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En la apertura de la tercera jornada del II Congreso Latinoamericano de Derecho Penal y Criminología, los organizadores tuvieron que subir el volumen de los micrófonos: así, la tormenta contra los tinglados del Patio de las Américas de la Universidad de La Matanza no fue una molestia sino un ruido de fondo. A la par del panel integrado por Julio Maier, Luis Arroyo Zapatero, de España, y Gonzalo Fernández, de Uruguay.

"La base para una criminología internacional respetable es asumir que la globalización es inevitable, pero es necesario que a la par se globalicen los derechos humanos" dijo Arrojo Zapatero, jurista especializado en derecho penal internacional y rector de la Universidad de Castilla y la Mancha.

El título de la mesa era "Problemas futuros de la internacionalización del Derecho Penal", y el jurista español se refirió sobre todo a los problemas internacionales de violencia. "Las prisiones de Latinoamérica son propias del infierno de Dante, son un genocidio", y después de saludar al Raúl Zaffaroni (ubicado en la primera fila) dijo que compartía dos sueños con él: "Su pasión para apoyar a América y la batalla para sacar al campo la actividad académica".

“El derecho penal global se parece más a la opresión de la minoría poderosa y rica”, sentenció el abogado argentino Julio Mayer que criticó los fundamentos y el funcionamiento de la  Corte Internacional de La Haya. “Es un tribunal creado por naciones pobres y subdesarrolladas para extender la hegemonía de la cultura de las naciones más poderosas que no adhieren al tratado y escapan a su competencia”, definió.

El especialista en Derecho Penal consideró que “no existe un estado global o planetario porque reina una desigualdad universal cada vez mayor”. Mencionó el creciente aumento de la brecha entre “ricos y pobres” y se sentenció que “no son posibles la libertad y la fraternidad sin una aproximación a la igualdad de oportunidades”.

Maier destacó la principal tensión entre el derecho penal “común” y el global: “Un derecho penal internacional implica restricción o limitación de la soberanía estatal”, explicó. Además, destacó la complejidad de no atender al criterio de “territorialidad” con el que, históricamente, se comprendió el derecho penal. Si bien, sostuvo la existencia de “bienes jurídicos a proteger en la comunidad internacional”, destacó la dificultad de que haya individuos que sean juzgados “fuera de su cultura, en un idioma extraño y lejos de su círculo familiar”.

“La defensa propia se dificulta sobremanera casi hasta el límite de hacer desaparecer las garantías”, sentenció. Dijo no oponerse a la creación de una Corte Penal Internacional pero propuso que el mecanismo de selección de jueces sea democrático, que los integrantes no sean permanentes sino honorarios y que provengan de los países participantes para expandir los idiomas y las culturas que lo conformen. Por último, sugirió que la sede sea en “un país que no represente a la minoría rica del planeta”.

Para cerrar Gonzalo Fernández dijo que "para entender las vías del futuro hay que hacer una mirada retrospectiva del pasado" y repasó una serie de ejemplos frente a la Corte Internacional de Derecho Penal: "Hasta ahora, funcionó de modo unidireccional, el juicio de los vencedores sobre los vencidos. Hay que evaluar sus funciones, porque muchas veces funciona selectivamente: por ejemplo, se juzga sistemáticamente a una franja de África.

Debemos estar aletas frente a un nuevo paradigma cultural que amenaza con impactar nuestro derecho: es el paradigma de la emergencia y de la lucha contra la construcción de un enemigo. Nuestro gran problema es el poder punitivo", concluyó.