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Después de un brevísimo cuarto intermedio tras las respuestas del Grupo Clarín ante la Corte, la Audiencia Pública por la Ley de Medios siguió con las preguntas de la Corte a los representantes del Estado nacional. El Poder Ejecutivo Nacional está representado por Martín Sabatella -presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA)- como orador; y por un grupo de asistentes entre quienes se encuentran abogados, ingenieros y comunicadores: Eduardo Barcessat, Graciana Irma Ruth Peñafort Colombi, Pablo Esteban Wiznia, Angelina María Esther Abbona, Horacio Pedro Diez, Sergio Iurano, Sergio Ricardo Landin, Licenciado Horacio Amílcar Seillant y Pedro Antonio Sequeira. Los dos técnicos del equipo son Sofía Nube Porley y Fernando Torrillate.

A la hora de responder, nueve integrantes del equipo se acercaron al estrado y Sabatella permaneció sentado. La primera pregunta de la Corte se refirió a por qué la parte expresa "que la Ley de Medios está suspendida hace cuatro años, cuando en realidad sólo hay artículos cuestionados". El asesor del AFSCA Daniel Larrache respondió:  “La Ley se aplica desde su sanción, también se aplica desde el 7 de diciembre (de 2012) a otros medios, excepto a Clarín.  La Ley debe ser aplicada para todos, no puede ser que un grupo no entre en la general de la Ley”.

El abogado constitucional Eduardo Barcesat dijo que el artículo 42 establece controlar los monopolios: “Estamos en presencia de un cambio del deber ser, no se trata de una facultad sino de una obligación que debe ser cumplida. Habla en plural la semántica del artículo 42, habla de las autoridades. Compete a todos”.

Después la Corte preguntó sobre el decreto de necesidad y urgencia de 2005 donde se suspendieron las licencias de radiodifusión por diez años, pero luego se modificó en 2009. "¿Cómo explica la interpretación del decreto de necesidad y urgencia?", preguntó. Graciela Ruth Peñafort respondió: “Era necesaria la ratificación del decreto para la aplicación de la Ley, porque nadie estaría interesado en una licencia que dure poco tiempo".

"La parte otrora señala – dijo el secretario de la Corte-  que es contradictorio haber autorizado la fusión Cablevisión – Multicanal para después negársela": A lo que Peñafort Colombi respondió: “Lo que se aprobó fue por Ley de Defensa de la Competencia. Este proceso de concentración necesitaba determinadas regulaciones, como del entonces COMFER, hoy AFSCA. La empresa logró concentrar más licencias de lo que debía, esto motivó la redacción del decreto. Se resguarda el valor de mercado y no es lo mismo que el valor simbólico de la libertad de expresión”, cerró.

El economista Horacio Seillant respondió sobre las economías de este tipo de industrias: “Estamos frente a las características de un monopolio natural, se ven limitaciones legales que lo transforman también en un monopolio legal”. Seillant dijo que en monopolios de agua y energía existen regulaciones específicas de precio y contenido como las características físicas y químicas. “En este caso, ¿cómo se regulan los contenidos sin contradecir la libertad de expresión?”, se preguntó Seillant. Y respondió: “no habiendo monopolios”.

Foto: Leo Vaca

"¿Cuántos licenciatarios hicieron propuestas de adecuación? ¿Cuáles no?", quiso saber la Corte. El director de Gestión, Administración y Desarrollo del AFSCA, Daniel Larrache, precisó que se presentaron al proceso de adecuación 29 grupos de medios de los cuales 14 ya se adecuaron y 15 están en proceso. Larrache precisó que también se presentaron otros grupos que no necesitaban adecuación a la ley de Servicios de Comunicación Audioviosual y que el "único" grupo que no lo ha hecho es Clarín. Peñafort aclaró que “el socio minoritario de Cablevisión sí se presentó. No se adecúa el 60% de Cablevisión”.

Los ministros Lorenzetti, Highton y Maqueda miraban fijamente a los encargados de responder. Mientras tanto, los representantes del Grupo Clarín hablaban entre ellos. Uno de sus abogados, Damián Cassino, tomaba nota de las respuestas. A diferencia de los asesores técnicos del Grupo Clarín, los del Estado nacional estaban parados detrás de los oradores. Atentos a cada pregunta, no revisaban papeles.  

A continuación la Corte preguntó sobre las consecuencias que tendrían en las fuentes de trabajo los procesos de desinversión. Peñafort respondió que los trabajadores de los medios participaron en la discusión de la ley a través de sus gremios y apoyaron la norma. También precisó que “la adecuación busca preservar las fuentes de trabajo” y “establece protecciones específicas”. Explicó que la ley no establece que caduquen las licencias, sino que determina que es necesaria “una adecuación que preserve e incluso mejore las condiciones de trabajo”.

