Infojus Noticias

En un fallo de 345 páginas, el juez subrogante del Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca, Claudio David Pontet, dictó la falta de mérito probatorio del empresario periodístico Vicente Massot, acusado por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, aclaró que la medida es “sin perjuicio de la prosecución de la causa y la continuación de la investigación judicial”. En el dictamen, el juez hizo un análisis de por qué rechazó las pruebas presentadas por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia. “Pareciera que nosotros leímos un diario y él otro. Las diferencias son abismales. El jueves vamos a apelar la medida para que la Cámara Federal vuelva a decidir. La defensa que hace Pontet sobre Massot es llamativa porque lo protege diciendo que aplicó el derecho de libertad de expresión, pero no sólo eso: dice que fue víctima de la dictadura”, dijo Nebbia a Infojus Noticias.

Massot está acusado por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca de integrar "junto con los mandos militares, una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional", para lo cual habría contribuido desde La Nueva Provincia (LNP) actuando "de acuerdo a las normativas y directivas castrenses y en cumplimiento de tales" órdenes. El empresario  también fue imputado como coautor del homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, "instigando, determinando, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos".

Como consecuencia de la imputación, Massot ya fue indagado dos veces por la justicia. “Demostramos que está en condiciones de ser procesado. Cuando alguien está imputado, hay tres opciones. O se confirma su procesamiento, se dicta el sobreseimiento o se pronuncia la falta de mérito. Esta última opción es la que eligió Pontet, pero la causa sigue y no sólo que ratificaremos punto por punto las pruebas que tenemos, sino que también presentaremos nuevas”, enfatizó Nebbia.

En la introducción del fallo, Pontet admite que LNP durante la dictadura tuvo “notoria simpatía al régimen militar”, pero descartó de plano la conducta criminal de Massot. “No se ha demostrado que el imputado haya llevado a cabo una conducta pasible de integrar un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, ni que integrara o tuviera la aquiescencia del aparato de poder que llevó a cabo el genocidio”. Y agregó: “Para ser genocida, o partícipe de cualquier forma del genocidio, se debe intervenir en la consumación de los delitos que constituyen genocidio. Es decir, participar en homicidios, torturas, secuestros y desapariciones”.

De ese modo, destacó que el apoyo irrestricto de LNP a las acciones “llevadas a cabo contra la subversión” se refieren a acciones legales, y dijo que “no encuentra en los encendidos y reiteratorios editoriales ninguna frase que aliente la ejecución de prisioneros, la tortura o la desaparición de personas, más allá de su postura ideológica, y de su redacción de tipo panfletaria”. Para Pontet, hay un antecedente clave: dijo que el diario sostuvo desde mucho antes de que se produzca el golpe de 1976 una posición similar a la que sostuvo después. “Que haya defendido la ‘lucha contra la subversión’, no implica que haya participado, aprobado, apoyado ni colaborado con el genocidio”, enfatizó.

“Sin vinculación con el aparato estatal genocida”

Si bien las editoriales y artículos de LNP brindan un apoyo a los “logros” militares, y construye una caracterización de “lo izquierdista o marxista o peronista como ‘enemigo’”, el fallo destacó que lo hizo en defensa de la libertad de expresión, sin que existiera ninguna incitación a cometer delitos de lesa humanidad. “LNP nunca llamó a la población ni a sector alguno a secuestrar, asesinar, torturar o desaparecer personas. No es ello más que la expresión de una opinión política. Cuestionable, antidemocrática, belicista, maniquea. Pero opinión política al fin”, justificó.

En relación a la incriminación de Massot en los hechos represivos, Pontet también fue contundente: “No hay elementos de cargo que permitan tener acreditada la vinculación personal de Massot con el aparato estatal genocida, ni que ocupara cargos públicos al momento de ocurrir los hechos, tampoco la autoría de su puño y letra de las noticias y editoriales que publicaba el diario La Nueva Provincia, o su directo control y capacidad decisión en ese medio, y menos aún su efectiva participación en los secuestros, torturas y homicidios imputados”.

Además de negar que Massot hubiera tenido una activa participación en el diario, defendió su versión de que el control de la empresa periodística estuvo en manos de su madre, Diana Julio de Massot. Otra cuestión importante es que emparentó a LNP con el periodismo que sufrió el control  militar. “No sólo que había censura, sino que ni siquiera los medios del grupo Massot estaban exentos de la misma”, argumentó el juez y aclaró que la actuación de LNP no fue ni extraña, ni única, ni exclusiva. “Fue la seguida por la totalidad de los medios de la época, sin excepción”, dijo el juez. Y recordó el Comunicado 19 de la Junta Militar, que  establecía penas de diez años de reclusión al que “por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales”.

