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El ministro del Interior de Uruguay, Eduardo Bonomi, defendió la reforma del Código de Proceso Penal en su país y la comparó con el caso argentino, criticó la “demagogia punitiva” y que reivindican algunos sectores de la sociedad. “Nosotros también estamos aprobando un nuevo Código de Proceso Penal que nos moderniza en cuanto a la aplicación de la justicia. En Uruguay, el porcentaje más alto de personas privadas de su libertad es gente que está procesada y no penada y demora años la pena. Y eso no se ajusta a las buenas prácticas”, aseguró Bonomi y cuestionó la campaña por  la baja en la edad de imputabilidad.

“La persona muchas veces está expectante de lo que pueda pasar con su situación y genera mayores situaciones de tensión. Está comprobado que las personas que están penadas, y no solamente procesadas, tienen una vía distinta, encarnan de forma diferente la privación de su libertad. Entonces, la aprobación de un Código de Proceso que agilice es algo importante. Es necesario debatir si es adecuada o no la administración de la justicia”, explicó Bonomi durante la XLI Reunión de Ministros de Justicia y la XXXV Reunión de Ministros del Interior y Seguridad del Mercosur y estados asociados, que se realizó en Buenos Aires.

Sobre esa base, Bonomi consideró que se genera una situación “inadmisible” y apoyó en esa realidad la necesidad de que avance en su país la reforma, que ya cuenta con sanción del Senado y falta ser aprobada por la Cámara de Diputados.  Una situación similar se produce en la Argentina: de cada cien procesados sólo treinta reciben condena, como recordó recientemente el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez.

Acompañado del ministro de Educación y Cultura de Uruguay, Ricardo Ehrlich, Bonomi aprovechó la reunión con sus pares del Mercosur para hacer un llamado al respeto de los derechos humanos a la hora de planificar las políticas de seguridad. “Esas políticas deben integrar a los ministerios de Seguridad (de los países del bloque) con aquellos ministerios encargados de la seguridad social”, consideró.

Bonomi sostuvo también que la seguridad ciudadana, como problemática que afecta a todos los países de la región, requiere aplicar una “mano dura legislativa” para que las garantías personales no se vean vulneradas ante el accionar policial o penitenciario. “No se pueden disociar los derechos humanos de las tareas prácticas cuando uno realiza una función. De lo que se trata es de respetar los derechos humanos. No es algo aparte. Las cárceles son el mejor ejemplo. No se trata de comunicar el tema de los derechos humanos, sino del cumplimiento de la función. Si uno disocia  las dos cosas, se contenta con que está capacitando en esta cuestión. Pero si la función se cumple al margen del respeto de los derechos humanos, entonces no se están respetando”, apuntó.

“¿Cómo se va a detener a una persona si el policía conoce los derechos humanos pero innecesariamente le pega la cabeza contra el piso? Conoce los derechos humanos pero no los respeta. Esto no sólo en las políticas de seguridad, sino en todos los órdenes de la vida. Hay que buscar aparte del conocimiento general de los derechos humanos cómo se aplica en el cumplimiento de todas las tareas que hay que llevar adelante”, prosiguió Bonomi, quien pidió a sus pares del Mercosur “adecuar la policía a las nuevas realidades”.

Por último, el ministro se refirió al hacinamiento en las cárceles y a la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación. Sobre este punto, se mostró contrario a la campaña orquestada por los candidatos presidenciales del Partido Colorado y del Partido Nacional (Blanco) en los últimos comicios, en los que intentaron movilizar al electorado a favor de una reforma constitucional para bajar la edad de imputabilidad de los 18 a los 16 años.

“En Uruguay, toda la campaña estuvo teñida  por la cuestión de la seguridad. Uno de los aspectos discutidos fue la propuesta de bajar la edad de imputabilidad a los 16 años. Eso quiere decir que a los menores de 16 años en adelante se los trate igual que a los mayores. En Uruguay, la responsabilidad penal de los menores es a partir de los 13 años (y hasta los 18). En ese tramo etario, el tratamiento tiene que ser diferente: los menores tienen que ser considerados como lo que son, menores”, explicó.

El gobierno de José Mujica se opuso al plebiscito convocado por la oposición y la relatora sobre derechos de la niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rosa María Ortiz, advirtió sobre el retroceso que significaría un plebiscito para resolver sobre la baja de la edad de imputabilidad penal. “Lo que se llamaba la baja de la edad de imputabilidad era que a partir de los 16 años se los trate como mayores y se les apliquen las penas de mayores por jueces de mayores. Para nosotros eso era absolutamente inadecuado. Se trata de encarar con mucha fuerza la rehabilitación entre los 13 y los 18 años y eso requiere adecuar las instalaciones para la internación de menores y fortalecer la política de rehabilitación mediante el trabajo y el estudio. Pero no tratarlos -subrayó enfáticamente Bonomi- como mayores a partir de los 16 años”.