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La parrilla de Alé Alé, de Villa Crespo, funciona como cooperativa desde fines del año pasado. En mayo obtuvieron matrícula propia, pero los dueños del inmueble pidieron una orden de desalojo que está vigente desde principio de año. Ahora, el juez de Martín Christello pidió la intervención de la Policía Metropolitana y los trabajadores temen un enfrentamiento en los próximos días, porque sostienen que resistirán el desalojo. “Teniendo en cuenta los antecedentes de esta fuerza, las perspectivas no son buenas”, expresó el presidente de la cooperativa, Andrés Toledo, que hoy participó de una conferencia de prensa junto a legisladores porteños.

“Vamos a cerrar, búsquense otro trabajo”, les dijeron los dueños de la parrilla en diciembre del año pasado. No se habló de indemnizaciones ni de los sueldos atrasados. Cuando los jefes dejaron de ir al local, cocineros y camareros decidieron seguir con sus tareas por cuenta propia. Algunos de ellos son los mismos de hace quince años, cuando abrió el restaurant, y los clientes conocidos les dicen que el lugar funciona mejor. Se habían convertido en una cooperativa de hecho y poco después, con algo de asesoramiento, obtuvieron la matrícula en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAE).

Hoy afrontan dos procesos judiciales: uno con los titulares de Alé Alé SRL, que quieren los bienes de vuelta, y otro con los dueños del inmueble. Estos últimos consiguieron una orden de desalojo alegando que habían vendido el edificio y debían entregarlo. Desde entonces, mozos, encargados y parrilleros se turnan para pasar la noche en la parrilla y evitar un desalojo sorpresivo. En mayo, el oficial de Justicia Eduardo Piola notificó a la abogada de la cooperativa que la operación se llevaría a cabo, pero finalmente no ocurrió. A fines de ese mes, Piola se presentó con el comisario de la seccional y con el abogado de los propietarios, pero tampoco se concretó la medida.

Los trabajadores, que realizan conferencias de prensa frecuentemente para conseguir apoyo, se mostraron preocupados por un movimiento reciente en la causa: una audiencia con la Policía Metropolitana. “En el expediente figura una audiencia entre agentes de la Policía Federal y un comisionado de la Metropolitana”, dijo a Infojus Noticias Ornella Nociti, abogada de Alé Alé y de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA). La abogada afirmó que el desalojo “sería a principios de diciembre”.

“Queremos pedir al Gobierno de la Ciudad, que no ha intervenido y que sabe que hay un desalojo donde va a haber violencia, que intervenga. ¿Por qué mandar a enfrentar a una fuerza pública con los trabajadores?”, dijo hoy el presidente de la cooperativa, Andrés Toledo. "No queremos llegar a una instancia en que la Metropolitana entre violentamente porque no estamos preparados para enfrentar a una fuerza pública y queremos dialogar", expresó en la conferencia de prensa que se realizó en el restaurante.

“La cooperativa es un ejemplo de lucha y de organización social. Pensamos que la Justicia había interpretado que esta es una cooperativa de trabajadores que está sosteniendo una actividad productiva, una fuente de trabajo de una empresa que quebró de manera fraudulenta”, expresó la legisladora porteña María Elena Naddeo. De la conferencia de prensa participaron también el legislador Aníbal Ibarra y el electo Pablo Ferreyra, junto a los diputados nacionales Juan Junio y Juan Cruz Campagnolli. Denuncian además que el bloque macrista de la Legislatura se resiste a tratar su proyecto de ley para expropiar los bienes de la cooperativa y sancionar una “ocupación temporaria”.

De fraudes y simulaciones

Los trabajadores de Alé Alé encararon otro proceso judicial que podría frenar el de desalojo. Denunciaron penalmente a Bejonor S.A., sociedad propietaria del inmueble, y a los antiguos dueños del restaurante, quienes habían firmado un convenio de desocupación del restaurante. Los trabajadores creen que se trata de las mismas personas y que están involucradas unas treinta sociedades inmobiliarias a nombre de familiares y socios en común. Si se prueba que Bejonor y Alé Alé pertenecen a los mismos individuos, el convenio de desalojo podría ser nulo.

“En julio hicimos la presentación ante el Juzgado de Instrucción N° 41 y hace un mes nos aceptaron como querellantes”, explicó a Infojus Noticias Ornella Nociti. “La denuncia penal es por estafa y estamos pidiendo testimoniales e indagatorias a la Fiscalía N° 10”, dijo.

“Tenemos sociedades en las que están vinculadas las mismas personas físicas, las mismas direcciones, socios que tienen sociedades entre sí, todas dedicadas a negocios inmobiliarios. Hay un montón de empresas en el medio, maniobras fraudulentas y de vaciamiento”, explicó Nociti. “Si la investigación penal llega a decir que efectivamente son la misma persona, el convenio de desalojo va a ser nulo y tendrán que suspenderlo”, agregó.