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En la sede de Abuelas de Plaza de Mayo se hizo hoy una conferencia de prensa en relación al robo de niños durante la dictadura franquista en España. El juez Baltasar Garzón relevó más de 30 mil niños apropiados en España entre 1944 y 1954. La Justicia española no los considera delitos de lesa humanidad y trata sólo casos particulares. La jueza federal María Servini de Crubría aceptó el 14 de abril del año pasado una querella por esos crímenes del franquismo.

Frente a unos treinta periodistas y algunas cámaras de televisión, Estela de Carlotto empezó la conferencia de prensa recordando que cuando en Argentina no había justicia, España hizo mucho por resquebrajar la impunidad. En ese momento eran los tribunales españoles los que recibían a las víctimas argentinas. Hoy la Justicia española se opone a que se juzguen los delitos que cometió el franquismo "Nosotros creemos que los que perpetraron delitos de lesa humanidad deben ser perseguidos por los tribunales de cualquier país", afirmó.

Por su parte, Tati Almeyda, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, afirmó que los niños robados son de todos, sean de la nacionalidad que sean. Impulsó a los querellantes españoles a no desistir en la lucha por justicia. Y recordó los años de peregrinaje en los tribuales argentinos por parte de los organismos de Derechos Humanos en busca de justicia.  

Se anunció que se están realizando reuniones para fortalecer la plataforma de apoyo a la querella. De ella participan, además de Abuelas y Madres, el Centro Gallego y el Centro Vasco en Argentina, la CTA y Amnesty Internacional. Sin movilización social, afirmaron los referentes de las organizaciones, es difícil que la causa avance.

Un caso entre miles

El hermano mellizo de Soledad Luque Delgado nació en 1965 en la Maternidad Provincial de O’Donnell, en Madrid. Tenía bajo peso y lo llevaron a la incubadora. Los reportes de los médicos hablaban de mejoría. De un día para otro le comunicaron a la familia que el niño había muerto. No permitieron que vean el cuerpo aduciendo que estaba en el depósito. Después afirmaron que lo habían incinerado. Ni siquiera dieron a la familia las cenizas. Muchos años después Soledad sabría que en ese lugar se habían producido cientos de desapariciones de bebés.

Médicos, personal administrativo y agentes religiosos formaban parte del sistema de apropiación. La verdad empezó a encontrar su camino cuando los niños que habían sido apropiados empezaron a preguntar por su origen. Los medios de comunicación españoles mostraban, caso por caso, la historia de las identidades robadas. En España no se habla de plan sistemático, ni se reconoce el patrón común que une estas historias. El robo de niños es considerado un delito económico. la Justicia de ese país sigue pidiendo que se presente prueba documental cuando fue el Estado el que se encargó de destruirla. "Y los depredadores -dijo Carlotto uniendo el proceso argentino y el español- sabeos que mueren en silencio".

Nueve de las muchas asociaciones de familiares que buscan a los niños consideran que la apropiación es un delito cometido por la dictadura de Franco y, por lo tanto, un delito de lesa humanidad.

La querella argentina

Los delitos de lesa humanidad tienen jurisdicción universal. Por eso la Justicia argentina puede investigar hechos cometidos por españoles contra españoles y en España. Así como el juez español Garzón pudo recibir testimonio a trescientas víctimas de la dictadura argentina cuando todavía estaban vigentes las leyes de impunidad.

La querella argentina por los crímenes del franquismo incluye ex presos políticos, trabajadores esclavos, asesinatos, niños maltratados en los preventorios (orfanatos) del régimen y la apropiación de niños. En la etapa que va desde el fin de la guerra civil hasta los años ´50 muchos niños que fueron llevados a las cárceles con sus madres republicanas enfermaron o murieron con ellas. Los sobrevivientes eran separados de sus madres a la edad de tres años y dados en adopciones ilegales. Otros terminaron en conventos, forzados a convertirse en monjas o religiosos. En una segunda etapa a  las madres soleteras y las familias pobres se les robaba a sus hijos con un mecanismo similar al de Francisco. Un médico comunicaba que el niño había muerto y que su cuerpo había sido incinerado. La familia no volvía a saber de él.

El próximo lunes Soledad Luque Delgado declarará ante Servini de Crubría como querellante de la asociación "Todos los niños robados son mis niños". Será la primera en prestar testimonio por el robo de bebés durante el franquismo en la Justicia argentina.

Ayer, diputados argentinos de la Comisión de Derechos Humanos firmaron un proyecto de repudio a los crímenes del franquismo. El encuentro estuvo coordinado por Julián Domínguez,  presidente de la Cámara baja de Diputados. Participaron tres ex presos políticos del franquismo, Luque Delgado y el abogado argentino querellante en la causa, Carlos Slepoy.

Carlotto al comentar los obstáculos y demoras en los procesos judiciales argentinos, similares a los que la Justicia española intentaba para dilatar la investigación sobre el robo de niños, afirmó que es esta querella se da en el marco de un pueblo que lucha para tener una justicia verdadera. Que la corporación judicial es la misma que interrumpe y retrasa los procesos y que parte de lo que resta sumar a la década ganada era tener un Poder Judicial más rápido y eficiente.

La Iglesia Católica española

Luque Delgado afirmó que la iglesia es de una de las principales involucradas en el robo de niños. Explicó que el Estado y la Iglesia eran una sola cosa durante el franquismo. Las diferentes congregaciones se dividían el control de los organismos del Estado. En España muchas mujeres humiles y embarazas acudían al Estado en busca de ayuda, ellos las derivaban a casas que gestionaban órdenes religiosas y donde daban a luz. También en esas circunstancias existió la apropiación de niños.

Sor María Florencia Gómez Valbuena era la única religiosa imputada por el robo de bebés. Varios testimonios las señalaron como responsable de haberse llevado niños de las manos de su madre esgrimiendo argumentos como que "era un adúltera". Sor María, quien pertenecía a las Hermanas de la Caridad, murió este año. Había declarado que nunca quitó un niño bajo coacción o amenaza y que siempre actuó bajo la estricta jerarquía de la Iglesia Católica. "Es vergozoso -dijo Soledad Luque Delgado- que todavía no haya ninguna declaración oficial por parte de la Iglesia en relación al robo de niños".

Slepoy, al terminar el relato de Soledad, afirmó que ellos vieron con interés como Abuelas pidió al papa Francisco que abriera los archivos sobre la dictadura argentina y que eso abrió la puerta para pedir también la apertura de documentación relacionada a los crímenes del franquismo.