Infojus Noticias

“Creemos que el uso de las pistolas Taser en manos de la Policía Metropolitana es muy peligroso”. La frase corresponde al defensor general adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, Luis Duacastella Arbizu, quien contó a Infojus Noticias que ya se presentó ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de queja para que se le impida al Gobierno de la Ciudad dotar a la Metropolitana de esas armas de electrochoque. En conferencia de prensa, diversos organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y sindicales anunciaron que se presentarán como “amigos de Tribunal” para robustecer el pedido impulsado por el Observatorio de Derechos Humanos y la Defensoría General de la Ciudad.

“La Metropolitana, lejos de ser una fuerza democrática, ya ha tenido siete casos de violencia institucional graves y sólo ocupa un quinto del territorio de la Ciudad”, explicó Duacastella y agregó: “Consideramos que la Corte debe tomar cartas y abrir este recurso. Por eso invitamos a todos los interesados en este tema para que se sumen como amigos del Tribunal”. Entre esas organizaciones están la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE – CTERA), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Agrupación HIJOS, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), APDH, Comunidad Homosexual Argentina (CHA), ATE, Abuelas de Plaza de Mayo, Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos (CODESEDH),  entre otras.

Armas de tortura

Carlos Pisoni, subsecretario de Promoción de Derechos Humanos de la Nación, fue quien en 2010, estando a cargo del Observatorio, impulsó el recurso de amparo apenas se hizo público el decreto que anunciaba la compra de este tipo de armamento. “Inicié esta causa por ser hijo de desaparecidos, por mis padres haber sido torturados y por entender que la tortura no tiene que ser legalizada en Argentina por medio de la compra de estas armas que consideramos armas de tortura”, dijo a Infojus Noticias.

Además de Pisoni y Duacastella, estuvieron presentes Demian Konfino, del Observatorio de Derechos Humanos; Ernesto Moreau, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Nair Amuedo, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Vanesa Siley, del Sindicato de Judiciales de CABA (SITRAJU).

Los argumentos que esgrimieron por entonces Pisoni y el Observatorio son los mismos que hoy siguen denunciando. Con una diferencia, la Justicia emitió dos fallos a favor del planteo realizado. Pero fue el Tribunal Superior de la Ciudad el que revirtió el dictamen y posibilitó al Gobierno de la Ciudad avanzar en la compra. “Las Taser son consideradas armas no letales, pero se ha demostrado –Amnistía Internacional sobre todo lo ha hecho– que son armas que producen la muerte, principalmente a personas que tienen problemas cardíacos, están bajo los efectos de alguna medicación o drogas. La policía no pregunta antes de tirar si la persona tiene algún problema de estos. Entonces, la Taser es considerada un arma no letal, pero es letal y a la vez es un elemento de tortura como lo ha dicho el Comité contra la Tortura de la ONU”, explicó Pisoni.

Duacastella agregó: “Consideramos que es muy grave la resolución del Tribunal Superior de Justicia, que es un retroceso en los derechos humanos de la Ciudad”. En este sentido, el representante de la Defensoría hizo hincapié en la “legislación muy progresista en esta materia” que tiene hoy CABA. “La Ley de Seguridad Pública contradice el uso de estos elementos”, dijo y remarcó: “Creemos que la resolución del Tribunal Superior que permite al Gobierno de la Ciudad continuar con la compra de estas armas y luego su utilización supeditándola simplemente a un protocolo sobre su uso, legitima un uso de algo que va a tener consecuencias imprevisibles”.

JC/AF