacional –que dura entre seis y diez meses, no tiene en cuenta las condiciones de cada familia y con suerte permite solventar el alimento- contradice el marco jurídico tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de la Nación argentina. Uno de los debates de fondo que urge retomar después del drama de la villa 20.