Infojus Noticias

En los despachos y pasillos de Comodoro Py, la muerte del fiscal Alberto Nisman fue el tema obligado de todos los que ayer volvieron de la feria judicial. También fue tema de conversación entre los letrados del sexto juicio contra la exfuncionaria María Julia Alsogaray. Es porque el estudio que representa a otro de los imputados, Enrique Kaplan, tiene como socio principal a Maximiliano Rusconi, abogado de Diego Lagomarsino, único imputado en la causa de la muerte del fiscal. Hasta diciembre, Rusconi llevaba adelante la defensa de Kaplan, pero en los últimos días le dejó el caso  a socia, Mariana Barbita, que también lo venía siguiendo. Desde el mediodía, María Julia escucha el sexto alegato en su contra de la Oficina Anticorrupción (OA). La imputa por una serie de irregularidades durante su gestión de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano entre 1995 y 1998. El Tribunal Oral Federal 6 la juzga -junto a otros dos detenidos- por “defraudación por administración fraudulenta” en dos millones de pesos/dólares utilizados en supuestas refacciones al edificio de la institución.

Una de las últimas personas en llegar a la sala de audiencia de la planta baja de Comodoro Py fue María Julia, que entró acompañada por su defensora oficial, Pamela Bisserier. Además de Alsogaray y Kaplan, quien era en ese entonces la mano derecha de la funcionaria, también está acusado el ingeniero Santiago Bignoli y hasta un día antes de comenzar el juicio, su padre Arturo Bignoli, de la misma profesión, pero fue apartado por el tribunal cuestiones de salud.

Ante el TOF, la OA explicó que la serie de irregularidades sirvieron para “tejer un entramado de maniobras” que permitieron beneficios de lucro. El letrado Patricio O`Reilly acusó a María Julia de contratar irregularmente a Santiago y Arturo Bignoli, “a quienes conocía de antes” y que “fueron la génesis de otras contrataciones de las mismas características. 

Otro de los puntos principales del alegato es la creación de un fideicomiso en el Banco Ciudad fue el mecanismo que se utilizó para financiar las obras de la calle San Martín al 400. Según la querella, esta maniobra permitió los “fondos sin control”.

“Quisieron dar aparente legalidad”

Los jueces Julio Panelo, María Inés del Carmen Roqueta y José Martínez Sobrino escucharon en absoluto silencio a los abogados de la OA, que leyeron dictámenes firmados por María Julia, que según ellos sirvieron de aval para las contrataciones. También se refirieron al testimonio del arquitecto Enrique Polli, que se refirió al estado de las obras.

En la segunda parte del alegato, el abogado Matías Rey se abocó a las contrataciones que se hicieron durante la gestión de Alsogaray. "Los montos de las obras, que se hicieron en forma fraccionada, fueron menores a los cien mil pesos, justamente para evitar ir al concurso público", acusó. A través de una presentación en power point, la OA exhibió los números de las contrataciones de profesionales y de empresas constructoras, siempre sugeridas por el imputado Santiago Bignoli. 

El jueves será el turno de la fiscalía a cargo de Sabrina Namer y la semana próxima alegarán las defensas.

La creación de una secretaría menemista

El entonces presidente Carlos Menem fue quien convocó a María Julia para dirigir la Secretaría de Recursos Naturales. Ante los jueces, la ex funcionaria explicó que para formar su equipo “fueron chimangueando personal de otros ministerios”, y recordó una anécdota con el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo. Él le reprochó porque “le estaba quitando estructura”. Por esta coyuntura, María Julia dijo que le costó conseguir edificio, hasta que apareció el de la calle San Martín, que años atrás había sido de la Junta de Carnes, creada por el gobierno de Juan Perón.

“Era inhabilitable, los baños no funcionaban, un nido de ratas. En los dos primeros meses de gestión me la pasé escuchando quejas del personal”, recordó María Julia. Según su relato, durante el primer año no tuvo presupuesto y las partidas eran precarias porque “el plano ambiental era difuso en aquellos años”. 

La OA sostiene que María Julia y los Bignoli realizaron una serie de contrataciones irregulares en el edificio de la ex Secretaría de Recursos Naturales. Las refacciones del edificio ubicado en la calle San Martín al 400 datan del año 95 al 98. Desde el tribunal informaron que uno de los hechos que se investigan es un supuesto giro de dinero que se desvió del Ministerio de Economía y se colocó en un fideicomiso del Banco Ciudad.

“Los contratos eran menores a cien mil pesos, porque si superaba ese monto había que hacer licitación”, había informado al comienzo del juicio fuentes de la Fiscalía. La acusación dice que las maniobras se hicieron con el aval de María Julia. Hay elementos que prueban que Kaplan firmó algunas de esas contrataciones y la suscripción con el Banco Ciudad.

La funcionaria recibió también un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que usó para remodelar el edificio. “Decidí invertir en lugar de alquilar oficinas. Lo que había sido un nido de ratas se convirtió en un lugar donde firmé tratados con Mijaíl Gorbachov”, dijo en el juicio. También señaló: “Creo que los funcionarios y organismos de control hicieron su trabajo de forma correcta. Cuando apareció esta denuncia, hace 14 años, dije lo mismo que hoy: creo que tomé la decisión correcta y no hubo daño”.

Cinco juicios, tres condenas

La primera condena de la ingeniera fue en 2004 por enriquecimiento ilícito. Estuvo detenida 638 días y la Justicia remató su petit hotel de Recoleta. Con esa operación se restituyó al Estado la suma de 3,2 millones de pesos.

En abril del 2013, fue condenada por segunda vez. Esta vez a cuatro años de prisión por actos de corrupción en contratos que firmó como secretaria de Recursos Naturales con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En el tercer juicio, también en 2013, fue absuelta por prescripción de la acción penal. La acusaban por defraudación en el plan de manejo del fuego cuando fue secretaria de Medio Ambiente.

En abril de 2014, la condenaron a cuatro años de prisión por administración fraudulenta. En este caso por la firma de contratos de fin de obra durante la misma privatización de la ex Entel.

En el quinto juicio, María Julia fue absuelta en la acusación por la transferencia irregular de 241 hectáreas en 1990. El terreno le pertenecía a la telefónica estatal ENTel –de la que ella era interventora– en la localidad bonaerense de Pacheco y fueron cedidos a privados. Por el caso fue condenado el ex gerente de la telefónica, Ricardo Fox.

A pesar de las tres condenas, María Julia permanece en libertad porque todas las sentencias fueron apeladas y aún no fueron confirmadas.