Infojus Noticias

El ex ministro de economía de la Alianza asistió a la segunda audiencia del juicio en el que está imputado por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública y presenció la declaración de tres testigos. Al salir, le dijo a Infojus Noticias que “es un proceso totalmente normal, y viene muy bien”. Inmediatamente aclaró: “viene muy bien todo lo que es el procedimiento”, dando a entender que no tiene objeciones con la forma en que se viene desarrollando el juicio. No quiso tentar su suerte, y no se arriesgó a expresar sus expectativas.

La audiencia transcurrió en una pequeña sala en el primer piso de los tribunales de Comodoro Py. Los testigos declararon ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4, compuesto por los jueces Néstor Costabel, Enrique Pose y Patricia Mallo; y ante la fiscal del juicio, Fabiana León. La audiencia estaba programada para las 9.30, pero se retrasó 45 minutos. A espaldas del tribunal, en la pared del fondo, colgaba una pequeña cruz cristiana.

El primero de los tres testigos fue Osvaldo Alfredo Colazo, un economista que trabaja en el Ministerio desde 1993. En 2001 trabajaba con el equipo de Coordinación de Financiación Externa, encabezada por Susana Casillas y dentro de la estructura jerárquica de la Oficina Nacional de Crédito Público que dirigía Carlos Federico Molina. Colazo declaró ante la mirada atenta y silenciosa de Cavallo, que lo miraba desde la primera fila, sentado junto a su abogado Eduardo Oderigo.

Una operación vertiginosa

“No se habían terminado de definir las condiciones del canje cuando salió el comunicado de prensa de Presidencia con la información y los bancos seleccionados”, afirmó Colazo. Relató que un viernes su equipo se había quedado trabajando hasta tarde en la redacción del decreto y las resoluciones correspondientes a la instrumentación del Megacanje. Al día siguiente se difundió el comunicado que daba por realizada la operatoria, aunque la US Securities and Exchange Commission (SEC, una suerte de Comisión de Valores de Estados Unidos) aún no había aprobado la transacción.

El trámite ante la oficina estadounidense era necesario para poder vender los bonos argentinos en el mercado minorista de ese país, donde se pensaba ubicar la mayor parte de los bonos emitidos a partir de la renegociación. Colazo destacó que esto no era habitual, porque la SEC podría llegar a objetar la operación si se anunciaba algo que aún no estaba en pie. Afirmó que esa oficina “es muy estricta” y por eso llegó a pedir que se excluyera del Megacanje al Deutsche Bank y al Banco Galicia.

Ambos bancos distribuyeron documentación que no había sido autorizada oficialmente por la Comisión, algo que está prohibido taxativamente por la reglamentación de los mercados de Estados Unidos. Daniel Marx, entonces secretario de Finanzas, realizó una calurosa defensa del Banco Galicia en una reunión en el Ministerio de Economía, a pesar de las recomendaciones de los abogados de la Procuración del Tesoro, que le pedían que cumpliera con las disposiciones de la SEC para no poner en peligro la operación.

Testimonios hasta fin de agosto

Esta mañana también declaró Enrique José Olivera, entonces presidente del Banco Nación. Olivera avisó que recibió la citación el viernes, y que no había tenido tiempo para repasar documentación que le permitiera recordar mayores detalles. Explicó que su única intervención en el Megacanje fue mediante una oferta que realizó el Banco Nación durante la operatoria, pero no pudo brindar mayores detalles. El ex funcionario tiene 74 años y venía desde el hospital, después de haberse sometido a una sesión de quimioterapia.

Además declaró Luis Felipe Franzosi, otro economista de la cartera que realizaba tareas operativas en la Oficina de Crédito Público, y que no recordaba detalles significativos. La mayoría de los testigos que componen la lista de la fiscal trabajaban en esa oficina cuando se realizó el Megacanje. Por allí pasó el grueso del trabajo técnico de la enorme operatoria. Su cabeza, Molina, había estado imputado pero luego fue sobreseído por prescripción de la acción penal. Actualmente su situación procesal depende de la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

Germán Moldes, fiscal general ante esa instancia, apeló los sobreseimientos por prescripción del ex director nacional de Crédito Público, el ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos, David Mulford; el ex asesor del Ministerio, Horacio Liendo; y el ex secretario de Política Económica y actual diputado del PRO Federico Sturzenegger.

Antes de la feria judicial de invierno, habrá otra audiencia de testigos aportados por la fiscalía. En agosto se reanudará el juicio con los últimos testigos de la fiscal Fabiana León, que espera poder contar con la declaración Ricardo López Murphy sobre cómo fue su partida del Ministerio, previo al arribo de Cavallo.