“Un diario de opinión nacionalista y católica”

En esa línea, trazó una conducta que establece una coherencia ideológica y una continuidad temporal. El juez descartó de plano que Massot supiera los propósitos de la dictadura y que la empresa periodística tuviera una acción excepcional en ese período. “La política editorial del diario fue siempre igual, ayer y hoy, en 1974 o en 2009, y, precisamente por ello, se puede concluir que no actuó en el período investigado a modo de usina ideológica del terrorismo de Estado, sino como lo que siempre fue: un diario de opinión nacionalista y católica, contraria a toda posición populista, y de marcada postura anticomunista y antiperonista”, aseveró el dictamen judicial  y agregó que “todas esas posturas pueden ser ética o políticamente criticables, pero no se observa en ellas un componente delictivo”.

Contrariamente a lo que piensan los fiscales, Pontet dijo que “no por compartir ideales con quienes resultaron genocidas”, ni por callar “sobre los graves crímenes que se estaban cometiendo -sobre cuyo verdadero alcance no era posible tener un adecuado panorama en ese entonces-“, se pasaba “a ser sin más cómplice o coautor, penalmente responsable, de dichos crímenes”. Según el fallo, LNP no fue el único medio que apoyó la dictadura. Y descartó que el diario apoyara el accionar ilícito y clandestino de los represores: “En las editoriales del diario si bien se avala la punición de aquellos que aparecen como peronistas -y dentro de esta línea preferentemente a la izquierda, pero también a la derecha-, no se legitima en sí mismo el accionar de las fuerzas armadas como un plan de exterminio de un grupo nacional”.

Por otra parte, tampoco consideró que LNP haya dado a las noticias sobre “enfrentamientos” un tratamiento distinto al que le daban el resto de los medios de la época. “Cierto es que las noticias caracterizaron a los protagonistas como terroristas, subversivos, guerrilleros o sediciosos, pero esa terminología no es exclusiva –ni excluyente- del diario, pues claramente las denominaciones indicadas, que hoy resultan chocantes y hasta ofensivas en algunos casos, en la década del 70’ eran de uso generalizado y común, en los ambientes periodísticos de todo el país”, precisó el fallo.

Otra cuestión que emparentó a LNP como una víctima: consideró que, así como el régimen militar presionó al Poder Judicial, también lo hizo con el periodismo. Dijo, además, que LNP efectuó múltiples críticas al gobierno militar, al que calificó de “fracaso” y “controvertido”.

Por último, Pontet no dio lugar a las pruebas que avalaban la presencia de Personal Civil de Inteligencia (PCI) en el diario. Y desestimó su posible intervención en el homicidio de Heinrich y Loyola. Los fiscales lo habían imputado como partícipe del hecho “instigándolo, determinándolo, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos”. Por el contrario, el juez deslizó la sospecha de que los homicidios hayan sido cometidos por la Triple A.

“Un freno al avance de la causa”

Para los fiscales Nebbia y Palazzani, el fallo de Pontet responde a una estrategia de la corporación judicial de Bahía Blanca, una opinión que es apoyada por el amplio espectro de organismos de derechos humanos. “Es un freno al avance de la causa, que prueba una conducta criminal de Massot y no de libertad de expresión. No estamos hablando de la opinión de un diario, sino al llamado a la aniquilación de un grupo y la elaboración de un encubrimiento que no es tan sólo periodístico sino de complicidad civil. Massot sabía lo que hacía”, dijo Nebbia a Infojus Noticias. 

Desde la Unidad de Derechos Humanos confiaron que la causa Massot continuará más allá del dictamen de Pontet. “No queda ninguna duda que es una valla para el avance de las responsabilidades civiles. La corporación judicial presiona para que no se avance sobre todo las responsabilidades eclesiásticas y mediáticas. El juez Álvaro Coleffi avanzó con nuestros pedidos y la corporación se lo hizo saber. Fue recusado, está sumariado y confinado en Tribunales. Acá todo es al revés. Los que denunciamos terminamos siendo denunciados”, concluyó Nebbia.

Sobre el juez Pontet pesa una recusación. Los fiscales pidieron que el Consejo de la Magistratura tome cartas en el asunto y designe un nuevo juez, porque consideran que “está mal aplicada la ley de subrogancia”. Como argumento principal, el fiscal Palazzani evocó “el principio de imparcialidad” no sólo como “consecuencia de la estrecha vinculación de Pontet respecto a imputados de delitos de lesa humanidad, sino además por la adopción de conductas y posturas previas a su nombramiento en la presente causa”. Citó dos ejemplos clave: el vínculo con Massot en su labor como ex abogado suyo; y que representó a su tío, el ginecólogo Jorge Pontet, que confesó haber intervino en la falsificación de un acta de nacimiento durante la dictadura.