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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ofreció una recompensa de 1 millón de pesos a quien aporte datos que permitan dar con el paradero de Iván Eladio Torres, el joven desaparecido en Chubut por la policía provincial, en 2003.  En 2013, el organismo había dispuesto de 200 mil pesos para quien suministrara información útil del joven y a principios del año pasado, el Estado nacional indemnizó a su familia cumpliendo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, en 2011, instó a seguir buscando al joven.   

La última vez que Iván Torres fue visto con vida fue en las primeras horas del 3 de octubre de 2003, en Comodoro Rivadavia. Desde entonces, Iván no aparece. La policía provincial lo venía hostigando. Como se resistía a las presiones, le armaron un prontuario. Días antes de la desaparición, Iván ya había sido detenido, golpeado y amenazado. Su madre, María Millacura Llaipen, dijo que policías de la seccional primera incluso habían realizado un simulacro de fusilamiento a la veda de la ruta.  

En la noche de la desaparición,  Iván y otros dos amigos se encontraron en la puerta de un local llamado “Plaza Bitto”. Un móvil policial pasó despacio por la puerta del lugar. Dos de los amigos, entraron pero Iván se quedó afuera. Cuando salieron, el joven ya no estaba.

Al día siguiente,  la madre fue a denunciar la desaparición de su hijo. Los policías no le tomaron la denuncia. Lo volvió a intentar el 6 y el 8 del mismo mes pero no fue hasta el 14 de octubre, luego de que su desaparición saliera en los diarios provinciales, cuando la seccional primera de Comodoro Rivadavia le aceptó la denuncia.

“A nosotros siempre nos decían ‘a tu amigo lo vamos a dar vuelta’, siempre la gente de la Primera. No nos dejaban andar por el centro”, contó un testigo, amigo de Iván, en el expediente. El libro de guardia de la comisaría donde fue detenido Iván recién fue secuestrado por la justicia 25 días después de la desaparición.

En el camino del expediente judicial quedaron jueces y fiscales destituidos, y varios interrogantes. Entre ellos, la muerte de un testigo, David Hayes: “Yo vi cuando a Iván le pegaban desde una ventana que está en un baño; le pegaban varios policías”, dijo Hayes.

“Yo puedo identificar a los policías que estuvieron esa noche y puedo señalar el lugar a donde Iván cayó desmayado y lo agarraron y lo sacaron a la rastra, hasta una escalera que da a la unidad regional y otro policía limpiaba la escalera de la unidad regional”, decía la carta escrita por él.

Ese día, Hayes se encontraba preso en la comisaría y vio todo. Sin embargo, murió en un confuso episodio a sólo una semana de mandarle la carta a la madre de Iván, cuando dos presos lo mataron en la alcaldía local. Otro testigo, Miguel Ángel Sánchez, también declaró haber visto al joven pero Iván nunca apareció.

En marzo del año pasado, el Estado nacional resolvió pagar una  indemnización de 182.043,02 dólares  a la familia de Torres y lo hizo a través del decreto 2343/2014, publicado en el Boletín Oficial y firmado por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner; el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; y los ministros de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman; de Economía,  Axel Kicillof y de Justicia y Derechos Humanos, Julio C. Alak.

GA/LL