Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), participó del último panel, sobre los “Desafíos de los sistemas penitenciarios actuales". Hubo especialistas de Inglaterra, Portugal y la Argentina. El debate sigue siendo actual: ¿para qué sirven las unidades penales?
¿Para qué sirven las cárceles? No es una pregunta nueva. En el libro “Vigilar y castigar”, Michel Foucault teorizó la etimología del encierro punitivo y planteó que "la modernidad que descubrió las libertades, también inventó las disciplinas". Eso es lo que está en debate hoy en Argentina: ¿Quién merece el encierro y qué le devuelve ese castigo a la sociedad? El panel "Desafíos de los sistemas penitenciarios actuales" del Congreso Federal Sobre Reformas Legislativas buscó una respuesta a los interrogantes del país y de Latinoamérica acerca de la agenda carcelaria para la reforma de los códigos.
"En Inglaterra y gales una cárcel eficaz es aquella que tiene orden y brinda una rehabilitación. Hay cuatro criterios claves para que esto sea así: tratamiento justo y razonable, fomentar asistencia, una identidad que sea positiva para apoyar lo que es el empleo cuando el interno sale de prisión y fomentar los vínculos", dijo Kevin John Reilly, director del centro penitenciario de Pentonville, Inglaterra.
Reilly expuso: "Fue muy alentador escuchar al ministro Julio Alak hablando sobre fomentar los vínculos familiares. Si realmente queremos ayudarlos a cambiar, necesitan creer en el sistema y también en la sociedad para respetar las normas. Ahora, si esto no es razonable en la cárcel o injusto, los internos no van a estar motivados a cambiar. Tenemos que apoyar lo más posible mientras están en prisión. Con habilidad práctica y apoyo capaz podemos romper con el círculo de recaer".
José Ricardo Marques Da Silva Nunes, ex director de la escuela Penitenciaria de Portugal, dijo que en su país tienen "muchos voluntarios trabajando en el interior de la cárcel". Y explicó que Portugal "tiene dificultades financieras" y, por ende, el desafío es difícil porque se trata de cómo mantener motivados al personal y a los internos. También cómo mantener el trabajo, porque es fundamental para la reinserción de los internos.
Acerca de las inversiones en unidades penitenciarias, Marques Da Silva Nunes afirmó que "invertir en prisiones es la inversión más estúpida que se puede hacer. Claro que tienen que estar bien y en condiciones, pero lo importante es implementar políticas previas. El uso racional de la prisión es una idea magnífica. Yo me pregunto cuál es el efecto de mandar a una prisión por 6 meses, 8 meses".
Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), primero se disculpó por sonar retórica, ya que al igual que los demás, consideró que "no sería posible una reforma si se sostiene la pulsión a la tasa de encarcelamiento".
"Los espacios de encierro actuales forman estructuras de exclusión. La reforma de la ley orgánica implica la generar una nueva burocracia que pueda desmilitarizarse y trabajar sobre nuevos paradigmas. La despersonalización del sistema actual es otra de las cuestiones importantes en la que avanzar", dijo Litvachky.
El ex director del Servicio Penitenciario Federal, Alejandro Marambio, llamó al cambio de raíz: "El modelo penitenciario militarista que viene de los años de la dictadura caló muy profundo en lo que es el discurso actual. Desmantelar eso es el conflicto que tenemos, ya que del otro lado también hay discursos muy violentos. Ese es el desafío. Demanda un diálogo serio y con números reales en cuanto a la prevención, ya que el problema real está en ese otro espacio".
"Hay un problema de la utilización de las cárceles que hay que replantear, y ese desafío fuerte acerca de las decisiones de cómo gestionar una cárcel debe tener también una reglamentación penitenciaria", dijo Marambio.
Elías Carranza, director general del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD),Costa Rica, no pudo asistir pero entrego a Juan Carlos Domínguez Lostaló su informe, que tuvo su momento de aplausos cuando dijo que era necesario modificar la "ley 24660, artículos 199 y 207, y eliminar la privatización parcial de los servicios" que se implementó durante el menemato.