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Imitan primeras marcas que se consiguen en varias ferias de la Ciudad. Zapatillas, camperas, bermudas y mochilas parecidas a las que venden en los shoppings, se ofrecen a un precio mucho menor en los puestos de Retiro, Constitución, Once o Pompeya.  Por lo general, la justicia avanza contra los puesteros y se queda en ellos. Muchas veces, como se trata de una actividad de subsistencia, se considera que la venta ambulante y de ropa falsificada no es delito.  

“La acción de la policía", dice un dictamen de la Procuración General, "se limita en estos casos a la detección y represión de los llamados ‘manteros’ o vendedores ambulantes de objetos falsificados, a sacarlos de circulación e incautar la mercadería, sin realizar el menor esfuerzo investigativo para proseguir hacia arriba en la línea o pirámide delictiva y, así, descubrir y desbaratar a las organizaciones que están detrás de la fabricación de estos productos imitados”. 

En este caso se quizo ir más allá: lo que empezó como una “pequeña investigación” por la venta de ropa trucha, llevó a los fiscales a dar con una organización delictiva más bien parecida a una mafia. ¿Cómo operan? ¿Dónde están? Una trama de falsas empresas, altísimos alquileres y ropa trucha.

Detrás de la estación de Retiro, sobre la calle Padre Carlos Mujica, funciona una feria de ropa y artículos de computación, bajo el nombre “Paseo de Compras San Martín”. Los puestos se ubican adentro de un galpón que pertenece al ferrocarril. Ahí se consiguen prendas de indumentaria y películas truchas. Eso generó a mediados del año pasado motivó una investigación policial que empezó la Seccional 46° de la Policía Federal.

En la feria, los cartelitos de las paredes daban una primera pista: “Asociación Mutual de Vendedores Ambulantes de Retiro (Amear)”. Pudieron saber además que los puestos los administraba una sola persona y vieron que las prendas de vestir llegaban siempre en los mismos autos, que las traían de otra feria en Villa Domínico.

Con esos datos, se dio intervención a la Fiscalía Federal N° 6, a cargo de Federico Delgado. Las primeras conclusiones llevaron a creer que el predio estaba tomado y que el encargado era un hombre llamado “C”. Los alquileres rondaban los siete mil pesos por mes para un solo puesto, según pudieron saber agentes del Departamento de Investigaciones de Delitos Complejos de la Dirección de Inteligencia Criminal de Prefectura.

La causa quedó radicada en el Juzgado nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal N° 10, a cargo de Julián Daniel Ercolini, bajo la carátula “Av. Ramos Mejía y Carlos Mujica n°88 s/ infracción ley 22.362”. Se trata de una violación a la Ley de Marcas, que prevé penas de hasta dos años de prisión y multas de hasta 100 mil pesos.

Los investigadores debían hacerse pasar por posibles vendedores. Paseándose por entre las pilas de prendas de colores, vieron entrar y salir autos que repartían la mercadería. Eran siempre los mismos. En un papel se indicaba un número de celular para “reservar” puestos. Los investigadores llamaron para pedir uno. El teléfono lo atendió una mujer llamada “M”, que les dijo que no tenía más lugar ahí, pero que podía ofrecerles algo en la feria de Constitución. Se refería al “Paseo de la Estación”, ubicado en Lima 1735.

La habilitación de la feria también abrió una trama de irregularidades. El Gobierno porteño informó que el predio no tenía habilitación y que de hecho había sido clausurado. La constancia de AFIP señalaba una firma comercial de servicios inmobiliarios, cuyos presidentes eran dos jóvenes de 18 y 22 años. “M”, que administraba los puestos, figuraba como empleada de la empresa.

El domicilio laboral dos los dos supuestos dueños coincidía exactamente con la feria de Once. Pero para el año pasado, el predio ya estaba cerrado y en la zona nadie había escuchado hablar de los jóvenes dueños de la inmobiliaria. La feria, dijeron, se había trasladado a Pompeya, pero allí tampoco lograron dar con los jóvenes.

Para la Fiscalía, los jóvenes no son los verdaderos dueños de la empresa, e incluso podría tratarse de identidades falsas. Todo indica que “M” es quien lleva la responsabilidad y que maneja las ferias de Retiro, Once, Constitución y Pompeya. El perfil de Facebook de “M” les permitió saber que era la misma mujer que habían visto en dos de las ferias. Entre sus amigos, aparecía un “vigilador general en seguridad privada” que también se había paseado por las oficinas de las ferias.

El fiscal Delgado cree que se encuentra ante una organización delictiva. “Se desprende claramente la existencia de una organización que fabrica y comercializa ropa apócrifa en puntos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires, como los son las estaciones de Retiro, Once, Constitución y Pompeya, y por un lado le solicito al señor juez la intervención del teléfono en cuestión y por el otro prorrogó por un nuevo plazo las tareas de investigación en aras de lograr avanzar con la investigación”, escribió en un documento al que tuvo acceso Infojus Noticias.

Desde la Fiscalía que conduce Delgado sostienen que el Juzgado de Instrucción N° 10 que lleva la causa no les autoriza las pericias y medidas de investigación. Plantean que “para avanzar en la pesquisa hacen algunas diligencias que sólo puede ordenar el juez de instrucción”. Por su parte, y según describió la Fiscalía, el juez federal Ercolini consideró en más de una oportunidad que la información recolectada era insuficiente para ordenar les medidas y que se trataba de “datos aislados”.