Piden investigar a Shell y a banqueros por corrida cambiaria de enero
Los fiscales Guerberoff y Gonella imputaron a los directivos de la petrolera y de los bancos de Galicia, HSBC, Citibank, BBVA Francés, BNP Paribás, JP Morgan y de Córdoba por contra el orden económico al actuar en conjunto para generar una drástica suba del dólar el 23 de enero pasado.
Mariano Armagno
El fiscal en lo Penal Económico Emilio Guerberoff y su colega a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, requirieron la investigación de los directivos locales de media docena de bancos privados y de una empresa petrolera por presuntas maniobras delictivas, indicaron esta mañana fuentes de Fiscales.gob a través de un comunicado en su portal. Los fiscales reclaman que se investigue a los funcionarios de los bancos de Galicia, HSBC, Citibank, BBVA Banco Francés, BNP Paribas y JP MORGAN Chase Bank, del Banco de la Provincia de Córdoba y de la petrolera Shell, a quienes imputan haber actuado en "coalición" el 23 de enero para hacer "operaciones especulativas en los mercados de cambios de divisas, generando un alza de la cotización del dólar con el propósito de provocar la devaluación del tipo de cambio".
El escrito citado por la agencia Télam "pone de relieve entre otros aspectos los extraordinarios beneficios económicos que les reportaron esas maniobras al conjunto del sistema financiero y en particular a los bancos denunciados: casi 10 mil millones de pesos en el primer mes de este año frente a los 427 millones de enero de 2013".
El sitio "fiscales.gob.ar" revela en su portal de Internet que en la denuncia intervino el área de Fraude Económico y Bancario de la Procelac, que coordina Pedro Biscay, quien describió el comportamiento de esas entidades denunciadas como "colusivo, con el objeto de desestabilizar el orden económico", según se señaló. A los directivos bancarios y de Shell se les imputó el delito contra el orden financiero y económico previsto en el artículo 309 del Código Penal, que establece sanciones de prisión de uno a cuatro años o multa equivalente al monto de la operación e inhabilitación de hasta cinco años. Esas posibles penas se aplicarán a quien "realizare transacciones u operaciones que hicieren subir, mantener o bajar el precio de valores negociables u otros instrumentos financieros, valiéndose de noticias falsas, negociaciones fingidas o colocación entre los principales tenedores de la especie con el fin de producir la apariencia de mayor liquidez o de negociarla a un determinado precio".
La presentación de la Procelac, que recayó en el juzgado penal económico siete, a cargo de Juan Pedro Galván Greenway, citó diversos ejemplos "de las subas de precios que se dieron tras la devaluación y remarcó la importancia del juzgamiento de este tipo de conductas". Las maniobras, precisó la denuncia, tuvieron "un impacto directo sobre el sistema financiero y, por su intermedio, en la determinación de los precios del resto de la economía", dado el contexto de "no liquidación de la totalidad de la cosecha por parte del sector agropecuario y de fuga de capitales", dos situaciones que generaron "falta de ingreso de divisas al mercado"
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