Camila Speziale y Hernán Pérez Orsi pudieron hablar con sus familias desde la prisión donde están alojados en Moscú, acusados de piratería. Ayer las dos familias se reunieron en Casa Rosada con el vicepresidente Amado Bodou y el canciller Héctor Timerman.
Los dos activistas argentinos de la organización ambientalista Greenpeace, Camila Speziale y Hernán Pérez Orsi, pudieron hablar hoy con sus familias desde la cárcel donde están alojados en Moscú hace poco más de dos semanas, acusados de piratería. "Me produjo una tremenda emoción tanto a mí como a mi esposa poder hablar con Camila luego de tanto tiempo y me alegró saber que se encuentra bien", dijo a Télam el papá, Néstor Speziale.
El papá de Camila, de 21 años, destacó que "se están haciendo negociaciones para que puedan dejarla en libertad, pero es muy difícil, las leyes de ese país son muy estrictas y ya sabemos que hoy negaron una de las excarcelaciones" solicitadas por Greenpeace. A más de dos semanas de ser detenidos, cuando el buque de Greenpeace Arctic Sunrise fue abordado por la Guardia Costera rusa mientras realizaban una protesta en el Ártico frente a una plataforma petrolera de la compañía Gazprom, los argentinos junto a otros 28 activistas de Greenpeace permanecen en celdas acusados del cargo de piratería.
Por su parte, la familia de Hernán Perez Orsi contó que está fuerte de ánimo, que lo están tratando bien y que tiene un compañero ruso que "lo trata como un hermano". "Estamos contentos de que hayan podido hacer esta llamada, pero lo que queremos es que estén junto a su familia, lo antes posible", dijo Martín Prieto, director ejecutivo de Greenpeace en Argentina.
Ayer las dos familias se reunieron en Casa Rosada con el vicepresidente Amado Bodou, el canciller Héctor Timerman y el secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, y les pidieron que Argentina se sume como país a la presentación iniciada por Holanda para pedir la liberación del barco y la tripulación, informó la organización ambientalista a través de un comunicado.
Esta mañana, un tribunal ruso rechazó la primera apelación de una integrante de Greenpeace detenida por la protesta en el Ártico para que se levantara la prisión preventiva hasta que se celebre su juicio. La decisión afecta a la médica rusa Yekaterina Saspa, que permanecerá así en prisión hasta noviembre, según la decisión del tribunal de Murmansk.
En tanto, las diputadas nacionales del Frente para la Victoria Mara Brawer y Claudia Giaccone mantuvieron hoy en Ginebra una reunión con la senadora rusa Valentina Petrenko, del oficialista Partido Rusia Unida, quien encabeza la delegación de su país que participa de la 129 Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP). Las legisladoras argentinas solicitaron a su contraparte rusa "que interceda" ante las autoridades de su país para lograr la liberación de los argentinos, mientras se sustancia la causa judicial que los involucra.
"Estamos contentas por la comprensión manifestada por los parlamentarios rusos y su compromiso de realizar gestiones para una pronta solución de la difícil situación que viven los militantes de Greenpeace detenidos", dijo Brawer, tras el encuentro. Como resultado de la reunión, la parlamentaria rusa se comprometió a "transmitir las preocupaciones por la situación de los ciudadanos argentinos a su Canciller y al Presidente del Senado ruso", señalaron las diputadas argentinas a través de un comunicado.
Más temprano, Greenpeace había denunciado que los 26 detenidos se encuentran en “condiciones inhumanas”: sin cuidados médicos ni acceso a agua potable, padeciendo frío y vigilados permanentemente. Un tribunal ruso rechazó ayer la primera apelación a la prisión preventiva.
El abogado Sergei Golubok –integrante de la defensa- encabezó una conferencia de prensa en la que denunció que muchos de los detenidos "no tienen acceso a agua potable suficiente" y que son sometidos a una "videovigilancia permanente". "Nadie recibe cuidados médicos adecuados", agregó.
De los 30 detenidos, 26 son extranjeros que no hablan ruso. "No pueden hablar con sus allegados por teléfono, ya que deben hablar en un idioma que entiendan los funcionarios de los centros de detención", explicó Golubok.