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“Salvalo al pibe”, le pidió un inspector de la Policía Metropolitana a una vecina del Hogar de Tránsito del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) de la calle Martín Rodríguez al 500 en La Boca. “El pibe” era el efectivo Ricardo Ayala, acusado de haber baleado a Lucas Cabello cuando el joven entraba a su casa hace casi dos semanas. Las presiones para que declara a favor del agente se repitieron, al menos, tres veces. El relato surge del expediente judicial que investiga qué pasó aquel día. Los abogados que representan a la familia del chico herido decidieron hacerlo público en conferencia de prensa.

“Desde el día del hecho que la Metropolitana está instalada en el lugar. Esto va en contra de lo que tiene que hacer una fuerza de seguridad investigada. Además del hostigamiento que surge de la propia causa, hay un contexto previo de violencia hacia los vecinos”, dijo a Infojus Noticias Nahuel Berguier, uno de los abogados querellantes.

La otra representante de la familia es Gabriela Carpineti. "Pedimos garantizar la seguridad de la familia de Lucas y sus vecinos", dijo la abogada. Junto a Berguier y a Carolina Vila, mamá del chico de 20 años, encabezaron la charla con los medios.

En la causa distintos vecinos contaron cómo los agentes de la Metropolitana “amenazaban y apuntaban con armas” a algunas de las familias que viven allí. Ese fue el contexto previo en el que se dio el ataque a Lucas. “En vez de restituir derechos, en un clima de tensión social, el lugar estaba en situación de policialización. Eso sumó más violencia”, opinó Berguier.

La consigna policial estaba dispuesta en la puerta de las viviendas por una disputa intravecinal. En el marco de ese hecho fue que una de las vecinas, además de custodia, tenía en su poder un botón antipánico. Un día después del ataque policial contra Lucas, mientras los vecinos se movilizaban para denunciar “gatillo fácil”, la vicejefa de gobierno porteño María Eugenia Vidal justificó el hecho al decir que se trató de un “caso de violencia de género”. En otra entrevista radial insistió en esta versión: "ni descarto ni confirmo que lo que pasó con Lucas Cabello sea un caso de género".

Los dichos de la funcionaria no tienen correlato con el expediente judicial y fueron desmentidos por el propio agente de la Metropolitana quien admitió haber disparado contra el joven “en defensa propia”. Además, según la declaración de Ayala, fue él mismo quien accionó el botón antipánico para “avisar al Comando lo que había ocurrido”. A su vez, un comunicado de la Defensa Pública precisó que “el botón antipánico no tenía ninguna conexión con Lucas”. La versión de Vidal también se cae si se revisan los expedientes que tramitan en la Justicia: en el fuero Contravencional de la Ciudad y en la Oficina de Violencia Doméstica no hay denuncias contra el joven baleado.

En la conferencia de prensa los abogados contaron, además, que a partir de los dichos de Vidal pidieron una reunión formal con ella pero no recibieron respuesta. “Ningún funcionario del gobierno porteño se acercó a la familia para ofrecer ayuda o, al menos, solidaridad”, dijo Berguier.

La versión policial y la versión de los testigos

El policía declaró ante el juez Osvaldo Rappa –a cargo del Juzgado de Instrucción N° 35– que Lucas estaba armado y la pistola “era plateada”. Sin embargo, la Policía Federal, que estuvo a cargo de las pericias en el lugar, sólo secuestró la reglamentaria de Ayala y las vainas correspondientes a sus disparos: uno que entró por la mandíbula y se alojó en la médula de Lucas; y otros dos, que fueron ejecutados cuando el joven ya estaba en el piso y le perforaron el bazo y un testículo. Así consta en la foja 1, de la causa 33248/2015.

Diversos testigos que se presentaron ante Rappa también aseguraron que Lucas no tenía arma alguna; que lo vieron cargando en sus manos los sándwich de milanesa que había comprado en la panadería del barrio. La semana pasada declararon vecinos de Lucas y una mujer que iba rumbo a su trabajo cuando escuchó los tiros y se acercó a ayudar. Hoy ofrecieron su testimonio Camila Magallanes, la novia de Lucas, y otros vecinos.

En el caso interviene desde un primer momento la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) que reclamó la seguridad de los testigos y la familia de Lucas. El próximo jueves se define el plazo que tiene la Justicia para definir la situación procesal de Ayala. Hasta el momento la investigación está caratulada como “tentativa de homicidio agravado”, por tratarse de un integrante de una fuerza de seguridad. Los querellantes quieren que “el estado de indefensión de la víctima” también sea considerado un agravante”.

Lucas sigue internado en terapia intensiva, en el Sanatorio Los Arcos: una de las tres balas que salió de la pistola reglamentaria del agente Ayala le partió la médula.