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Desde mañana y durante diez días, los abogados que cumplan con los requisitos para aspirar a cargos de la magistratura se pueden inscribir en la carrera de posgrado de Especialización en Magistratura de la nueva Escuela del Servicio de Justicia. La carrera estará dirigida por la jueza del Superior Tribunal porteño, Alicia Ruiz, y la dirección de la Escuela está encabezada por las titulares del Ministerio Público: Alejandra Gils Carbó y Stella Maris Martínez.

La flamante institución nació con la resolución conjunta de la Procuración y la Defensoría General de la Nación, el 11 de julio pasado, y se presentó al día siguiente, con la firma de un convenio marco de ambas ramas del Ministerio Público y la Universidad Nacional de La Matanza. Brindará una formación diferencial, orientada a la gestión de los operadores del servicio de administración de justicia, y busca romper con la visión academicista.

“Por un lado la idea es brindar una capacitación de alta calidad y con actualización permanente, pero queremos que los especialistas tengan la concepción de que la Justicia es un servicio para la sociedad, donde los agentes judiciales entiendan que tienen un rol social”, explicó Diego Duquelsky, el flamante secretario académico de la Escuela, en diálogo con Infojus Noticias.

A través del cambio del paradigma de la formación de los operadores judiciales, se tiene como objetivo “detectar y desterrar formas de violencia institucional arraigadas en la práctica de la administración de justicia”. El modelo de magistrado, defensor o fiscal al que se aspira es el de profesionales conscientes del rol social que desempeñan, dispuestos a afrontar los nuevos desafíos que suponen las demandas permanentes de la sociedad.

La carrera de posgrado –al igual que toda la oferta que la institución vaya incorporando de aquí a fin de año- será gratuita, porque “muchos abogados de la matrícula, o funcionarios que ya pertenecen a la esfera judicial, no tienen la capacidad de afrontar los altos costos que tienen los posgrados en universidades públicas y privadas”, y quedan en desventaja con los que sí tienen esas oportunidades al momento de aspirar a una magistratura.

Los postulantes para cursar la carrera deberán superar un proceso de selección luego de inscribirse, en el que se realizará una revisión de los currículums y una serie de entrevistas con los aspirantes para evaluar el conocimiento técnico y la vocación de participar de este nuevo paradigma de administración de justicia. El proceso de selección será realizado entre el 10 y el 20 de agosto, mientras se termina de acondicionar la sede de la UNLaM, en Moreno 1623, donde se dictarán las clases.

La inscripción se realiza desde el sitio web oficial de la Escuela y los cupos son limitados. La cursada de esta carrera constará de tres cuatrimestres, con un año de tronco común y una especialización posterior en cuatro posibles orientaciones: derecho público, penal, laboral y de seguridad social o civil y comercial. Tendrá modalidad presencial y una carga horaria de ocho horas semanales, los martes y jueves desde las 16hs.

“Realizaremos una evaluación permanente, y también un trabajo final integrador”, contó Duquelsky, y agregó que “desde la Secretaría Académica vamos a ofrecer un seguimiento personalizado, para acompañar a todos los alumnos y que su proceso de formación sea exitoso”. Además, advirtió que serán muy exigentes con el compromiso del alumnado, “porque la gente que quede seleccionada debe responder con esfuerzo a la voluntad del Estado de brindar una formación gratuita y de tanta calidad”.

Duquelsky dijo que “es una experiencia inédita” que las áreas de capacitación de la Procuración y la Defensoría se reúnan en un proyecto tan ambicioso, y aclaró que se buscará el equilibrio entre los alumnos de la Escuela, para que haya integrantes de los ministerios públicos, abogados de la matrícula y agentes del Poder Judicial. Para el próximo año se buscará firmar convenios con otras universidades del interior, y elaborar un mecanismo para replicar la especialización a nivel federal.

Uno de los aspectos más importantes que tienen en mente los realizadores de la institución es “brindar una capacitación técnica pero desde una perspectiva comprometida en términos ideológicos con una visión del derecho que sea menos formalista, menos burocrática y más crítica y cercana a las necesidades de la sociedad”. Duquelsky concluyó: “Queremos que se cuestione a las formas hegemónicas y tradicionales de formar a los operadores jurídicos. Queremos operadores jurídicos conscientes de su papel en la sociedad y de la consecuencia de sus actos, porque sólo así van a ser mejores agentes judiciales”.