Pablo Wisnia reafirmó este argumento: “la adecuación permite que otros jugadores posibles tomen este bien. Generaría más fuentes de trabajo en lugares en los que Cablevisión repite programas producidos en Capital Federal”, remarcó.

Después la Corte preguntó por qué no se utilizó el decreto de 2005 para reducir la cantidad de licencias. Peñafort se quejó por la formulación de la pregunta: dijo que partía de una premisa falsa. “No se deseaba reducir la cantidad de licencias del Grupo Clarín, sino tener desconcentrado el mercado argentino”.  También hizo referencia  a la competencia de la otra parte: “El Grupo Clarín, por la magnitud que tiene, marca precio y condiciones de competencia. Su posición dominante está acompañada de posiciones monopólicas”.

Desde el AFSCA, Larrache agregó: “El Grupo Clarín detenta muchos otros medios que no están regulados por esta Ley. Los sistemas de cable son 1117, el Grupo Clarín detenta 237: 200 veces más que el resto de los licenciatarios. El Grupo Uno, que también va a desinvertir, tiene 49”. El tercer grupo es de la familia Padula tiene 18, pero 12 de ellas están bajo la órbita del grupo Clarín. Peñafort también destacó: “Los canales CN23 y Paka Paka han solicitado judicialmente estar en la grilla de Cablevisión. Estas son las consecuencias de la exclusión”.

Sobre por qué la Ley no alcanzó a la prensa gráfica, Peñafort respondió que “por un motivo político y otro constitucional. Creíamos que prensa gráfica estaba alcanzada por el artículo 32”. La Corte  quiso saber más acerca del alcance territorial de las licencias de servicios radiodifusión para televisión por cable. Peñafort explicó que tanto el cable como el satélite están alcanzados por el mismo mercado: un 35 por ciento.  “En ningún caso la ventaja competitiva del cable se podrá utilizar para superar la barrera del 35 por ciento”.

Larrache dijo que es importante conceptualizar cuánto del contenido detenta un grupo. “Una cosa es el mercado convergente, las nuevas tecnologías que posibilitarán nuevos escenarios, y la realidad de hoy”. Sobre la pluralidad de señales, agregó: “Al momento de armarse la Ley de Servicios Audiovisuales se buscó que no se generen situaciones de privilegio o que no decidan incluir a señales de la competencia”.  Seillant consideró que  “si yo tengo el monopolio de la distribución, ser el dueño del producto genera que tengo el monopolio de la información. Las limitaciones están perfectamente ligadas con el concepto de la distribución”. Sobre el doble límite en licencias de cables, Larrache dijo que la cantidad máxima de licencias es de 24 “por una cuestión de eficiencia en la prestación del servicio y a fin de tener más penetración en el territorio”.

En materia económica, Seillant dijo que es un supuesto falso que las economías de escala se trasladen a los precios. “La única garantía es la competencia y esto no ocurre en el mercado”.  Peñafort dijo que la Ley dispone medidas para promover señales independientes. “Muchas señales de televisión abierta son del mismo dueño, por lo que no hay ningún tipo de diversidad, en la provincia donde yo vivo pasa esto: San Juan. Y no está el Grupo Clarín ahí”, relató al tribunal. “La televisión analógica no tiene tantas frecuencias como para poner señales de televisión abierta. Con apenas nueve canales tengo que dar cobertura a todo el país”. Larrache agregó: “Para el cable es obligatorio subir los canales de aire, se queda con el abono, la publicidad y las dos voces”.

Sobre quiénes ocuparán las vacantes del Grupo Clarín, expresó: “Hay que referenciar la continuidad del servicio. Los sectores que podrán ocupar las vacantes podrán ser empresas nacionales, tenemos proveedores de señales que hoy están excluidos de Cablevisión. Todos aquellos que encuentran dificultades para acceder a este mercado concentrado serán los primeros beneficiados”. “Existen múltiples denuncias sobre los contenidos premium, básicamente, el fútbol. Por eso se iniciaron distintas acciones, también un proceso de institucionalización que llevó adelante la empresa”, dijo Peñafort.

La Corte Suprema hizo preguntas específicas sobre la evolución de las licencias de cable desde los años 90 hasta la actualidad. En ese contexto, Peñafort precisó que “la concentración económica que llevó adelante esta empresa, no sólo no cumple esta ley, tampoco cumplía la anterior”. La Corte preguntó de qué manera la desinversión que establece la ley favorecería la competencia. Peñafort dijo que las “capacidades ociosas y de prácticas predatorias de Clarín impiden el ingreso de nuevos competidores”. Y señaló que si el grupo no se adecua al conjunto de la LSCA, no se puede implementar. “Tiene que haber nuevas voces, pero hoy no tienen espacio”, remarcó. "La pluralidad de voces necesita un espacio. No solo del Grupo Clarín, sino de las otras 29 empresas que tienen que desinvertir".

Al cierre, Lorenzetti aclaró que la gran cantidad de preguntas se debió a que todos los ministros que integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación realizaron sugerencias.