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El juez porteño Pablo Mántaras dispuso que se le aplique una multa diaria al ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Esteban Bullrich, si dentro de diez días continúa incumpliendo la orden de brindar información detallada sobre la situación de las vacantes para el nivel inicial y las aulas modulares. Fue a pedido de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y de la agrupación de Familias por la Escuela Pública.

El conflicto se profundizó en diciembre del año pasado con el anuncio de la inscripción online por parte del Gobierno porteño y se agudizó con el comienzo del año lectivo, cuando se pusieron en evidencia las falencias del mecanismo virtual. Aunque la gestión de Mauricio Macri intentó subsanar el problema con un puñado de aulas container o “modulares”, el problema se remonta a fines de la década del ’90 y atraviesa hoy el punto de mayor gravedad.

ACIJ presentó la acción de amparo ante la justicia en 2006, y exigió al GCBA que remediara la falta de vacantes para chicos y chicas de 45 días a 5 años (nivel inicial). Se amparó en el artículo 24 de la Constitución de la ciudad, en donde el Gobierno porteño “asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida”. Para ese entonces, más de seis mil chicos habían quedado fuera del sistema educativo.

Con el correr de los años, el déficit de vacantes se fue acumulando. Osciló en los cuatro y los seis mil chicos sin aulas, pero en marzo de 2013 trepó a los 6800 y para comienzos de este año ya era de casi 9700. La Justicia le dio la razón a ACIJ en 2007, y la gestión de Mauricio Macri la apeló. Al año, fue confirmada en segunda instancia. La asociación demostró los altos niveles de subejecución del presupuesto destinado a infraestructura escolar, que superó el cincuenta por ciento en 2010.

El conflicto llegó al Tribunal Superior de Justicia en 2011, y el máximo tribunal porteño convocó a las partes a iniciar un diálogo para encontrar solución al problema de vacantes. El Gobierno se comprometió a realizar 24 obras de infraestructura escolar, que debían cumplirse casi todas ese mismo año, y tan sólo tres en 2012. Al día de hoy, todavía quedan diez obras pendientes. El plan de obras adicional para resolver definitivamente el problema de vacantes jamás fue presentado.

Durante los últimos dos años, el trámite judicial tuvo pocas novedades, hasta que ACIJ requirió los informes detallados sobre la situación de las vacantes en la ciudad. Roberto Amette, coordinador del área de Igualdad Educativa en ACIJ, dijo a Infojus Noticias que “el Gobierno presentó informes incompletos, escuetos, poco claros, y solicitamos que remitiera la información completa”. El juez Mántaras validó el pedido, y ante el incumplimiento del Gobierno porteño, decidió imponer la multa diaria al ministro.

Si en diez días el Ministerio no remite la información completa, “para conocer en qué situación están las aulas modulares, las vacantes y para que se informe por qué incumplieron el acuerdo”, Bullrich tendrá que pagar una multa diaria de cien pesos de su bolsillo. Además, el juez ordenó que se realicen peritajes sobre las aulas container, lo que permitirá analizar si realmente pueden albergar alumnos en condiciones dignas y sin violar la reglamentación vigente.