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El 20 de diciembre del 2001 el abogado Virgilio Loiácono llegó a Casa de Gobierno a las 9.40 para ocuparse de sus tareas como secretario legal y técnico de la Presidencia. Durante once horas estuvo a cargo de las piezas legales que dieron marco a la represión. Se retiró de su puesto a las 20.53, después de que Fernando de la Rúa se subiera al helicóptero que lo alejó de la presidencia. Esta mañana, en el juicio por estos hechos, el fiscal Mauricio Viera cuestionó el doble rol de Loiácono en el debate: como testigo fundamental y como defensor del exjefe de la Policía Federal, Rubén Santos, que ordenó el operativo que dejó muertos y cientos de heridos.

Ésta es la tercera audiencia que se realiza en el salón SUM de la planta baja de los tribunales federales de Comodoro Py. Allí el fiscal llamó la atención sobre el ex secretario legal y técnico de De la Rúa y pidió a los jueces del Tribunal Oral Federal N°6 que lo apartaran de la defensa de Santos. "Loiácono es la misma persona que fue propuesta como testigo por esta fiscalía, por las querellas y algunas de las defensas", dijo Viera. Y agregó que "la ley (ante la colisión de intereses) privilegia el derecho a conocer la verdad". El fiscal, además, advirtió que el derecho de defensa de Santos no se verá afectado porque el 13 de diciembre de 2013, cuando Loiácono empezó a representar al ex federal en esta causa, su cargo fue aceptado junto al del abogado Adolfo Vázquez, que podría continuar en la función.

Durante las primeras audiencias del debate oral que preside el juez José Martínez Sobrino, el rol de Loiácono durante las trágicas jornadas de 2001 sobrevoló la sala. Cada vez que los secretarios del Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) introdujeron los cargos para cada uno de los 17 imputados, marcaban que la cacería comenzó cerca de las 11 de la noche del miércoles 19 de diciembre cuando De la Rúa anunció el estado de sitio por televisión. Esta mañana, a su turno, el ex secretario legal y técnico negó haber sido quien redactó ese decreto y otro también con la firma de De la Rúa que puso a 29 personas detenidas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Hubo otros dos listas de detenidos que no llegaron a sacar.

“Quiero destacar que este planteo me pone orgulloso”, dijo Loiácono, sentando en primera fila junto a su defendido. Elevó la voz y dijo que el pedido del fiscal –al que también se sumó la querella del CELS– lo hizo “adquirir conciencia de lo molesto e inquisitivo de sus defensas”. Después afirmó que entre el 19 y 20 de diciembre su tarea relativa a los decretos apenas “pudo haber sido llevarlos a la firma del señor presidente de la Nación”. Por las funciones atribuidas a su cargo, a Loiácono le correspondía controlar “el ajuste a las normas constitucionales” de los actos administrativos que “se sometan a consideración del Primer Magistrado”. Es decir: sí tenía más responsabilidades que llevar y traer papeles.

En un tono afable pero firme a los autoelogios, justificó su rol: “Durante todo ese día permanecí en la sede de mi despacho en Balcarce 50”. Y se desestimó como testigo. Y explicó por qué: dijo que para él los hechos que se investigan ocurrieron “en la vía pública, dentro de la Central de policía y en la Dirección de Seguridad Metropolitana”.

El punto lo deja frente a los argumentos que esgrimió el abogado Rodrigo Borda, representante de la querella del CELS: dijo que es “evidente el conflicto de intereses entre el abogado y su defendido”. Primero porque Loiácono tuvo a su cargo la confección de la normativa (represiva) que “tuvo que implementar o ejecutar Rubén Santos".

Y después porque el abogado también estuvo imputado en la causa, aunque finalmente fue sobreseído. Antes también se ocupó de la defensa de De la Rúa, durante la investigación. El argumento que esgrimió entonces el ex presidente fue que "la policía se equivocó". Es claro, según Borda, que ahora Loiácono no puede defender a la misma policía que criticó previamente.

Concluidos los planteos de las partes, ahora la continuidad o no de Loiácono en este juicio depende de la decisión de los jueces José Martínez Sobrino (presidente), Javier Anzoátegui, Rodrigo Giménez Uriburu y Adrián Martín (juez sustituto). Pero en su argumentación el abogado prefirió que el cargo lo tuviera el propio Santos: “El mejor juez es el mismo imputado que ha optado por contratar mis servicios”, afirmó. Sin embargo, las reglas indican que no será el acusado quien defina si Loiácono continuará en el debate como su defensor. Santos está acusado de impartir las órdenes que derivaron en los homicidios de Gustavo Benedetto, Marcelo Riva, Diego Lamagna, Carlos Almirón y Alberto Márquez en las inmediaciones de Plaza de Mayo.

¿De la Rúa testigo?

Además de este punto, en la audiencia que continuará el próximo miércoles los jueces deberán dar respuestas a otros pedidos presentados por querellas y defensores. “Nos merecemos mucha más claridad”, dijo Borda. Y pidió que se solicite a la fiscalía federal N° 5 (que instruyó la causa) cuál es la situación procesal de por lo menos una veintena de ex policías que, siendo investigados por estos hechos, ahora aparecen pedidos como testigos.

Borda también requirió que se incorporen los legajos policiales de Santos, el ex comisario Raúl Andreotti, entonces superintendente de Seguridad Metropolitana y el ex director general de Operaciones Norberto Gaudiero, que estuvieron al frente de la represión que ejecutaron sus subordinados. El defensor de Gaudiero se opuso, “de esa misma manera los imputados podrán pedir los antecedentes militantes de las víctimas” afirmó y dijo que eso lo remitía a una época oscura (en alusión a los crímenes cometidos desde el Estado durante la última dictadura militar).

Entre estos y otros planteos, como la ausencia desde el inicio de este juicio del abogado que representa a la familia de Gustavo Benedetto asesinado frente a la sede del banco HSBC, se desenvolvió la audiencia. Y cerca del mediodía, se sumaron los pedidos de la defensa del ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov, el único funcionario político que comparte el banquillo de los acusados con 16 ex policías federales (con los que prácticamente no tiene trato en la sala). Con una escueta argumentación, el abogado insistió en llamar a De la Rúa como testigo. Desde la computadora de su defendido leyó los fundamentos y dijo que el sobreseimiento del ex mandatario durante la instrucción de esta causa (lo que lo desvincula de los hechos juzgados) es “operativo”. Los querellantes sostienen que la situación de De la Rúa aún no está resuelta y puede volver a ser imputado por estos hechos si la Corte Suprema de Justicia así lo habilita.

Por ahora, De la Rúa continúa siendo el gran ausente entre los que deberán responder por la masacre del 19 y 20 de diciembre de 2001. “Hubiese querido que también esté de la Rúa”, dijo a Infojus Noticias Karina Lamagna, la hermana de uno de las víctimas. Pero ella espera verlo como imputado porque “es el autor intelectual de estas muertes”, agregó al inicio de este debate. Diego Lamagna tenía 26 años cuando una bala policial le alcanzó el pecho. Le dispararon en las inmediaciones de la Avenida de Mayo, cuando habían pasado 17 horas desde que De la Rúa dispuso el estado de sitio y el pueblo salió a la calle. Casi a las cinco de la tarde de ese jueves 20 los médicos del hospital Argerich confirmaron su defunción. Afuera seguía tronando la consigna “que se vayan todos”. Dos horas después, De la Rúa se subió al helicóptero. “Pasaron casi 13 años y seguimos buscando justicia”, dijo Karina y expresó que confía en el resultado de este proceso.